'La inseguridad alimentaria es un problema para la nación': director de la Fian

El derecho a la alimentación fue incorporado recientemente en la Constitución Política de Colombia a través del Acto Legislativo 1. Sin embargo, su introducción en el panorama legal implica una serie de retos que tienen que ver con su garantía efectiva. Varios expertos reflexionaron sobre estos desafíos en el foro de CAMBIO 'Derecho constitucional a la alimentación: un compromiso inaplazable 2025'.

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Agustín Zimmerman, afirmó que el Acto Legislativo 1 da reconocimiento a un derecho constitucional que estaba incompleto desde hace mucho tiempo. "Esto abre un espacio de debate muy importante en tanto le otorga al derecho humano a la alimentación el componente del sistema agroalimentario".

Por su parte, Elisabetta Recine, presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), aseguró que el reconocimiento del derecho a la alimentación en Colombia es relevante en materia institucional, pero que "solo es el primer paso".

"Los derechos humanos existen y son válidos independientemente de nuestras constituciones. Hay que tener en cuenta que todos los países que han reconocido este derecho en su carta política lo han hecho, en general, después de una larga lucha liderada por los sectores sociales", destacó la experta.

En esta medida, Recine recalcó la necesidad de reconocer la lucha de los distintos sectores de la sociedad y mantener un plan articulado para que la sociedad no solo reconozca el derecho, sino que luche por su realización. "El proceso de movilización es importantísimo porque puede ampliar los cambios necesarios", afirmó.

La movilización popular, un elemento esencial en la lucha por la alimentación

Durante el foro, los expertos reflexionaron acerca de los retos que hay para lograr una ley estatutaria que cumpla con altos estándares en el país. Juan Carlos Morales, director de Food First Information and Action Network (Fian), destacó que para lograr este fin es necesario poner en el centro a la movilización popular.

"La movilización popular, también conocida como gobernanza popular alimentaria, es crucial en la construcción de dispositivos para que la población disfrute del derecho a la alimentación", destacó el experto. "Si una sola persona sufre de una vulneración a su derecho a la alimentación, esto debe suscitar la movilización de toda una sociedad porque es una vida la que se pierde", complementó.

Soledad García, investigadora de la Universidad de Georgetown, afirmó que reconocer el derecho humano a la alimentación en la Constitución debe entenderse, no de forma aislada, sino complementaria en relación con otros tratados internacionales y, sobre todo, como una parte inherente al ser humano. "Que sea un escándalo cada vez que un niño muere por falta de acceso a la alimentación o falta de agua potable".

Recine, por su parte, destacó que la sociedad civil es indispensable en estos procesos, pues es la más cercana a la realidad. "Si el Estado logra entablar un diálogo con la sociedad civil, puede acceder a un cúmulo de conocimiento y propuestas prácticas que le permitirán crear políticas públicas adecuadas y, sobre todo, cumplir con su obligación de promover, proteger y garantizar el derecho a la alimentación", dijo la experta.

La mujer añadió que garantizar el derecho a la alimentación implica proteger los avances legislativos de intereses comerciales o públicos externos.

El caso mexicano

Saúl Vicente Vásquez, representante del Consejo Internacional de Tratados Indios, afirmó que el derecho humano a la alimentación, en el caso de México, se dio gracias a un proceso de lucha, movilización y participación de la sociedad civil. Al respecto, destacó el papel de campañas como 'Sin maíz no hay país'.

El representante destacó algunos elementos de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible en México y que se considera un modelo acorde con las necesidades de la región. Al respecto, señaló que esta ley persigue varios objetivos como "garantizar el derecho a una alimentación adecuada, impulsar políticas alimentarias con la concurrencia de instituciones gubernamentales, crear canastas alimentarias, impulsar los procesos de producción agroecológica y crear reservas estratégicas de granos y semillas".

Así mismo, afirmó que, aunque gracias a estos avances en 2023 millones de personas lograron salir de la pobreza, México aún tiene pendientes varios retos en materia de alimentación, como una alta dependencia alimentaria con Estados Unidos o la aún pendiente prohibición del maíz transgénico.

El papel de las organizaciones e instancias de participación

Zimmerman reflexionó sobre las acciones que las organizaciones y agencias internacionales pueden realizar para contribuir al sistema agroalimentario en Colombia. Al respecto, destacó tres que serán centrales en el caso de la FAO.

"La primera tiene que ver con seguir generando espacios de diálogos en los que distintos actores discutan sobre la creación de normas y los avances que se pueden realizar en la formulación de leyes", destacó.

El experto también afirmó que la FAO contribuirá a "cambiar el chip" de gobernanza en el sistema agroalimentario. "Actualmente hay una legislación y normas dispersas que evitan una visión clara del sistema agroalimentario. Queremos bajar al nivel nacional estas discusiones que suelen hacerse de forma muy técnica y sectorizada".

Por último, Morales, habló de los desafíos pendientes en Colombia en el proceso de la formulación de una ley estatutaria para la alimentación. "La inseguridad alimentaria es un problema existencial para la nación. Si no somos capaces de entender esto, estamos ante un gran inconveniente porque afectamos los derechos de nuestras generaciones futuras", señaló.

El director de la Fian también destacó el compromiso de esta organización con el fortalecimiento del rol de la sociedad civil en las discusiones sobre alimentación. En tal sentido, destacó la importancia de que se cree una comisión que tenga protagonismo y en la que no intervengan actores externos con intereses, sobre todo los que han contribuido a la tragedia del hambre en el país.