Aplazamiento en proyectos de infraestructura acentúa diferencias entre Gustavo Petro y gobernantes locales

Esta semana, el Gobierno publicó el decreto con el que se aplazaron 12 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para 2025. Sin duda, esta decisión genera efectos directos sobre proyectos de infraestructura claves en los distintos departamentos del país, como la primera línea del metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente, el túnel del Toyo en Antioquia, el metro de la 80 en Medellín, el Canal del Dique en la Región Caribe, entre otros. 

Además de un posible retraso en esas obras, un efecto directo de esa decisión es que se acentúan las diferencias entre el presidente Gustavo Petro con los alcaldes y gobernadores, porque algunos han entendido esa decisión como una afrenta por las diferencias políticas. 

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Las obras de infraestructura afectadas: ¿cuál es el monto? 

Si bien hay varias entidades afectadas, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), los ministerios del Deporte, de la Igualdad, del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre otros, los proyectos de infraestructura fueron los más afectados. Entre esos: 

• La construcción de la primera línea del metro de Bogotá: con recursos aplazados por 770.309 millones de pesos. 
• La construcción del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá: con recursos aplazados por 345.735 millones de pesos. 
• La construcción de la troncal de la calle 13 desde la troncal Avenida Las Américas hasta el límite de la ciudad: con recursos aplazados por 328.532 millones de pesos. 
• La construcción del metro ligero de la 80 en Medellín: con recursos aplazados por 497.630 millones de pesos. 
• Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, que es un brazo artificial del río Magdalena: con recursos aplazados por 710.970 millones de pesos. 
• Mantenimientos de carreteras en los departamentos del Cesar, Magdalena, Huila, Caquetá y en varios departamentos del país. 

¿Qué implica un aplazamiento y qué efectos económicos y políticos tiene esto?  

En primer lugar, la decisión del Gobierno no es un recorte directo, sino que los recursos quedan congelados y las entidades afectadas ya no cuentan con esos dineros en la asignación presupuestal de este 2025. En ese sentido, se trata de una medida reversible. 

Como explicó Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, “el aplazamiento es temporal y eso implica que se debe esperar un tiempo a que el Gobierno dé vía libre para ejecutar las apropiaciones presupuestales. Por lo tanto, si ya se pasa del estado actual, esas medidas podrían ser levantadas”. 

El académico también detalló que el Gobierno, además, tiene otras fuentes para recaudar esos recursos y se habla de un mayor recaudo fiscal, una reforma tributaria, entre otros. 

Sin embargo, no se sabe si el Gobierno logrará eso y es poco probable el camino de la tributaria. Por un lado, porque en el Legislativo no hay ambiente para ese trámite: ya se hundió el presupuesto para 2025 y la ley de financiamiento que el Gobierno presentó a finales de 2024. Además, el Ejecutivo tiene los votos ajustados en el Senado y hasta el mismo presidente de esa corporación, Efraín Cepeda, ha dicho en varias ocasiones que “no ve ambiente para una ley de financiamiento”. 

Así, hay voces que ya vislumbran efectos negativos para los proyectos de infraestructura. Por ejemplo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que ese aplazamiento “es una forma de incumplimiento de los contratos firmados y se generan costos adicionales”. 

Las inconformidades regionales: “Tomaremos las acciones legales”

Aunque Galán dijo que el Distrito va a intentar asumir este 2026 la carga que se deja, también fue claro en decir que van a analizar “todas las acciones legales para que el Gobierno cumpla con los compromisos asignados”. 

La inconformidad también llegó del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también dijo que tomará las acciones legales correspondientes para que el Gobierno cumpla con su parte de los recursos que se necesitan para terminar el proyecto. 

Son justamente dos alcaldes con los que el presidente Petro ha tenido diferencias ideológicas y también en temas prácticos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, el primer mandatario ha tenido una concepción distinta para la construcción del metro. En cuanto a Medellín, se ha convertido en una ciudad desde donde se le ha hecho oposición al jefe de Estado. Además, Petro y Fico han casado varias discusiones. 

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, también salió a criticar la decisión del Ejecutivo de aplazar los recursos en la restauración del Canal del Dique, que es una obra clave de recuperación ambiental. Además, la idea de eso es evitar inundaciones en regiones que han sido afectadas por la corriente de agua. 

Un punto fundamental es que esos retrasos no solo afectan a los mandatarios locales, que habían prometido avanzar en algunos de los proyectos afectados, sino que también tiene un impacto importante en los planes del mismo Gobierno nacional. 

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Los expertos dicen que todo este debate es la continuación del pulso del Presupuesto, como dice el analista político Yann Basset. De acuerdo con él, la distribución que hizo el Gobierno en el aplazamiento de los recursos es una muestra del Ejecutivo de su intención de que, si los recortes afectan los programas de Gobierno, pues también tendrían que afectar los proyectos de la oposición. 

“Ese es un poco el pulso y eso puede pesar en la opinión pública y, evidentemente, eso va a afectar en las elecciones de 2026: el Gobierno y la oposición se van a echar la culpa de estos recortes y sus efectos en los habitantes”, detalló el experto. 

Así, en este año de precampaña el Gobierno tiene cuentas ajustadas que los afecta directamente, pero que también afecta los programas de los mandatarios locales.