Presidente de la JEP le responde al secretariado de las extintas Farc: "Es una estrategia política"
Crédito: (Colprensa - Mariano Vimos)
Los cinco excombatientes más relevantes del país pidieron un tribunal de cierre y cuestionaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, asegurando que se ha "desnaturalizado". En entrevista con CAMBIO, el presidente de la jurisdicción respondió a estos pronunciamientos. Además, se refirió a la llegada de Salvatore Mancuso al país y al firmante capturado, supuestamente, traficando cocaína.
Por: Pía Wohlgemuth N.
El secretariado de las extintas Farc ha venido lanzando duras críticas en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida tras las negociaciones entre el Gobierno y dicha guerrilla. Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez y Pastor Alape lanzaron las pullas más recientes en contra de la jurisdicción en una entrevista con Semana, en la que aseguraron que la JEP se está desnaturalizando y que no comparten sus decisiones. También, pidieron un tribunal de cierre y una ley de punto final, como la que se aplicó en Argentina después de la dictadura.
A propósito, el presidente de la jurisdicción, el magistrado Roberto Carlos Vidal habló con CAMBIO y manifestó su desacuerdo con las declaraciones de los firmantes. Además, aseguró que se trata de una movida política y defendió la gestión de la JEP.
CAMBIO: Rodrigo Londoño dice que la JEP no puede perder su naturaleza y su espíritu, y que esta se está desnaturalizando. ¿Qué opina de estas declaraciones?
ROBERTO CARLOS VIDAL: Se están mezclando dos discusiones que tienen órbitas distintas y que al mezclarlas generan mucha confusión. La primera es la del campo de la política, es donde las antiguas Farc establecieron sus negociaciones de paz con el Gobierno, ahí es donde ellos llegaron a acuerdos; en la política es donde firmaron los acuerdos de La Habana y todas sus condiciones. Ese mundo, y el otro mundo, que está conectado con aquel, pero que es esencialmente distinto, es el de la Jurisdicción Especial para la Paz que es una alta corte, que si bien fue creada en los acuerdos, deriva su competencia para ejercer la administración de justicia, ya no directamente de los acuerdos, sino de la Constitución Política.
Los acuerdos son llevados a la Constitución Política y allí se establece este tribunal con competencia para juzgar. Como todo tribunal en una democracia, nosotros no hacemos parte del mundo político. Nosotros no hacemos parte del Gobierno, ni nos sentamos con los que negociaron la paz, sino que somos un tribunal. Nosotros nos sometemos a la Constitución, la ley, las normas e interpretaciones que hace la Corte Constitucional con autoridad. Nosotros mismos tenemos nuestros órganos de cierre, tenemos un sistema normativo al que nos debemos. Funcionamos con una serie de procedimientos y las decisiones de la JEP se pueden controvertir, pero no en el mundo de la política ni en la prensa ni en los micrófonos, se controvierten en un proceso con abogados, con procedimientos.
Lo que están suscitando los miembros de Comunes y estos firmantes es sacar discusiones que tienen su curso normal y debido dentro del proceso de la jurisdicción y tratar de llevarnos al espacio de la política. Entonces eso no nos merece ninguna opinión. Ellos allá tienen todas las discusiones que quieran, pero nosotros no opinamos sobre ese mundo, que no tiene injerencia ni puede tenerla sobre las decisiones judiciales.
CAMBIO: ¿Por qué dice que es una discusión del mundo de la política? ¿Cuáles son las discusiones judiciales que no deberían mezclarse con la política?
R.C.V.: Las decisiones nuestras que ellos están llevando allá, son del estilo de que la jurisdicción establece quién es un máximo responsable, las personas que juzgamos y eso está establecido en la ley y la Constitución. Entonces, las Farc dicen “no, es que los máximos responsables deberíamos ser solo los siete miembros del secretariado”. Todas estas fueron discusiones políticas en La Habana. Es lo que sin duda ellos habrían querido que pasara, pero que no terminó así en los acuerdos, no quedó así en la Constitución, no quedó así en la ley y no quedó así en las sentencias de la Corte Constitucional a la que nosotros nos debemos. Por lo tanto, ellos quieren llevarnos a que públicamente discutamos eso y nosotros no lo podemos hacer, porque eso está fijado en las normas jurídicas.
Por otro lado, nos han dicho que quisieran unos términos de la amnistía como ellos se la imaginaron o se la imaginan todavía. Pues nosotros hemos respondido que casi el 80 por ciento de las amnistías están concedidas y que hay unas personas que siguen en proceso de amnistía, porque son casos jurídicamente muy complejos. Muchos que tienen no solo un proceso de amnistía sino que tienen implicaciones en muchos delitos. También hay un grupo de personas de las antiguas Farc que permanecen en la cárcel por razones jurídicas inmensamente complicadas, que tienen normalmente varios crímenes.
Entonces, no es el problema de que nosotros queramos o no que la gente salga de la cárcel, hemos sacado a cientos de personas de la cárcel durante la existencia de la jurisdicción, hemos concedido amnistías entre el Gobierno, los jueces y nosotros, casi al 80 por ciento de los comparecientes: 600 amnistías de las 1.000 que debemos estudiar, porque son casos difíciles. Ese tipo de cosas son las que tienen un ámbito judicial, que a las Farc les parece o no les parece, pero en ese debate nosotros no estamos.
CAMBIO: Entonces, ¿ellos están haciendo política con esto?
R.C.V: Por fortuna, yo creo y creemos en la jurisdicción, qué afortunado que los miembros de Comunes y los firmantes del Acuerdo estén haciendo política, sean tratados como sujetos políticos, entren en todos estos debates, ese era el objetivo del Acuerdo, que pudieran hacer esto sin las armas y lo están haciendo. Yo creo que lo aplaudimos, bienvenidos a que hagan política. El asunto es que esa política tiene su lugar: para eso están en el Congreso, para eso está la opinión pública, para eso está el acceso a los medios, qué maravilloso que lo tengan, pero cosa distinta es el espacio judicial.
CAMBIO: En ese sentido, ellos dicen que hay actuaciones de ustedes por fuera de su marco de acción, esta no es la primera vez que se dice algo así de la JEP.
R.C.V.: Yo creo que allí también hay informaciones incompletas o absolutamente erradas. No pretendemos que la JEP sea infalible o que no tenga ninguna posibilidad de error ni de equivocación, pero sí estamos claros en que nuestras decisiones están expresadas y tomadas en el marco del derecho y que las personas comparecientes que están sometidas a la jurisdicción, tienen la ocasión de controvertir nuestras decisiones.
El espacio de controversia está regulado en el proceso de la JEP y que ese es el lugar donde tienen que darse esas controversias, porque una autoridad judicial no es simplemente un argumentador dentro de una disputa política. Lo que caracteriza a un juez es que es esa persona que en una democracia tiene que tener la última palabra. Somos los que tenemos la última palabra. Bienvenidos los debates y nosotros tomamos la decisión con nuestro órgano de cierre, pero incluso si aún en nuestro órgano no fuera satisfactoria la respuesta, hay otro juez con la última palabra en el sistema que es la Corte Constitucional. Eso es un sistema judicial, pero es un sistema que tiene que resolver sus cuestiones adentro y no en el debate político, en el que nosotros no participamos como actor político.
CAMBIO: Ellos dicen que no tienen garantías jurídicas…
R.C.V.: No podemos estar de acuerdo de manera alguna sobre una afirmación de ese tipo, por muchas razones, pero menciono dos o tres. La primera de ellas: el grupo de abogados de las Farc es un grupo de abogados, en su inmensa mayoría, que hace parte de la JEP. La defensa judicial la provee la JEP con presupuesto público. O sea, las garantías de que ellos participen con defensa además que les dé toda la confianza está a cargo de la JEP. Segundo: nuestra Sección de Ausencia de Reconocimiento, desde hace tres años, viene dando órdenes al Gobierno. Ayer estuvieron en una audiencia en Pitalito, con todas las entidades de Gobierno y llevamos tres, cuatro años en eso, solicitándoles a todas las entidades de Gobierno que cumplan con el Acuerdo. Los que se han ocupado de que se garantice la seguridad y los derechos de los firmantes somos nosotros.
De hecho, la Corte Constitucional en un auto dice lo que en este momento hay en el estado de garantías los derechos de los firmantes, lo ha logrado en la JEP, porque ha hecho una vigilancia del tema. Esto no es indolencia ni simplemente cuestiones de que es que tenemos competencia legal, no, lo hemos hecho, tenemos conocimiento de causa. Nosotros hemos estado encima de la protección de los firmantes, porque creemos que además esa protección de sus derechos es clave. Entonces, la idea de que ellos no tengan garantías es perfectamente desinformada y no se compadece con la realidad y ahí sí, sentimos que hay un tratamiento muy injusto por parte de Comunes respecto de la actividad de la jurisdicción.
CAMBIO: ¿Por qué dicen los miembros del secretariado que no tienen garantías?
R.C.V: No puedo especular sobre sus razones, tendrías que preguntárselo a ellos, pero lo que sentimos es que hay una contradicción fuerte entre estas declaraciones públicas que vienen haciendo particularmente en el último mes y, por el otro lado, la inmensa mayoría, el 90 por ciento de todos los firmantes de las Farc que están sometidos a la jurisdicción, que están observando sus obligaciones, que siguen en el proceso, han reconocido su responsabilidad, hacen aportes de verdad, o sea, el escenario que nosotros tenemos en la JEP es de que los pesos están funcionando perfectamente, tenemos dos años para terminar las investigaciones.
Este es un proceso célebre, es un proceso muy grande, donde se está solucionando el problema jurídico, pero también se están juzgando los crímenes más graves. Te reitero hay una contradicción muy grande entre la comparecencia de la gente de las Farc a la JEP, que es perfectamente normal, que sigue su curso y estas voces que hablan de un proceso que nosotros no reconocemos. Uno oye lo que ellos están diciendo y no pareciera que están hablando de lo que está pasando.
CAMBIO: A propósito de eso ellos cuestionan la apertura de los nuevos macrocasos, dicen que no se sabe cuándo van a cerrar y se suman a una crítica muy común en quienes se opusieron al acuerdo sobre la aparente lentitud de la JEP. También hablan de la citación a mandos medios, entre otras cosas.
R.C.V.: Es un juicio como contradictorio. La apertura de macrocasos ya se cerró, el año pasado la JEP decidió 11. Esa es una decisión de las más complejas, porque muchas víctimas nos estaban solicitando que abriéramos muchísimos casos más y de manera muy responsable dijimos que en el tiempo que tenemos solo podemos investigar estos 11 macrocasos, no va a haber más. Entonces esta idea de que le tengan las Farc miedo de que estemos abriendo más y más casos, pues es sencillamente irreal. Aparte, acabamos de hacer un proceso de planeación clarísimo y que todos tenemos el compromiso de cumplir los términos legales de la jurisdicción, tenemos dos años más para investigar, tres años para hacer las imputaciones y cinco años más para terminar los juicios.
La JEP no ha tenido ninguna prórroga. Nosotros no hemos solicitado a ninguna autoridad que haga prórroga alguna de la jurisdicción, estamos observando los términos que se establecieron primero en los acuerdos y luego en la Constitución. O sea, esta idea de que nosotros vamos a prolongar en el tiempo, que 20 años, no sé dónde la están sacando, porque estamos atenidos exactamente a lo que se estableció en la Constitución. Nos sorprende, porque nosotros sabemos que los acuerdos tienen muchos problemas. Tal vez el primero y que más nos preocupa son los 450 y más muertos que hay de los comparecientes, eso es absolutamente cierto, real y preocupante, pero lo que sí parece triste es que estemos empeñados en los sitios donde no está el problema.
CAMBIO: Hay otra cosa que también se ha hablado mucho y es el tema de la competencia de la JEP en el caso de Mancuso, ellos hablan de una fragmentación de la verdad. ¿Qué piensa?
R.C.V.: Otra vez es completamente incomprensible lo que ellos están solicitando, porque la preocupación que ellos tienen, y pareciera que están adoptando términos de otros actores políticos en eso de fragmentación de la verdad. Tal vez está relacionado con que en Colombia no hay un solo tribunal de justicia, sino dos. Justicia y Paz, con segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, investiga la Fiscalía. Y en el caso de las Farc y la fuerza pública estamos nosotros con investigación, juzgamiento y sanción, dentro de la propia JEP. Cada uno tiene competencias particulares, pero que son complementarias. Ahora hay unas personas en el mundo político que quieren que todas esas competencias estén juntas, pues en la realidad es que en el derecho no están juntas, son competencias diversas, que tienen temporalidades distintas y que nosotros estamos coordinando.
Tenemos, por ejemplo, un diálogo muy fluido con los tribunales de Justicia y Paz, pero eso es un asunto de la ley, eso no tiene nada que ver con una decisión, los Tribunales de Justicia y Paz podían juzgar a los paramilitares. Nosotros podemos juzgar de manera obligatoria, fuerza pública y las Farc y de manera voluntaria a terceros y funcionarios del Estado. Estamos llamando, desde el año pasado, a un grupo muy específico y excepcional de jefes paramilitares que obraron en la posición de bisagra, porque tenemos una investigación sobre lo que sí es de nuestra competencia y que Justicia y Paz no podía investigar, que es la actividad de la fuerza pública. Tenemos un caso en el que miramos los vínculos entre la fuerza pública, paramilitares y terceros.
Entonces, uno no entiende, porque mira que las críticas de las Farc son como una colección de todas las voces que hay en el mundo político y las pusieron juntas. De hecho, todas esas cosas juntas son bastante contradictorias, porque por un lado están solicitando que se juzgue menos –con la crítica de que hay demasiados macrocasos– y por otro lado están buscando que se juzgue más. Que es que la JEP se encargue de todos los paramilitares, lo cual no es posible, porque está Justicia y Paz.
CAMBIO: ¿Cree que detrás de esto hay una reunión consciente de todos los argumentos en contra de la JEP?
R.C.V: Yo no quisiera hacer especulación sobre cuál es el móvil político de este asunto, pero sin duda es una estrategia política de un actor público válido, importante, y que ellos llevarán adelante, pero yo la verdad no alcanzo a imaginarme cuál es la lógica que une todos estos puntos.
CAMBIO: ¿Qué opina de la propuesta de un tribunal de cierre?
R.C.V.: El Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno nacional, tiene la competencia para decidir y proponer reformas, que tendrían que ser legislativas y en el caso de la JEP constitucionales, en la que se puedan crear tribunales. Que un actor político invite a eso no es nada dramático, es posible. Esa discusión está muy pendiente, con respecto a los actores de la paz total. Es una discusión que el Gobierno y el Congreso en este momento están abordando, cuál es la estructura que van a crear como en su momento lo hizo el Gobierno con las Farc y que terminó en la JEP. Ellos pueden discutirlo y les corresponderá discutirlo y decidir. Ahora, la única advertencia, que está allí y que está vigente desde la década al 2000, es que hay unas obligaciones internacionales del Gobierno, del Estado colombiano bajo el Estatuto de Roma. Se tiene que investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales que están en el Estatuto, es ineludible.
CAMBIO: ¿Con un tribunal de cierre Colombia violaría sus compromisos internacionales?
R.C.V.: No, el hecho de crear un tribunal, lo que no puede haber es un tribunal de leyes de punto final, que fueron las que se hicieron en Argentina y en Chile, con las que se perdonó a todos los actores de los graves crímenes y dijeron “ya nos perdonamos todos”. Punto final y se acabó el lío, ya no más. Eso se hizo en Colombia en los noventa, amnistías generales; se hizo en el Frente Nacional, hubo un mutuo perdón entre liberales y conservadores y se acabó el problema, pero después del Estatuto de la Corte Penal Internacional eso no se puede hacer y si lo hacen incurrimos en una violación de nuestras obligaciones internacionales, con las consecuencias que eso tiene. Es por eso que existe Justicia y Paz y la JEP.
Fíjate que la Corte Penal Internacional sometió al Estado a 17 años de estudio preliminar, porque no tenían las garantías de que el Estado tuviera la capacidad y la voluntad de juzgar esos crímenes. Solo cuando llega la JEP, ellos levantan el examen preliminar y lo que explica el fiscal de la Corte Penal Internacional en ese documento, es que lo hacen por la existencia de la JEP, que muestra que el Estado colombiano tiene la capacidad y la voluntad de juzgar esos crímenes. Ese es el contexto del debate internacional y entonces, si se contravienen esas obligaciones sería exponer a estas personas a ser juzgadas o ante la CPI o cualquier juez en el mundo invocando la jurisdicción universal, como pasó con Pinochet.
CAMBIO: Ellos dicen que la JEP podría convertirse en el principal obstáculo de la paz total, pero ayer el magistrado de la JEP Gustavo Salazar le preguntó al Gobierno cómo iba a construir una paz total sobre los cuerpos de los líderes sociales y los excombatientes asesinados. ¿Cuál es el obstáculo para la paz total, según usted?
R.C.V.: La experiencia colombiana lo que nos muestra es que construir la paz es muy difícil. Mire los avatares tan terribles que están teniendo las negociaciones de paz con diversos actores. Es muy fácil pararse después de un proceso como el de las Farc, que duró tantos años, que tuvo tanta controversia interna, externa y desmontar lo que hay y decir que esto no sirvió para nada, aquí no ha pasado nada. No, han pasado muchas cosas, aquí el 80 por ciento de los firmantes están leales a sus compromisos de no repetición, un porcentaje mucho más alto que cualquier otro país del mundo. Nosotros hemos avanzado enormemente en la paz.
Yo no creo que debamos retroceder ni tiene sentido ver quién es el culpable hoy de los desastres de la paz, es que lo normal es que la paz no funcione y lo difícil es que sí lo haga. Creo que tenemos que ponernos todos del mismo lado, el lado de la paz, y pensar en cómo sumamos esfuerzos del Gobierno, el poder judicial, todos los que tenemos responsabilidad en esto, no ser indolentes, ser responsables y poder avanzar.
CAMBIO: ¿Qué le dice al Gobierno, en medio de tantas muertes que ha habido de firmantes de paz y líderes desde la firma?
R.C.V.: Me uno a la voz de mis colegas. Es que sí se necesitan esfuerzos más grandes por el cumplimiento de los acuerdos, que vinculan al Estado colombiano en su conjunto, y que no nos podemos sustraer de ello. No es un problema de obligación, es un problema del deber moral y del propósito nacional de construir la paz.
En el cumplimiento de los acuerdos no solo se juega el tema de las antiguas Farc, sino que se juega también la credibilidad del Estado colombiano para suscribir y cumplir acuerdos con todos los grupos que está negociando. Creo que es clave que podamos mandar un mensaje de serenidad, de compromiso, de seriedad del Estado, que permita darle un lugar a la paz en el futuro y cumplirles a los firmantes.
CAMBIO: El fin de semana las autoridades capturaron a un firmante de paz, Arlez Porras Gómez, alias Yesid Guevara, con 74 kilos de cocaína en una vía que conecta el Valle del Cauca y el Quindío. ¿Qué opina? Ya hay voces que están pidiendo su expulsión de la JEP.
R.C.V.: Eso es realmente muy triste, un firmante de paz capturado dentro del esquema de seguridad que le provee el Estado colombiano para protegerlo, junto con sus escoltas y los que conducen el carro haciendo narcotráfico, aparentemente. Es una escena terriblemente triste. Los efectos jurídicos están claros: la competencia, primero, es de la Fiscalía General de la Nación de hacer una investigación para establecer la veracidad de los hechos y si decide acusarlos por los delitos que estuvieran cometiendo. Cuando la Fiscalía toma conocimiento del tema, inmediatamente notifica a la JEP, porque esta persona está sometida a la JEP.
Las personas que están sometidas a la JEP tienen una cantidad de obligaciones con nosotros. La primera, más clara y obvia, es que no pueden volver a delinquir. Entonces, aquí no hay como una exclusión automática, porque nosotros somos jueces. A esta persona hay que darle todas las garantías, se hace una investigación, se aportan pruebas y con base en eso y habiéndose esa persona defendido, se establecerá si se le encuentra responsable de este delito. En ese caso, tendrá que ser separado de la jurisdicción. Aunque nosotros en la JEP no nos sentimos contentos de separar a las personas, cada vez que una persona es expulsada de la JEP para nosotros es una pérdida. Entonces lo hacemos con mucho cuidado.
CAMBIO: El canciller Álvaro Leyva ejerció una presión fuerte sobre la JEP para que aceptara a alias Macaco. Acá en CAMBIO hablamos de esas presiones…
R.C.V.: Esas manifestaciones que hizo sobre todo el canciller fueron ante el Consejo de Seguridad, no las hizo internamente, después también hubo una manifestación del presidente. Mire, nosotros a ese respecto un poco le diría lo mismo. Ese es el mundo de la política, nosotros somos respetuosos de la actitud del Gobierno y seguimos adelante con lo que tenemos que hacer. Está el caso de algunos, no tenemos la disposición de recibir a cualquier jefe paramilitar, ni lo recibimos por petición del Gobierno, sino que eso obedece a nuestros procesos judiciales internos. Estamos en eso, examinando algunas de las solicitudes que nos han presentado, hemos rechazado creo que tres. Se ha rechazado la de Jorge 40, se aceptó la de Mancuso y hay de 13 a 20 que están en trámite. Eso se responderá caso a caso, no es recibir de manera masiva ni de forma general a cualquier jefe paramilitar, sino caso a caso, dependiendo de la información y sus aportes a la verdad, su voluntad, la oportunidad, la veracidad de lo que dicen, la necesidad de las víctimas.
CAMBIO: Hoy llega Mancuso a Colombia, ¿qué viene ahora para él ante la JEP?
R.C.V: Su caso es uno de los más complejos del sistema judicial colombiano, porque él está sometido a los tribunales de Justicia y Paz, y no solo a uno, sino que tiene jueces de control de garantías a cargo en Barranquilla y en Bogotá. Tiene nuevas órdenes de captura emitidas por ellos, tiene investigaciones en la Fiscalía General de la Nación y nosotros lo acabamos de recibir. Le he mencionado por lo menos cuatro autoridades judiciales que tienen competencias de diversa índole sobre el señor Mancuso. Cuando él llegue al país, tendrá que ponerse a disposición de todos los jueces que tienen esas competencias y cada uno de ellos tendrá que resolver la situación del señor.
