¿Con la paz total en la incertidumbre, Petro se lanza a la ofensiva militar?

Dice el refrán popular que “los árboles no dejan ver el bosque”. Por eso, en ocasiones, las opiniones externas pueden describir mejor una realidad. En los últimos días, dos organismos internacionales han expresado dudas sobre los resultados positivos de la paz total, la principal bandera de reconciliación que enarbola el presidente Gustavo Petro.

En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que el Acuerdo de Paz de 2016 “ha logrado avances notables”, aunque advirtió que persisten los “problemas estructurales” para alcanzar “una paz sostenible”.

Si bien el Acuerdo de Paz fue firmado por el presidente Juan Manuel Santos, su implementación es responsabilidad de sus sucesores, Iván Duque y Gustavo Petro. Aunque el presidente Petro llegó al cargo con una hoja de ruta ya trazada, cualquier falla en su estrategia de seguridad impacta no solo en ese acuerdo, sino que también repercute en los avances de la paz total.

Esto se ha evidenciado, por ejemplo, durante los ataques terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo, donde incluso han entrado a las casas de firmantes del Acuerdo y los han asesinado a sangre fría.

“La situación actual de seguridad en varias regiones del país es preocupante y requiere atención urgente”, afirmó António Guterres. Los excombatientes han sido particularmente afectados por la violencia, añade la ONU en su comunicación oficial, en la que también recuerda que, desde la firma del Acuerdo de Paz, 460 excombatientes han sido asesinados: 11 eran mujeres, 59 indígenas y 57 afrocolombianos.

Solo entre el 27 de diciembre de 2024 y el 26 de marzo de 2025 fueron asesinados 19 excombatientes, lo que representa un incremento significativo respecto al periodo anterior.

Así mismo, se señala que la situación de los líderes sociales continúa siendo muy preocupante. Entre el 27 de diciembre de 2024 y el 3 de marzo de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 40 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos: 9 verificadas, 27 en proceso de verificación y 4 sin conclusión.

La voz de Ruiz Massieu

En el informe que será presentado en Nueva York el 22 de abril por Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el alto funcionario posiblemente detallará el diagnóstico que ya había expuesto en entrevista con CAMBIO.

“Como lo expresé ante el Consejo de Seguridad, estos actos constituyen una grave afectación a la población civil y generan incertidumbre sobre el camino hacia la consolidación de la paz”, dijo en referencia a las acciones criminales del ELN.

“Es importante resaltar que los firmantes de paz optaron por su reincorporación a la vida civil y por aportar, desde allí, a la construcción de la paz. El hecho de atentar contra los firmantes no solo tiene implicaciones muy graves para sus familias y comunidades, sino que profundiza la estigmatización contra las y los excombatientes en general, lo que pone obstáculos en su proceso de reincorporación”, agregó en la charla con este medio.

“Desde Naciones Unidas condenamos todos los asesinatos, desplazamientos y cualquier infracción al Derecho Internacional Humanitario. Insistimos en la importancia de proteger a la población y de respetar los compromisos con la paz”, aseguró Massieu.

HRW: denuncias desde el territorio

A esta visión sobre la situación del país se suma el informe de Human Rights Watch (HRW), que en su capítulo sobre Colombia denuncia una oleada de violaciones a los derechos humanos.

La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, declaró: “En el Catatumbo pudimos documentar homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores y violencia sexual”, hechos que se agravaron entre mediados del año pasado y los primeros meses de este.

Para sustentar estas denuncias, explicó que su equipo realizó 65 entrevistas a personas desplazadas en municipios como El Tarra, Convención, Tibú, Teorama, Sardinata y Ocaña, entre otros. Es decir, se trata de información obtenida directamente en el territorio donde la población sufre en carne propia las acciones de los grupos armados ilegales.

Durante 2024, como parte de su política de paz total, el Gobierno continuó negociando con el ELN, con grupos disidentes de las Farc autodenominados Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia, así como con otras estructuras criminales, incluido el Clan del Golfo.

Aunque se anunciaron varios ceses al fuego con estos grupos, la preparación y supervisión de dichos ceses resultaron insuficientes y, en muchos casos, los actores armados no los respetaron.

“Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de ‘paz total’ ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil”, señaló la organización.

Los armados se multiplican 

HRW también advirtió que los grupos armados cometieron durante el año pasado “serios abusos contra los civiles y expandieron su presencia en el país”: el Clan del Golfo está presente en 392 de los 1.102 municipios de Colombia, el ELN en 232 y las disidencias de las Farc en 299.

Además, criticó a las autoridades por fallar en garantizar la seguridad efectiva de la población y el acceso a la justicia para las víctimas, así como por no investigar ni desmantelar a los grupos armados.

Entre los abusos cometidos, HRW destacó que en la primera mitad de 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo, se registraron 159 casos de reclutamiento de menores, quienes “frecuentemente son miembros de comunidades indígenas”.

Por su parte, el representante encargado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juan Carlos Monge, afirmó en una entrevista con EFE que los procesos de paz del Gobierno con varios grupos armados no necesariamente tienen un impacto positivo en la protección de los derechos de la población civil.

“Estos procesos de diálogo no necesariamente tienen un impacto positivo en la protección de los derechos de las personas, de la población civil, y eso es una preocupación muy grande”, expresó Monge, quien también presentó en Bogotá el informe anual de 2024 sobre Colombia.

¿Un giro en la estrategia?

Para nadie es un secreto que una de las tradicionales debilidades de la izquierda en el poder es la dificultad para imponer medidas de seguridad estrictas en situaciones de crisis. La derecha ha mantenido la narrativa de que es quien sabe manejar la seguridad, mientras que cuando la izquierda está en el poder se asume que no puede aplicar mano dura, porque eso no forma parte de su enfoque ideológico.

Sin embargo, en el contexto actual, y con el país entrando en modo electoral, al Gobierno del presidente Petro le resulta difícil ceder esa bandera a sus adversarios. Por eso, parece estar dando un giro.

La señal más clara fue el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa proveniente del ámbito militar, en reemplazo de uno con experiencia en derechos humanos. El presidente Petro le dio la bienvenida al general Pedro Sánchez y despidió a Iván Velásquez. ¿Este es el primer paso de una ofensiva de parte de las Fuerzas Armadas contra los grupos irregulares?

¿Hay un nuevo enfoque que cambie esa percepción general de que, durante buena parte del Gobierno, se mantuvo a la tropa replegada, lo que llevó a su desmoralización?

Los medios de comunicación, de hecho, ya empiezan a consolidar balances altamente significativos. En los últimos 15 días, las Fuerzas Militares han lanzado dos bombardeos contra el Clan del Golfo en Antioquia, dieron de baja a alias Chirimoya, señalado como el quinto hombre más importante del Clan y cercano a Chiquito Malo, y a alias el Paisa, hombre de confianza de Iván Mordisco y comandante del frente primero Armando Ríos. Solo en la última semana, fueron muertos 20 miembros de distintos grupos armados. Y a esta hora, el asedio contra Mordisco es absoluto.

Entre los analistas hay voces que sostienen que, ante los escasos resultados concretos de la paz total, es posible que el Gobierno haya percibido que su política de reconciliación le está restando apoyos electorales. Por ello, ha decidido avanzar rápidamente en su estrategia de seguridad, con el fin de arrebatar esa bandera a sus opositores de cara a la consulta popular de este año y a las elecciones presidenciales de 2026.

Dos decisiones clave

Aquí se presenta una paradoja. En este momento, el presidente Petro debe tomar dos decisiones trascendentales que sin duda tendrán efectos sobre las conversaciones que adelanta con grupos que, con tropiezos y todo, han participado en el proceso de paz total.

La Corte Suprema aprobó la solicitud de extradición del comandante del grupo Comuneros del Sur, Gabriel Yepes Mejía, también conocido como alias HH o Gustavo, quien es requerido por una corte de Estados Unidos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

“Yepes Mejía también es responsable de la producción de cocaína, la coordinación de envíos de cargamentos de cocaína y la supervisión y dirección del despacho de cargamentos desde la costa de Colombia con destino a lugares predeterminados en las inmediaciones de Centroamérica y México”, advierte la Corte Suprema.

Para que la extradición quede en firme, el presidente tiene la última palabra. Se trata de una decisión crucial, ya que Yepes Mejía es uno de los principales protagonistas del proceso de paz más avanzado que adelanta el actual Gobierno con grupos armados organizados. El frente Comuneros del Sur –una disidencia del ELN– ya empezó la entrega de armas y explosivos.

La otra decisión que debe tomar el presidente Petro es sobre el futuro de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, comandante del Comando de Fronteras, quien también fue solicitado por Estados Unidos.

El rol de Araña en las mesas de negociación rumbo a un posible acuerdo de paz, según lo consignado en la circular, plantea interrogantes sobre la relación entre los esfuerzos gubernamentales para alcanzar acuerdos con grupos armados y las actividades ilícitas que estos continúan desarrollando.

En el Gobierno, entre tanto y por ahora, consideran que lo uno no niega lo otro. Este esfuerzo por superar las violencias organizadas que persisten en una amplia geografía implica una labor de contención de las estructuras armadas, protección de la población civil, tramitación de los conflictos territoriales y construcción de condiciones para el ejercicio de derechos, dicen.

Esas múltiples dinámicas deben impulsarse con el horizonte de mantener la alternativa del diálogo y las negociaciones. No es una tarea fácil; de hecho, es la que nos ha llevado décadas de acción política y social. No podemos seguir oscilando en la dicotomía entre contener y buscar la derrota de los grupos armados, o negociar la paz. La tarea es mucho más compleja, aseguran.

Contener, transformar y acordar son variables que se deben combinar. Es una tarea difícil, pero en la que hay que persistir, añaden.

¿Qué camino tomará el presidente? ¿Cómo actuar cuando todos los candidatos de la oposición están enarbolando la bandera de la seguridad?

Los argumentos para hacerlo no son gratuitos. La más reciente encuesta de Invamer reveló que la principal preocupación de los colombianos volvió a ser la seguridad, con un 31 por ciento de los encuestados señalando el orden público como el mayor problema del país. De ahí la pregunta: ¿es posible que ahora el presidente pase a la ofensiva militar?