Feminicidio de Sofía Delgado reaviva debate sobre la pena de muerte y las condenas para abusadores de menores en Colombia

Marchas en contra de la violencia de género en Colombia.

Crédito: Colprensa.

18 Octubre 2024 02:10 pm

Feminicidio de Sofía Delgado reaviva debate sobre la pena de muerte y las condenas para abusadores de menores en Colombia

Mientras que congresistas reavivaron el debate, también comenzaron las críticas por un artículo en la reforma a la justicia que propone rebaja de pena para quienes cometan delitos contra menores.

Por: Claudia M. Quintero

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El crimen de Sofía Delgado, la menor de 12 años que fue asesinada por un vecino con antecedentes por delitos sexuales contra menores de edad, conmocionó al país y puso sobre la mesa el debate de las condenas que deberían recibir los responsables de este tipo de vejamenes.

Congresistas de varios sectores reavivaron el debate de imponer pena de muerte a cualquier persona que abuse a un niño o una niña. 

“Pena de muerte para estos desgraciados violadores de niños y niñas. No puede ser posible lo que pasó con Sofía Delgado, ella merecía toda la protección ante un reincidente, que quedó demostrado que nunca se resocializó. Por eso hay que modificar nuestras normas e, inclusive, la Constitución si es necesario”, dijo el congresista liberal Julián Peinado. 

Por otro lado, la representante Erika Sánchez aseguró que es necesario que en Colombia se deje de naturalizar ese tipo de conductas violentas contra los menores. “Esto es un llamado a la Corte y al Gobierno para que miremos jurídicamente qué podemos hacer para llegar al ideal de que la persona que toque un niño tema por su vida”, dijo la congresista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. 

La polémica por propuesta en reforma a la justicia

ministra de justicia
Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Foto: Colprensa. 

 A raíz de este caso también surgió una discusión por un artículo en la reforma a la justicia que plantea rebaja de penas para quienes cometan delitos graves contra menores. Actualmente, esto está prohibido en Colombia. 

De acuerdo con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, no se trata de permitir la impunidad en ese tipo de casos; sino de lograr justicia. 

“(…) La ley lo que dice es que las personas que cometan estos casos no van a tener beneficios. Lo único que se quiere es que la persona asuma su responsabilidad para que no haya impunidad. Desde ese punto de vista, las personas que acepten los cargos, solamente van a tener una rebaja. Pero la pena mínima son 14 años. Por lo tanto, si una persona acepta los cargos, va a pagar, como mínimo, 14 años”, detalló la jefe de la cartera. 

Y también mencionó que es una de las formas para atender este tipo de casos que en muchas ocasiones de hunden en la impunidad por falta de pruebas.

“Entonces, la reflexión es que sobre estos elementos tendríamos que trabajar en la necesidad de sancionar y no de quedarnos en la impunidad. ¿Cuál es el mejor remedio para sancionar? Darle una pequeña rebaja, porque es la mitad de la mitad, y generar una norma que permita una investigación, judicialización y sentencia”, dijo la ministra de Justicia. 

Sin embargo, esa propuesta no cayó bien en distintos sectores. Muchos de los congresistas del país salieron a rechazar esa iniciativa. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, del Partido Alianza Verde y cercano al Gobierno, aseguró que sí apoya la reforma, pero no el artículo antes mencionado. 

Otros congresistas también rechazaron esa iniciativa, como Erika Sánchez, Julián Peinado, Jota Pe Hernández, Katherine Miranda, entre otros. 

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Foto: @MirandaBogota. 

Hay que decir que hay abogados que afirman que la cadena perpetua no es una solución de fondo para este tipo de problemas y que, por el contrario, se debe buscar la prevención.

El abogado penalista Iván Cancino aseguró en sus redes sociales que “la cadena perpetua o la pena de muerte, el linchamiento o la justicia a propia mano no protegerán a nuestros menores. Por el contrario, mandan el mensaje equivocado. El Estado debe fijar políticas públicas de prevención y penas efectivas para quienes atenten contra los niños, niñas y adolescentes. De hallarse culpable, la persona que le quitó la vida a Sofía debe ser condenado a la pena máxima posible, que está alrededor de 50 años. Sin rebajar por aceptar o posibilidad de oportunidad”. 

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