Bases, armamento y apoyo, pero con condiciones: lo que ofrece Estados Unidos a Colombia para luchar contra el narcotráfico
En una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, dos funcionarios del Departamento de Estado pusieron sobre la mesa qué está dispuesto a dar Washington para la lucha antidrogas del gobierno entrante. Pero cada ofrecimiento llegó con exigencias.
Por: Juan David Cano
Estados Unidos ya puso condiciones a su respaldo al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. En la audiencia A New Beginning for Colombia, realizada el 15 de julio en el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, dos altos funcionarios del Departamento de Estado detallaron el paquete de apoyo antinarcóticos que Washington está dispuesto a ofrecer al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.
Aunque el mensaje fue de disposición, hubo una advertencia y es que la ayuda dependerá de resultados medibles y de que el país también aporte recursos. Los funcionarios fueron F. Cartwright Weiland, subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por su sigla en inglés), y Luis Méndez, subsecretario adjunto para Suramérica.
La sesión la presidió la republicana María Elvira Salazar, quien abrió el espacio sobre seguridad informando que buena parte de las aeronaves y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana no pueden despegar. Por ello, preguntó qué podía hacer Estados Unidos de inmediato para revertirlo.
El menú que ofrece Estados Unidos a Colombia: helicópteros, drones y “bases de operaciones avanzadas”
Weiland enumeró los instrumentos que, dijo, la INL puede ampliar con rapidez. El más concreto es una flota de helicópteros Black Hawk que Estados Unidos mantiene junto a la Policía Nacional y que, según el funcionario, el año pasado contribuyó a incautar más de 400 toneladas de cocaína y a neutralizar cerca de 200 objetivos de alto valor.
“Son poderosos, señora. Creo que actualmente tenemos 29, pero nos interesa hablar con los colombianos y con la nueva administración sobre la posibilidad de ampliar esa flota”, dijo Weiland.
A esa lista sumó embarcaciones y drones de fabricación estadounidense, capacidades antidrones, software forense e intercambio de inteligencia. También ofreció reforzar la capacidad de investigación y judicialización y explorar apoyo en infraestructura carcelaria.
Consultado por Salazar sobre si Colombia podría invitar a instalar bases militares estadounidenses para facilitar la erradicación, Weiland evitó ese término y habló de otra figura.
“Podríamos montar bases de operaciones avanzadas en los territorios de difícil acceso que hoy son, en esencia, espacios sin control estatal”, respondió.
El funcionario aclaró que no se trataría de bases en el sentido tradicional, sino de centros logísticos donde la Policía Nacional guardaría equipos y tecnología para sostener sus operaciones.
Pero la ayuda depende de los resultados y “compartir la carga”
El respaldo, insistieron ambos funcionarios, no es incondicional. Méndez planteó que la cooperación quedará atada a metas verificables y describió la posesión del 7 de agosto como un momento de reinicio de la relación.
“Eso implica exigirle al nuevo gobierno parámetros medibles en erradicación, extradición y cooperación en seguridad”, afirmó Méndez.
La condición reapareció cuando el demócrata Greg Stanton preguntó por las megacárceles que ha propuesto De la Espriella. Weiland dijo que Washington podría discutir apoyo en el sistema penitenciario, pero con una salvedad.
“Estaríamos encantados de hacerlo, bajo la condición, por supuesto, de que ellos también aporten ciertos recursos, para poder compartir la carga”, señaló. La misma lógica, cumplir para recibir, había resumido su intervención inicial.
“Si el nuevo gobierno cumple, estamos preparados para profundizar nuestra alianza en todas las dimensiones”, dijo el subsecretario.
Las preguntas que quedaron sin respuesta
El problema de la conversación surgió cuando la bancada demócrata cuestionó la eficacia del gasto. Y es que, aunque la parte republicana habla de apoyar a Colombia en tiempos de De la Espriella, Estados Unidos actualmente se encuentra recortando millonarios recursos para hacer más eficientes sus finanzas.
Una intervención directa contra el narcotráfico colombiano implicaría la ejecución de millonarios recursos. Y es que el propio Weiland reconoció que los cultivos de coca alcanzaron un máximo histórico, cerca de 262.000 hectáreas, mientras que la erradicación cayó a un mínimo, unas 8.000 hectáreas destruidas el último año.
Por su parte, Salazar cifró en 300 por ciento el aumento de los cultivos bajo el gobierno de Gustavo Petro, lo que demuestra que el problema no se solucionaría únicamente con apoyo logístico.
Además, los congresistas cuestionaron la capacidad real del gobierno de lograr un cambio en la lucha contra el narcotráfico. Para esto, hablaron sobre el costo de la campaña de ataques a embarcaciones, que estimaron en 4.700 millones de dólares y su efecto real.
Los congresistas citaron un reporte del The New York Times de mayo de 2026 según el cual el precio y la pureza de la cocaína no habían variado de forma significativa desde que empezaron los operativos.
Cuando se le pidió a Weiland el porcentaje de droga interceptada gracias a esa campaña, el funcionario no lo tenía. “No tengo una cifra específica para darle”, respondió Weiland.
Ante esta respuesta, los demócratas afirmaron que la operación no frenó el flujo de drogas, dejó 221 muertos sin debido proceso y consumió recursos que pudieron destinarse a otras intervenciones.
Ese contraste dejó la conclusión de la jornada: y es que si bien la puerta está abierta para Colombia, para los democrátas quedan las dudas de si realmente podrá ayudar la estrategia estaodunidense republicana. Por ahora, el alcance de la cooperación dependerá de lo que Colombia pueda demostrar desde el 7 de agosto.
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