Los eslabones ocultos que permitieron ‘falsos positivos’ y ahora la JEP pide investigar
Jueces penales militares, agentes del CTI, detectives del DAS y asesores jurídicos de las unidades militares hicieron parte de los entramados criminales que permitieron las ejecuciones extrajudiciales y que los militares involucrados se salieran con la suya: les enseñaron contramedidas forenses, ocultaron información y torcieron testimonios. Aunque muchos nombres se conocían y pasaron en la Fiscalía de agache, ahora la JEP pidió investigaciones.
Giovanny Vélez Garavito, quien hizo parte del Gaula Militar de Córdoba en 2007, narró así su encuentro con la jueza penal militar Beatriz Consuelo Ospina tras cometer un 'falso positivo': “Uno llegaba y ella decía: ‘memorícese esto, güevón’. Se leía, se memorizaba y ya la declaración estaba hecha. Uno leía y firmaba”.
El trato inhumano y corrupto era ‘simple’: tras ejecutar a los civiles, se falseaba la operación, las órdenes de trabajo y la escena del crimen. También se eliminaban identidades y se presentaban a las víctimas como si fueran integrantes de grupos ilegales. Los militares sabían que nada iba a pasar porque tenían un seguro listo.
El mayor Julio César Parga Rivas, quien en 2007 comandó el Gaula Córdoba (Gacor), tenía todo estructurado: 2 millones de pesos mensuales a la jueza Ospina, según él mismo declaró a la Jurisdicción Especial para la Paz. Con esa suma no solo pagaban la conciencia: era una acción concreta, pensada y diseñada dentro de una estructura criminal en la unidad militar para evitar a toda costa que los ‘falsos positivos’ fueran investigados en ese momento y que la magnitud de un horror nacional no saliera a la luz.
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