Aumento del salario mínimo en 2026: ¿son viables las demandas contra el decreto del Gobierno de Petro?
Sectores de oposición anunciaron las primeras acciones legales en contra del aumento del 23,7 por ciento en el salario mínimo para el próximo año. El Consejo de Estado tumbó el decreto en el que se fijó el incremento en 2016, un precedente que sería clave para analizar los recursos promovidos ante la reciente decisión.
Por: Jonathan Beltrán
Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo entre sindicatos y empresarios, el presidente Gustavo Petro decretó el mayor aumento de salario mínimo desde su llegada a la Casa de Nariño. La medida ha generado cuestionamientos e incluso acciones legales promovidas por sectores de oposición que buscarían tumbar la decisión del Gobierno nacional.
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La fijación del salario mínimo para 2026, que se fundamentó en el salario vital recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, superó por 16 puntos porcentuales la propuesta de los empresarios y por 7 puntos la solicitud de los sindicatos de trabajadores. Por eso, alg unos sectores han advertido que la decisión incumple con parámetros establecidos para la definición del incremento.
Hernando Matallana, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), explica que los insumos de referencia para iniciar cada año la discusión del ajuste salarial son el índice de precios al consumidor (IPC) y el cálculo del aumento de la productividad de la economía para el periodo vigente.
En noviembre, la inflación anual se ubicó en 5,30 por ciento y la productividad cerró 2025 en 0,91 por ciento. Con esa suma fundamental, el debate sobre el incremento previsto para el próximo año inició dese un 7 por ciento. Sin embargo, el aumento establecido por decreto triplicó la expectativa inicial y superó ampliamente las proyecciones de los analistas.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que el aumento buscaría atender rezagos históricos que han afectado el poder adquisitivo de los trabajadores y fortalecer la capacidad de consumo de los hogares. Pero en las primeras acciones jurídicas en contra del decreto, se plantea que podría aumentar el desempleo y afectar la estabilidad económica.
Los argumentos de las demandas contra el aumento del salario mínimo en 2026
Josías Fiesco, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático anunció que radicará una demanda contra el decreto en el que se fijó el incremento del salario mínimo, el cual dejó la suma en 2 millones de pesos con el subsidio de transporte incluido. Según el politólogo, la acción legal buscaría frenar el aumento y exigir seguimiento a una nueva discusión.
El activista político sostuvo que, a su juicio, el aumento del 23,7 por ciento generará un encarecimiento generalizado del costo de vida de los colombianos. “Demandamos ante el Consejo de Estado este acto administrativo por el incremento que se presentaría en arriendos, matrículas, transporte público y otros servicios públicos”, sostuvo Fiesco.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo se sumó a las voces que han anunciado la adopción de medidas legales en contra del decreto en el que se estableció el aumento del salario mínimo. El economista sostuvo que el incremento incumplió con los parámetros establecidos en la negociación anual y superó por un amplio margen los indicadores de inflación y productividad.
El Gobierno nacional ha reiterado que el incremento por arriba de las expectativas de centros de pensamiento y expertos busca superar políticas que afectaron el ingreso de los trabajadores. No obstante, Restrepo indicó que en una eventual demanda al decreto se debería advertir sobre riesgos al empleo formal, aumento de la informalidad y presión sobre las medianas empresas.
“A demandar el decreto en beneficio del 90 por ciento de colombianos que se verán afectados por la medida. No podemos permitir la destrucción del país sin argumentos de sensatez”, sostuvo el también rector de la Universidad EIA, en el mensaje con el que respaldó las acciones legales impulsadas contra la medida.
¿Qué aspectos se revisarán en las demandas contra el aumento del salario en 2026?
Juan Manuel Charry, abogado especializado en Derecho Constitucional explicó que las demandas contra el decreto que fijó el salario mínimo en 2026 se centrarán principalmente en verificar si el Gobierno motivó de manera suficiente y técnica la decisión. En ese sentido, no se cuestionará el porcentaje del aumento, sino la explicación sobre los factores económicos que justificaron la medida adoptada.
Entre los elementos que se revisarán están la inflación prevista, la productividad económica y el crecimiento del PIB. Ante las demandas contra el decreto, el alto tribunal tendría que revisar si el Gobierno Petro analizó y ponderó los elementos requeridos para establecer el incremento tras las fallidas negociaciones en la mesa de concertación.
El Consejo Superior de la Judicatura estableció que la vacancia judicial se extenderá hasta el próximo 10 de enero. A partir de ese día, el Consejo de Estado tendría que certificar que la decisión se adoptó con justificación técnica sólida tras la falta de un acuerdo definitivo entre las partes convocadas en la negociación.
El constitucionalista de la Universidad Nacional Germán Calderón, por su parte, planteó que el alto tribunal tendría que revisar el decreto 1469 de 2025. En las 29 páginas de ese documento, el Gobierno de Petro detalló aspectos como el crecimiento económico, la inflación proyectada y el poder adquisitivo de los trabajadores para sustentar el incremento del 23,7 por ciento.
En el decreto, el Gobierno de Petro argumentó que el salario mínimo vital se fundamenta en estudios y análisis técnicos sobre políticas salariales para cubrir de forma efectiva aspectos como alimentación, vivienda, educación y atención médica. Además, sostuvo que se agotó el procedimiento de la Concertación de Políticas Salariales y Laborales antes del decreto definitivo.
El precedente histórico: las razones por las cuales el Consejo de Estado anuló el salario mínimo de 2016
En 2017, el Consejo de Estado adoptó una decisión que marcó un hito en la forma en que se deben justificar los incrementos del salario mínimo en Colombia. En ese año, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo declaró nulo el decreto 2552 de 2015, que había fijado el salario mínimo para 2016 en un aumento del 7 por ciento.
La razón principal fue la falta de motivación suficiente por parte del gobierno de Juan Manuel Santos al establecer el porcentaje del incremento. Según la sentencia, el Ejecutivo no explicó de forma clara cómo se ponderaron factores clave para adoptar la decisión tras el fracaso de las negociaciones.
La ausencia de un análisis técnico detallado sobre estas variables configuró lo que el Consejo de Estado calificó como un vicio de legalidad en la expedición del acto administrativo. El fallo aclaró que no bastaba con mencionar de manera general los factores económicos, sino que resultaba indispensable detallar con precisión cómo cada uno incidía en el porcentaje final del aumento.
“En suma, la motivación del acto administrativo mediante el cual se fija el salario mínimo deberá explicitar con la mayor claridad y precisión, los fundamentos económicos, sociales, técnicos y financieros que llevan al Gobierno nacional a fijar el salario mínimo en una cuantía determinada”, se lee en la decisión emitida por el alto tribunal.
Aunque la nulidad del decreto de 2016 no tuvo efectos retroactivos sobre los salarios ya pagados ni sobre otros pagos o contratos, la decisión estableció un precedente fundamental. Por eso, esa decisión será clave para la revisión de las demandas presentadas contra el decreto del salario del próximo año.
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