Del acuerdo nacional a la desobediencia civil: el giro con el que Cepeda desafía al gobierno de De la Espriella

La tregua política duró apenas un puente festivo.  Mientras el país seguía concentrado en la Selección Colombia en la Copa del Mundo y parecía abrirse un breve compás de espera después de una de las campañas presidenciales más polarizadas de las últimas décadas, la confrontación regresó al escenario político.

En cuestión de días, el senador Iván Cepeda pasó de invocar un acuerdo nacional para reducir la crispación política a advertir que podría promover un camino de “desobediencia civil pacífica” si el presidente electo, Abelardo de la Espriella, llega a la Casa de Nariño sin renunciar previamente a su ciudadanía estadounidense.

El cambio de tono sorprendió. Hasta hace muy poco, Cepeda insistía en la necesidad de construir consensos entre quienes respaldaban al nuevo gobierno y sus votantes. Su argumento era que Colombia había llegado a un punto en el que la polarización se había convertido en un obstáculo para enfrentar los principales problemas del país y que era indispensable reconstruir puentes entre sectores para beneficio de todos. Fue el argumento de su campaña.

Ahora, sin embargo, el eje de su discurso cambió. Este lunes, el senador sostuvo que la doble nacionalidad del presidente electo impediría el ejercicio legítimo de la Presidencia de la República y afirmó que, si esa situación no se resuelve antes de la posesión del próximo 7 de agosto, dicho acto estaría “viciado por ser ilegal e ilegítimo”.

Pero fue aún más lejos. Además de exigir que De la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense antes de asumir el cargo, pidió que explique públicamente si en algún momento ha sido colaborador o integrante de agencias de seguridad de Estados Unidos.

Y lanzó una advertencia que elevó considerablemente la temperatura política. “Si estas condiciones de legalidad no se cumplen (...) no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.

Entre dudas y certezas

La frase abrió un debate político e institucional. ¿Está Cepeda dejando de reconocer a De la Espriella como presidente legítimamente elegido? ¿Se trata únicamente de una advertencia política o del anuncio de una estrategia de oposición basada en la movilización ciudadana?

Aunque las respuestas difieren según el sector político consultado, existe un amplio consenso sobre un punto: el tono del debate público acaba de cambiar. El llamado al acuerdo nacional, que apenas días atrás ocupaba un lugar central en el discurso del principal dirigente de la oposición, cedió espacio a un lenguaje de resistencia institucional que anticipa una legislatura marcada por fuertes tensiones entre el nuevo gobierno y el bloque de izquierda.

La controversia también deja una señal política de fondo. Más allá de la discusión jurídica sobre la doble nacionalidad del presidente electo, el pronunciamiento de Cepeda sugiere que la oposición no limitará su estrategia al control político en el Congreso. Por el contrario, deja abierta la posibilidad de combinar la actuación parlamentaria con la movilización ciudadana, bajo el argumento de defender la Constitución y la soberanía nacional.

Ese giro redefine el escenario político incluso antes de que el nuevo gobierno inicie oficialmente su mandato. En primer lugar, porque ponen en entredicho la legitimidad misma de la posesión presidencial. El senador sostiene que la eventual doble nacionalidad del presidente electo sería incompatible con el ejercicio de la Jefatura del Estado y que, si esa situación no se resuelve antes del 7 de agosto, el acto de investidura estaría jurídicamente viciado. Sobre esa interpretación construye su llamado a desconocer la autoridad del nuevo mandatario.

En segundo lugar, porque el debate deja de circunscribirse al Congreso y se traslada a la calle. Hasta ahora, la oposición había insistido en que ejercerían un control político riguroso desde el Legislativo. La apelación a una eventual “desobediencia civil pacífica” abre otro escenario: el de la movilización ciudadana como mecanismo de presión política. Una de las herramientas en las que mejor se mueve el presidente y próximo expresidente Gustavo Petro.

¿Que es eso de la desobediencia civil?

La expresión tiene una larga tradición en la teoría política. La desobediencia civil supone el incumplimiento deliberado y público de determinadas normas o decisiones consideradas injustas, pero sin acudir a la violencia y aceptando las consecuencias jurídicas de ese acto. Precisamente por esa carga simbólica, la utilización del concepto por parte del principal dirigente de la oposición produjo un inmediato impacto político.

El tercer elemento es quizá el más significativo. El anuncio representa un cambio de tono frente al discurso que el propio Cepeda había defendido apenas días después de las elecciones. Entonces hablaba de construir consensos. Ahora, el centro de su mensaje ya no es la reconciliación sino la resistencia frente a un gobierno cuya legitimidad cuestiona incluso antes de que comience su mandato.

Ese viraje también tiene consecuencias sobre el clima político. Cuando la discusión deja de concentrarse en las políticas públicas del próximo gobierno y pasa a girar alrededor de la legitimidad del presidente electo, el debate adquiere una dimensión institucional mucho más delicada. Ya no se confrontan únicamente programas de gobierno o diferencias ideológicas; lo que entra en disputa es la validez misma del ejercicio del poder.

Desde una perspectiva estrictamente política, el mensaje también persigue otro objetivo: mantener cohesionada a la izquierda después de la derrota electoral.

Con cerca de 12,7 millones de votos obtenidos en la segunda vuelta, Cepeda conserva un importante caudal electoral y busca enviar una señal de liderazgo a quienes respaldaron su candidatura. Al advertir que la oposición no se limitará al control parlamentario, transmite a sus seguidores que ejercerá una vigilancia activa sobre el nuevo gobierno y que recurrirá a mecanismos de movilización ciudadana cuando considere que existe una vulneración de la Constitución o de la soberanía nacional.

No obstante, al insistir en que esa eventual movilización sería “pacífica”, también intenta marcar distancia frente a cualquier interpretación que asocie su llamado con acciones violentas o con escenarios de alteración del orden público.

Precisamente ese delicado equilibrio es el que ha convertido sus declaraciones en uno de los primeros grandes debates políticos de la transición presidencial.

Entre el rechazo y la sorpresa

El llamado de Cepeda no tardó en provocar una oleada de reacciones entre juristas, académicos y dirigentes políticos. Aunque las posiciones difieren sobre el debate de fondo acerca de la doble ciudadanía, la mayoría coincide en que llevar esa controversia al terreno de la desobediencia civil supone elevar significativamente la tensión política.

Para Gabriel Cifuentes, experto en comunicación política, el pronunciamiento del senador constituye un mensaje inconveniente tanto desde el punto de vista jurídico como político. A su juicio, la tesis sobre la supuesta ilegitimidad de la posesión presidencial parte de una interpretación constitucional discutible y, además, anticipa un clima de confrontación antes incluso de que el nuevo gobierno haya comenzado.

“No solo es cuestionable desde una perspectiva jurídica, sino que marca anticipadamente cuál será la temperatura del debate público”, afirma.

Según Cifuentes, resulta llamativo que quien hace apenas unos días hablaba de un acuerdo nacional ahora plantee una estrategia de resistencia frente a un gobierno que todavía no ha iniciado funciones.

“Es un llamado prematuro a calentar las calles, a condicionar el reconocimiento de los resultados electorales y a deslegitimar al nuevo gobierno incluso antes de su posesión. Esa estrategia difícilmente contribuirá a construir una oposición reflexiva y propositiva; por el contrario, corre el riesgo de convertirse en una oposición reactiva e incendiaria”, sostiene.

Una preocupación similar expresa Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. Aunque reconoce la legitimidad del debate constitucional sobre la doble ciudadanía, considera que la convocatoria a la desobediencia civil introduce un elemento de tensión innecesario en un país que aún no supera la polarización de la campaña presidencial. “Discrepo de este llamado a la desobediencia civil, que tensiona aún más un contexto político ya de por sí muy difícil”, señala.

La internacionalista Sandra Borda también establece una diferencia entre el debate jurídico y la estrategia política. A su juicio, la legislación colombiana podría revisarse para determinar si resulta conveniente que quien ejerza la Presidencia tenga doble nacionalidad. Sin embargo, advierte que, mientras esa norma permanezca vigente, exigir la renuncia del presidente electo como condición para reconocer su autoridad constituye un camino equivocado.

“No me gusta que nuestro arreglo constitucional permita que un presidente tenga doble ciudadanía. Creo que ese debate debería darse. Pero mientras las reglas sean las actuales, tampoco comparto la idea de exigirle al presidente electo que renuncie a su ciudadanía y advertir que, si no lo hace, dejará de ser reconocido como una autoridad elegida democráticamente”, afirma.

Para Borda, una oposición democrática debe ejercer un control riguroso sobre el poder, pero siempre dentro del marco constitucional. “Hacer oposición desconociendo la legalidad no contribuye a fortalecer la democracia. Esa no es la oposición constructiva que muchos esperaban de Iván Cepeda”, concluye.

La ley es para cumplirla

Desde el Congreso también surgieron cuestionamientos. La representante Cathy Juvinao planteó una reflexión sobre el precedente institucional que podría abrir una estrategia de ese tipo. “Imagínense que cada gobierno saliente impusiera condiciones al gobierno entrante bajo la amenaza de desconocer la autoridad elegida por los ciudadanos y promover la desobediencia civil. Ese precedente sería profundamente inconveniente para cualquier democracia”, advirtió.

La respuesta del gobierno entrante tampoco se hizo esperar. Durante las reuniones de empalme en Bogotá, el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, hizo un llamado a respetar el resultado de las urnas y recordó que las controversias constitucionales deben resolverse por los mecanismos previstos en la ley.

“El pueblo colombiano habló en las urnas. El presidente electo ganó las elecciones y todos los ciudadanos debemos respetar esa decisión soberana”, manifestó.

El economista Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), se mostró categórico al explicar que la Constitución establece de manera expresa el deber de obedecer a las autoridades legítimamente constituidas. Por esa razón, considera que convocar a desconocer al presidente una vez posesionado sería incompatible con el orden constitucional.

Restrepo sostiene que el problema adquiere una dimensión todavía más delicada cuando el llamado podría extenderse a funcionarios públicos y, especialmente, a integrantes de la Fuerza Pública, cuyo comandante supremo es precisamente el presidente de la República.

A su juicio, además, el comunicado de Cepeda parece atribuirse competencias que corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales y electorales.

“La legalidad de la candidatura, de la elección y de la posesión presidencial no la determina un dirigente político. Esa función corresponde a las instituciones previstas por la Constitución”, explica.

Recuerda que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Consejo de Estado ya conocieron actuaciones relacionadas con la inscripción de la candidatura presidencial y que, en un Estado de derecho, son esas autoridades —y no los dirigentes políticos— las llamadas a resolver controversias de naturaleza constitucional.

En ese contexto, concluye que el anuncio del senador constituye, sobre todo, una poderosa señal sobre el tipo de oposición que comenzará a ejercer la izquierda durante el próximo cuatrienio: una oposición mucho más beligerante, dispuesta a disputar no solo las decisiones del nuevo gobierno, sino también la legitimidad política e institucional desde la que ejercerá el poder.

El nuevo y mejor amigo de Trump

La controversia, sin embargo, va más allá de la discusión sobre la doble nacionalidad del presidente electo. En el trasfondo también aparece el giro que Abelardo de la Espriella ha anunciado en la política exterior colombiana. El abogado ha recibido el respaldo público y entusiasta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha reiterado que uno de los primeros actos de su gobierno será incorporar a Colombia al denominado Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Washington para fortalecer la cooperación regional en seguridad, lucha contra el narcotráfico y defensa.

Es precisamente esa decisión la que Cepeda identifica como una señal de alarma. Para el dirigente del Pacto Histórico esa alianza podría traducirse en un alineamiento de Colombia con los intereses estratégicos de Estados Unidos y advierte que ello comprometería la autonomía del país en materia de política exterior y de seguridad.

Desde esa perspectiva, la controversia deja de girar exclusivamente alrededor de una eventual doble ciudadanía y pasa a reflejar dos visiones profundamente distintas sobre el rumbo que debería tomar Colombia en los próximos cuatro años.

De un lado, un gobierno que promete estrechar su relación con Washington, fortalecer la cooperación militar y recuperar una agenda de seguridad apoyada en sus principales aliados internacionales.

Del otro, una oposición que considera que ese camino puede erosionar la soberanía nacional y que, desde antes de la posesión presidencial, anuncia que está dispuesta a ejercer una resistencia política mucho más activa que la observada durante otros cambios de gobierno.

Lo ocurrido en las últimas horas también revela otra realidad. Se anticipa un ambiente de alta confrontación. La campaña presidencial terminó en las urnas. Pero la batalla política se reanuda después del puente festivo. 

Y una cuestión más. “El mensaje de Cepeda es desalentador porque le da aire a los intentos de algunos sectores que quieren “hacer invivible este país” durante el gobierno de De la Espriella”, dice el analista Andrés Segura.  

Para él, contradice la imagen de prudente que quiso destacar el excandidato para diferenciarse del presidente Petro, líder de su partido. Y eso, de paso, deja dudas de quién y en qué tono realmente va a liderar la oposición en el gobierno del ‘Tigre’