Contraloría General reporta hallazgos de irregularidades por más de 57.000 millones de pesos en la Unidad de Restitución de Tierras

El Reporte Coronell de este viernes 10 de enero reveló los hallazgos de un informe de la Contraloría General de la República que evidencian 27 irregularidades fiscales que ascienden a 57.000 millones de pesos en la Unidad de Restitución de Tierras, encargada de devolver las propiedades a los campesinos desplazados por la violencia.

Entre las presuntas irregularidades señaladas por la Contraloría destacan:

• La detección de pagos realizados bajo el argumento de cumplir órdenes judiciales que, según el informe, no existían: la Contraloría afirma que el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, junto con otros altos funcionarios, emitieron resoluciones para ordenar giros por cerca de 8.000 millones de pesos, excediendo sus competencias y asumiendo funciones que corresponden exclusivamente a jueces y magistrados.
• El reporte de 7.000 millones de pesos que fueron desembolsados en contradicción con lo ordenado por los tribunales: las decisiones judiciales establecían la entrega de tierras, pero en su lugar se hicieron pagos en efectivo. En algunos casos, estos recursos se entregaron a personas que no figuraban como beneficiarias en las resoluciones judiciales.
• Daño al patrimonio público por 4.300 millones de pesos, producto de pagos a personas no reconocidas en las sentencias: la Unidad justificó estos pagos alegando que los beneficiarios solicitaron que el dinero fuera transferido a terceros.
• Recursos destinados legalmente a la restitución de tierras fueron utilizados para actividades internas de la entidad: entre los gastos de estos se encuentran reuniones virtuales o presenciales, gestión de talento humano y organización de “ollas comunitarias”, sin que existieran los soportes contables necesarios para justificar esos gastos.

¿Qué dice el director de la Unidad de Restitución de Tierras?

Giovanni Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, explicó en el Reporte Coronell que las diferencias con la Contraloría surgen por posibles interpretaciones de la Ley 1448.

Según Yule, desde que se recibió el informe del ente de control, el equipo auditor de la Unidad ha identificado variantes en la forma como se aplica la normativa. Por este motivo, solicitaron establecer una mesa de solución de controversias que permita aclarar las observaciones y garantizar el cumplimiento de las sentencias y órdenes judiciales pendientes.

Frente a los señalamientos sobre presunta malversación de recursos, Yule aseguró que "no ha habido malversación de fondos. Por el contrario, hemos mantenido una comunicación directa con las víctimas para asegurar que reciban los beneficios correspondientes en el proceso de reparación". Además, subrayó que todos los pagos realizados por la entidad están respaldados por las orientaciones establecidas en las sentencias judiciales.

Daniel Coronell le preguntó si era cierto que la Contraloría detectó pagos hechos antes de que existieran las órdenes judiciales. Yule negó esta afirmación, explicando que los desembolsos se hicieron conforme a las directrices de las decisiones judiciales y que los recursos se entregaron directamente a las víctimas. 

"Hemos cumplido más de 3.100 órdenes judiciales. Lo que estamos proponiendo es que esos 27 hallazgos mencionados por la Contraloría sean discutidos y armonizados en una mesa de controversias, porque pueden darse diferentes interpretaciones de la norma", indicó.

El director también aclaró que, en los casos donde la restitución de tierras no es posible por diversas razones, se aplica la figura de compensación, que consiste en otorgar recursos económicos para que la víctima pueda emprender otros proyectos productivos. 

"Nosotros realizamos los depósitos directamente en las cuentas personales de las víctimas", agregó.