La tortura de la que fui víctima no tiene relación con el conflicto: el reclamo de Claudia Julieta Duque a la JEP
La periodista fue sometida a tortura psicológica y persecución por su trabajo, en hechos que fueron calificados de lesa humanidad por la justicia ordinaria. Dos de los involucrados William Merchán López y Juan Carlos Sastoque están en la JEP y Duque exigió que sus casos regresen a la justicia ordinaria ya que los hechos nada tiene que ver con el conflicto.
La periodista Claudia Julieta Duque fue víctima de una infame persecución de parte de funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por lo menos desde 2001 por cuenta de la investigación que realizaba sobre el crimen del humorista Jaime Garzón. Fue amenazada, hostigada, tuvo que vivir exiliada e incluso se encontró en los archivos del DAS un ‘manual’ de cómo debían hacerse las llamadas intimidantes en su contra.
Por estos hechos, declarados como de lesa humanidad, ya fueron condenados ocho exfuncionarios del DAS como el exsubdirector José Miguel Narváez (en fallo que compulsó copias contra Álvaro Uribe) o el exsubdirector de inteligencia Emiro Rojas. Dos de los implicados William Merchán López (en juicio) y Juan Carlos Sastoque (investigado) le pidieron pista a la JEP y han entregado compromisos de verdad que están siendo evaluados actualmente.
En escrito de 39 páginas conocido por CAMBIO, Duque manifestó su rechazo absoluto a la posibilidad de que ambos exfuncionarios estén en la JEP por una razón clave: los hechos no fueron cometidos por causa, en ocasión o en relación con el conflicto armado y, por tanto, esa justicia especial, creada en el acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016, no tiene competencia.
¿Por qué? Sastoque y Merchán fueron admitidos por la JEP en 2023 en una resolución que hace un recorrido histórico sobre el DAS y el Grupo G-3 que persiguió no solo a periodistas sino también a magistrados y afirma que la JEP sí tiene competencia sobre estos. Para Duque esto no tiene sentido porque la finalidad de la persecución de la que fue víctima fue desprestigiar la investigación que estaba haciendo y que salpicaba directamente a funcionarios del DAS en el desvío de las pesquisas judiciales por el crimen de Jaime Garzón.
Es decir, no se demostró por qué para la JEP los hechos ejecutados tuvieron que ver con la confrontación armada. “Su finalidad fue distinta: impedir el ejercicio del periodismo de investigación, silenciar denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos, proteger a funcionarios estatales comprometidos en actividades criminales y garantizar la impunidad de esas conductas”, dijo Duque.
Para la periodista, en este caso debería haber al menos la demostración de un vínculo material verificable entre los hechos y el conflicto, y por eso le reclama a la JEP que en una resolución le haya dado valor a las posturas estigmatizantes de los exfuncionarios. ¿Por qué? La resolución dice textualmente:
“(…) William Merchán López y Juan Carlos Sastoque habrían participado en actividades de inteligencia contra la señora Claudia Julieta Duque quien fue equiparada como representante de grupos subversivos en el ámbito internacional (…) para verificar sus eventuales movimientos subversivos (…), la magistratura encuentra acreditada la competencia temporal, personal y material de la JEP”.
Para Duque esto es inadmisible porque la JEP termina dándole valor a lo que dicen los implicados, cuando está plenamente acreditado que fue una estrategia mentirosa y que ella no tiene vínculos con grupos armados, aceptado la doctrina del “enemigo interno”. Bajo esta lógica, basta que un agente estatal califique a cualquier ciudadano sin competencia o prueba alguna de ser un colaborador de la insurgencia, para convertir automáticamente un delito en un hecho relacionado con el conflicto.
Esa tergiversación, dice Duque, terminaría dándole efectos jurídicos a una narrativa que usaron torturadores para justificar una persecución que era claramente ilegal y por la que ya fue condenado el Estado por parte del Consejo de Estado. “Lejos de reparar el daño causado, esa interpretación termina reproduciendo el significado que los perpetradores atribuyeron a mi labor periodística: la idea de que investigar la actuación ilegal de agentes estatales equivalía, de alguna manera, a favorecer los intereses de la insurgencia”, precisó Duque.
Al insistir que confundir la persecución política con un conflicto armado implicaría que la JEP tiene competencia sobre cualquier agresión contra periodistas o líderes sociales, Duque señaló que los compromisos de verdad que han entregado Merchán y Sastoque no tienen información adicional a la ya esclarecida por la Fiscalía.
¿Cuál es el reclamo? Duque explica que se está tergiversando lo que pasó y, de paso, haciendo una reinterpretación del conflicto armado colombiano.
La periodista señaló que la justicia restaurativa no fue concebida para premiar el “abandono parcial de una estrategia defensiva”, sino para garantizar una contribución plena y genuina al esclarecimiento de la verdad cuando Merchán y Sastoque han admitido las ‘chuzadas’ que hizo el G3, pero no la tortura de la que ella fue víctima.
Duque citó las investigaciones de la Fiscalía para enfatizar en que la información obtenida en las interceptaciones luego fue analizada y usada para identificar temores, vulnerabilidades emocionales, relaciones personales de las víctimas y usarla como un instrumento de tortura. Allí se enmarca el memorando hallado en los documentos del DAS que daba instrucciones específicas sobre cómo amenazar a Duque, insistiendo por ejemplo en el temor que ella tenía de usar vehículos blindados y el riesgo que eso podría implicar para su hija.
“El lenguaje empleado durante la amenaza reproduce expresiones que yo misma había manifestado en correos electrónicos igualmente interceptados. Todo ello demuestra que quienes planificaron la operación no improvisaron el contenido de la amenaza. Antes de ejecutarla estudiaron cuidadosamente la información obtenida mediante interceptaciones ilegales, identificaron los factores que mayores niveles de angustia, miedo y desestabilización me producían y construyeron un libreto específicamente diseñado para explotar esas vulnerabilidades”, indicó Duque.
Así, la periodista pidió que la JEP reconozca que no es competente para investigar estos hechos y que devuelva los expedientes contra ambos exfuncionarios a la justicia ordinaria o que estos sean expulsados de esa justicia transicional.
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