La decisión en la Contraloría de Pipe Córdoba que podría ayudarlo en su carrera a la Procuraduría
21 Mayo 2024

La decisión en la Contraloría de Pipe Córdoba que podría ayudarlo en su carrera a la Procuraduría

Carlos Felipe Córdoba y la magistrada María del Pilar Bahamón Falla.

Crédito: Colprensa-JEP

La magistrada del Consejo de Estado María del Pilar Bahamón Falla es la nueva ponente de la consulta que elevó el Gobierno, a petición de la Corte Suprema de Justicia, sobre los requisitos para ser procurador general. Bahamón fue beneficiada en la Contraloría de Pipe Córdoba.

Por: Alejandra Bonilla Mora

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En las Altas Cortes está próximo a empezar el proceso para reemplazar a Margarita Cabello Blanco en la Procuraduría General. Los candidatos serán ternados por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Presidencia de la República para que el Congreso tome la elección definitiva. Uno de los nombres que integra el sonajero es el de Carlos Felipe Córdoba, excontralor y exauditor general, quien goza de un favoritismo importante, pero sobre quien surge la duda de si tiene los requisitos para ocupar ese cargo.

Hasta la elección de Cabello no había duda de que para ser procurador se necesita, entre otros, acreditar 15 años de experiencia en la Rama Judicial, en el Ministerio Público o como abogado, tal y como lo deben hacer los magistrados de Alta Corte. Pero, a finales de 2023, la Corte Suprema de Justicia le pidió al Gobierno que elevara una consulta a la Sala de Consulta del Consejo de Estado para que esta se pronunciara sobre cuáles son los requisitos exactos y si es posible convalidar la experiencia que una persona tiene en una profesión diferente del derecho.

Los corrillos políticos aseguran que el verdadero motivo de esa consulta es que se le permita a Córdoba convalidar la experiencia que tuvo como profesional en Relaciones Internacionales y Gobierno, ya que sus años como abogado no le alcanzan. Ese caso estaba en manos del magistrado Óscar Darío Amaya, quien llegó al Consejo de Estado en 2016 y quien fue procurador delegado para Asuntos Ambientales.

Amaya presentó un proyecto de fallo y la semana pasada esa ponencia fue derrotada por la Sala de Consulta. Esto hizo que el expediente ya no quedara en sus manos, sino que pasó a los de la magistrada María del Pilar Bahamón Falla quien ahora tendrá que presentar una nueva ponencia. Fuentes le dijeron a CAMBIO que aún le falta mucho camino a la decisión que podría tanto beneficiar como truncarle el camino a Córdoba.

El hecho de que el caso haya aterrizado en las manos de Bahamón Falla ya genera algunas alertas por cuenta de que la magistrada fue beneficiada por una decisión de la Contraloría en 2022, cuando Córdoba la lideraba.

¿Habría un conflicto de interés?

¿De qué se trata el caso?

Antes de llegar al Consejo de Estado, Bahamón Falla era secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, y antes de eso fue contratista del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, entre el 28 de enero de 2014 y el 14 de agosto de 2015, entre otros. 

El 15 de enero de 2021 la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal en contra de Bahamón Falla por $23.369.307 que estaba relacionado con presuntas irregularidades en el contrato de suministro 375 de 2014 en la Uspec.

CAMBIO estableció que ese proceso terminó con archivo a favor de Bahamón Falla el 28 de marzo de 2022, en una decisión que fue confirmada el 4 de mayo de ese mismo año. Es decir, la investigación se abrió y se cerró a favor de Bahamón, siendo contralor general Carlos Felipe Córdoba. El funcionario terminó su periodo en septiembre de 2022.

Bahamón

Fuentes consultadas por CAMBIO indicaron que, en términos estrictamente jurídicos, Bahamón no tendría que declararse impedida para participar en este debate porque la consulta elevada por el Gobierno, a petición de la Corte Suprema, no está a nombre de Córdoba, sino que se presentó de manera general. No obstante, la duda de un posible conflicto de interés sí queda en el aire, así como la pregunta de si la vieja decisión tomada por la Contraloría de Córdoba ‘reviviría’ hoy como un intercambio de favores o no.

La consulta y Córdoba

Por ahora, no se han hecho en la Sala de Consulta manifestaciones de impedimento ni se han registrado recusaciones. Aunque la consulta no es obligante, no es un secreto que todos los interesados están a la espera de que la decisión se conozca rápidamente y así empiece realmente la discusión en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado sobre el sonajero de nombres.

La consulta la solicitó al gobierno el magistrado Fernando Cadena Castillo, quien fue presidente de la Corte Suprema en 2023 y quien ya terminó su periodo en el alto tribunal. La idea detrás de la misma es que el artículo 276 de la Constitución dice que el procurador será elegido de terna que integre el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, sin precisar los requisitos.

Ahora, aunque una ley de 1995 decía expresamente que entre las exigencias estaba acreditar la misma experiencia que se necesita para ser magistrado, esa norma fue derogada por un decreto del año 2000, y hay quienes creen que las normas actuales no son claras y por eso se necesita la precisión del Consejo de Estado.

A esto se suma que actualmente hay una ley que permite a las personas que tienen doble titulación de pregrado, convalidar la experiencia que hayan acreditado laboralmente, si se trata de profesiones que están en la misma área de conocimiento. Es decir, que a una persona como Córdoba, se le permitiría acreditar la experiencia que tiene como profesional en Relaciones Internacionales junto con la que ha obtenido desde que se graduó de abogado.

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