
La extraña decisión contra una fiscal auxiliar del Cartel de la Toga por no pedir investigación contra el senador José Alfredo Gnecco
La decisión de formular cargos a la fiscal Claudia Vanegas salió de una ponencia elaborada por un magistrado que está siendo investigado por el escándalo de Odebrecht. Esa decisión, según expertos, abre serias preguntas sobre los criterios con los que la entidad individualiza responsabilidades. Les archivaron los procesos a unos y acusaron solo a una del grupo. Estas son las inconsistencias.
Por: Sylvia Charry
El pasado 2 de diciembre, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con ponencia del magistrado Juan Carlos Granados Becerra –investigado por el caso Odebrecht–, formuló cargos contra Claudia Patricia Vanegas Peña, en su condición de fiscal auxiliar de la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por supuestamente no cumplir con el deber que tenía de pedir que se investigara a un congresista que había sido mencionado en el denominado Cartel de la Toga. Según la comisión, la funcionaria debió pedirle a la Corte que investigara al senador José Alfredo Gnecco Zuleta por unas declaraciones que hizo en su contra Luis Gustavo Moreno, en 2017 y 2018, ante el despacho para el que ella laboraba. Lo extraño es que, en la misma decisión, exculpa a otros fiscales por la prescripción de la acción. Es decir, porque ya había pasado el tiempo límite para investigarlos.
Es necesario entender el origen del proceso. El expediente se abrió porque la Corte le pidió investigar si los fiscales que conocieron el caso del Cartel de la Toga incumplieron su deber legal de denunciar. Esa petición se hizo porque una publicación de Noticias Caracol, del 7 de febrero de 2022, denunció que Luis Gustavo Moreno había señalado al senador José Alfredo Gnecco Zuleta por un presunto delito contra la administración pública, y pese a esas sindicaciones “la Fiscalía no había compulsado copias” para iniciar la investigación correspondiente.
En esas diligencias, Moreno habría señalado que Gnecco Zuleta pagó entre 100 y 150 millones de pesos para dilatar una condena que venía contra su padre, Lucas Gnecco Cerchar, y que estaba en el despacho del magistrado Gustavo Malo, condenado como integrante del cartel. En la misma declaración, Moreno especifica que esos honorarios que cobró solo fueron para demorar la sentencia, desde su ejercicio como abogado. Es decir, presentando recursos como aplazamientos, entre otros, para que no le notificaran tan rápido la decisión. Moreno dijo que solo supo de ese episodio y no de pagos directos al magistrado en otro sentido.
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