El tira y afloja tras la suspensión de los cobros a terceros en la factura de Air-e

El anuncio de suspender los denominados cobros a terceros en la factura de Air-e, que pagan algunos usuarios del Caribe, desató una álgida disputa de posiciones políticas y mediáticas.

Hace apenas una semana, Carlos Diago, el agente interventor designado por el Gobierno nacional, anunció que por orden del presidente Petro saldrían de la factura los cobros por alumbrado público, por tasa de seguridad y servicio de aseo que se les cobraban a los usuarios, especialmente en el departamento del Atlántico.

Con la nueva medida, el interventor espera que la factura reduzca su valor final en un 30 por ciento. Y esta era una de las principales peticiones que venían haciendo las distintas ligas y asociaciones de usuarios.

En el plano local del Atlántico, los primeros que saltaron a criticar la suspensión del cobro fueron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y su secretario jurídico, Rachid Náder, quien dijo que al retirar de la factura esos cobros se pondría en riesgo las finanzas de la Gobernación del Atlántico.

El funcionario señaló que gran parte de ese recaudo se destina a la seguridad del departamento para proyectos como el giro a los Cuerpos de Bomberos en los municipios, las Fuerzas Armadas, y la construcción y mantenimiento de los parques, las plazas y las casas refugios para prevenir la violencia contra las mujeres, entre otras obras.

Según el secretario, la suspensión del cobro los tomó “por sorpresa”, pues nunca fueron notificados, sino que se enteraron por las declaraciones en medios de comunicación.

“Actualmente, esta tasa se encuentra fundamentada en la ley y en ordenanzas departamentales las cuales determinan los tributos y establecen la posibilidad de que el ente territorial proceda a su cobro a través de la facturación de la energía eléctrica, por tanto, la decisión del Gobierno nacional no puede estar por encima de la ley”, agregó Náder. 

El secretario afirma que esa omisión del cobro generará repercusiones tremendas para el departamento y se perderá la financiación del alumbrado público y la seguridad quedará huérfana.

“Existen compromisos de vigencias por 1,9 billones de pesos que en el evento de no ser honrados por el departamento del Atlántico los exponen a cuantiosas sumas de dinero en litigio judiciales que serán desfavorables para el ente territorial lo cual pone en riesgo sus finanzas incluso su existencia misma”, añadió Náder.

Duras críticas

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, calificó como improvisada la decisión del Gobierno nacional y rechazó el anuncio, pues, en sus palabras, afectaría directamente a la ciudadanía en materia de seguridad y frenaría inversiones del sector privado.

El mandatario calificó de “improvisación” y de “poco inteligente” la medida, porque ataca un impuesto fundamental para la seguridad y "no reduce el costo de la energía en la práctica porque hoy el kilovatio hora en bolsa está en cerca de 1.500 pesos y quitar el cobro de los adicionales, solo es algo cosmético, no definitivo en lo que se paga en la factura".

¿Qué dicen los usuarios? 

Para los voceros de los usuarios en el Atlántico, los cobros a terceros se constituyeron como una forma fácil de recaudar impuestos y sobretasas a través de un engaño a los usuarios.

Y ese planteamiento tiene mucho de verdad, porque hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de los usuarios no sabían qué era lo que realmente se les cobraba. Fue a partir de la reciente crisis de energía que se vive por los altos costos que se empezaron a discutir todos los componentes de la factura, como el valor del kilovatio, la opción tarifaria y los mismos cobros a terceros.

“Hoy, la ciudadanía sabe que no solo paga energía, sino que las alcaldías, con el aval de concejales, cobran alumbrado público, incluso allí en donde no llega el servicio o es decadente, y que la Gobernación cobra una tasa de seguridad”, señaló Karol Solís, una de las líderes del Comité Atlántico, que agrupa a los usuarios del departamento.

Y razón tiene la ciudadanía para preguntarse sobre la pertinencia de esos cobros en la factura de energía, porque en municipios como Puerto Colombia, por ejemplo, los usuarios pagan hasta 12 por ciento en relación con la energía consumida en sector residencial, y un 15 por ciento en sector comercial; y en Barranquilla cobran por rangos de consumo al sector comercial, según le explicó Solís a CAMBIO.

Para la vocera del Comité, el cobro del alumbrado público debería desvincularse del consumo de energía y gestionarse de manera más sostenible o financiarse con el presupuesto municipal, como ocurre en Bogotá.

“¿Por qué un usuario tiene que ver amenazado algo tan vital como el suministro de energía, conexo a su derecho a la vida digna, por un impuesto de seguridad?, ¿eso qué sentido tiene?, ¿por qué en un solo edificio cada apartamento paga alumbrado público de hasta 84.000 pesos en Barranquilla cuando una luminaria LED puede pagar tan o más bajo a 7.000 pesos  en consumo de energía al mes?", pregunta Solís.

Otras voces

A la discusión se sumaron, hace unas horas, los contralores departamentales de la región Caribe, quienes calificaron de perjudicial la suspensión de los cobros.

Entre los puntos señalados por los contralores se destacan la desfinanciación del alumbrado público, lo que según su mensaje impactaría en la seguridad y el bienestar de los municipios; el impacto negativo en el turismo, por la percepción de inseguridad; y la generación de un traumatismo en el recaudo, con lo que se incrementaría la cartera del impuesto, dejando a los municipios sin un mecanismo eficaz de cobro.

Para los contralores también se causaría un impacto en las finanzas de Air-e, que dejaría de recibir el porcentaje por este concepto, lo que agravaría sus finanzas; detrimentos patrimoniales a los municipios; y, por último, el incumplimiento de leyes, como la Ley 1819 de 2016 en el caso del cobro del alumbrado público y la Ley 142 de 1994 en el caso del aseo.

Para Solís, sin embargo, resulta llamativo que los contralores, “que nunca se han preocupado por el manejo de los fondos de la tasa de seguridad o los ingresos de alumbrado público, hoy sí hayan salido rápidamente a sumarse a la lloratón que han armado el gobernador y alcaldes”.