Los congresistas en líos con la justicia por pedir plata a los integrantes de su UTL

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra del representante a la Cámara David Racero luego que el periodista Daniel Coronell revelara en su columna de Los Danieles que el congresista le habría pedido parte de su salario a una de las integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Exactamente, se le habría pedido a Estefanía Montoya que usara 2.375.000 pesos de su sueldo para pagar su cuenta de la tarjeta de crédito. Racero le pidió a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue, por lo cual, en próximos días, la Sala de Instrucción del alto tribunal seguramente abrirá una indagación previa. 

Pedir plata a los integrantes de la UTL para usarlo para su beneficio o para entregarla a terceras personas es un delito. El cargo de concusión se tipifica al servidor público que, abusando de su cargo o de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite. Además, tiene una pena entre 96 a 180 meses de prisión.

El caso que seguramente se le abrirá a Racero está lejos de ser el único en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.

Carlos Ferro Solanilla, partido de la U

A comienzos de septiembre, la Sala de Instrucción del alto tribunal acusó al exsenador del Partido de la U Carlos Roberto Ferro Solanilla por haber nombrado a una persona en su UTL y luego exigirle su sueldo para hacer las cotizaciones de salud y pensión.

Roque Julio Díaz Pinzón habría tenido que entregar su sueldo a Ferro en consignaciones que se hacían a nombre de tres personas diferentes. El alto tribunal investiga si Ferro habría pedido porcentajes de sus salarios a otros integrantes de la UTL y si eso devino en un enriquecimiento ilícito.

La defensa de Ferro alegó ante la Corte Suprema que el caso ya estaría prescrito, pero la Sala negó esa petición. Cuando la acusación quede en firme, el exsenador deberá responder ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal.

Carlos Carreño, partido Comunes

De otro lado, en agosto pasado, la Sala de Instrucción abrió una indagación previa en contra del representante a la Cámara por el Partido Comunes Carlos Alberto Carreño Marín, quien antes era conocido como 'Sergio Marín'.

Según el expediente, Carreño habría pedido un porcentaje de su salario a cada uno de los integrantes de su UTL con la amenaza de que, si no lo hacían, perdían su empleo. La denuncia afirma que la plata debía entregarse en efectivo o por consignación a su asistente y que el dinero supuestamente iba destinado al partido.

También se afirma que algunas personas habrían sido nombradas en mejores cargos en la UTL para que la cuota fuera más alta. El congresista recusó a la magistrada Cristina Lombana, quien tiene a cargo el caso. La jurista fue coronel del Ejército Nacional y habría una supuesta enemistad.

César Pachón, Partido MAIS

La Corte Suprema de Justicia también investiga al excongresista César Pachón Achury por una actuación parecida. El caso se remite al testimonio de José Isaac Torres Molina, quien fue nombrado en la UTL y estuvo en ella durante 17 meses sin que viera un peso por ello. 

"A mí me consignaban, pero igual la plata yo no la cogía, me tocaba dársela a él, (César Pachón) en efectivo en una cafetería, él pasaba por donde yo vivo allá en el sector de Puente de Boyacá o enviaba a alguien", dice el testimonio de Torres, revelado en su momento por Caracol Radio. 

Según las pesquisas, el nombramiento de Torres se habría hecho para saldar una deuda que había obtenido Pachón Achury con el propio Torres en 2017 por un contrato. En este caso, la Corte investiga si Pachón firmó las certificaciones mensuales en la Cámara de Representantes sobre la labor que desempeñaba esta persona.

El expediente señala que, supuestamente, Pachón habría pedido la consignación del dinero a través de terceras personas. El excongresista ha negado de forma vehemente estos hechos.

Anatolio Hernández, Partido de la U

En 2022, la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante a la Cámara Anatolio Hernández porque nombró en su UTL a Emilson López Cruz. De su sueldo, según testimonios, se hacían consignaciones a varias personas. De hecho, el propio López reconoció a la Corte que él realmente "no hacía nada" en la UTL.

Según el expediente, Hernández le habría exigido a López que solicitara un empréstito a una cooperativa por 7 millones de pesos y, aunque le prometió darle el dinero, en realidad el trabajador pagó más de la mitad con su sueldo.

Argenis Velásquez, condenada

La más reciente congresista condenada por este tipo de irregularidades es la exrepresentante a la Cámara del Partido Liberal Argenis Velásquez Ramírez. A finales de 2023, la mujer fue condenada a 128 meses de prisión porque se comprobó que obligó a funcionarios de la UTL que le entregaran la mitad del salario recibido.

La sentencia señala que Nohora Mercedes Rojas Benavides entregó en total 25.600.000 pesos a Edwin Harvey Chávez Jojoa, esposo de Velásquez por cerca de un año, hasta que se negó a seguir haciéndolo. Después de esto, a Rojas la declararon insubsistente y la sacaron de la UTL en 2017.

La sentencia dice que Velásquez "olvidó así que los miembros del Congreso representan al pueblo y han de actuar consultando la justicia y el bien común, conforme con el mandato consagrado en el artículo 133 de la Constitución Política, a cambio dirigió su voluntad para sus fines personales al exigir sumas dinerarias a una de sus dependientes”.

Otro tipo de irregularidades en UTL

La Corte Suprema de Justicia también adelanta procesos por otro tipo de irregularidades que habrían cometido congresistas en el manejo de sus UTL.

Por ejemplo, este mes, la Sala de Instrucción decidió seguir investigando, pero en libertad, a la actual congresista del Pacto Histórico Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez porque supuestamente contrató a una persona entre enero y septiembre de 2023 que no habría cumplido con las funciones de su cargo, pero sí recibió salario.