Corte abrió incidente de desacato contra el ministro de Salud y ordenó pagar deuda por presupuestos máximos

La Corte Constitucional abrió un incidente de desacato en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por no cumplir con varias órdenes que se le habían impartido en relación con los denominados presupuestos máximos, que son los valores que paga el Gobierno a las EPS para que estas financien servicios y tecnologías en salud que se encuentran dentro del Plan de Beneficios en Salud, pero que no se pagan con los recursos de la UPC.

La Corte viene haciendo seguimiento a la crisis de la salud desde que emitió la sentencia T-760 de 2008. En 2023 emitió un auto dando varias órdenes al Gobierno y, ahora, en una nueva decisión, el alto tribunal dijo que no se han girado los dineros reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos de la vigencia del año 2022, por valor de 819.000 millones.

"A pesar de que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del 26 de diciembre de 2023 autorizó que estos fueran cancelados con cargo al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024, el Ministerio de Hacienda no ha transferido los recursos, por lo que el ordinal tercero del Auto 2881 de 2023 no se ha cumplido", dijo la Corte.

Además, tampoco se ha cumplido con el deber de crear una metodología unificada para la definición y reajuste de los presupuestos máximos. Por lo anterior, dispuso dar apertura al incidente de desacato en contra del ministro de Salud y Protección Social.

La Sala de Seguimiento indicó que advirtió con claridad la desfinanciación del mecanismo porque pesar de las diferentes adiciones al valor presupuestado, los recursos asignados no alcanzaban para pagar los presupuestos máximos del segundo semestre de 2024 y, aún así, no se hizo nada.

Según la Corte, hoy todavía persisten las falencias advertidas en la evaluación anterior, ya que los recursos para los presupuestos máximos se siguen definiendo durante la misma vigencia, para periodos cortos (dos meses), en actos administrativos individuales. Además, los recursos se reconocen frente a meses que ya terminaron o están terminando y una vez reconocidos el pago también se realiza de forma tardía.

"Ello implica que el Ministerio de Salud y Protección Social omitió el deber de apropiar los recursos requeridos para garantizar la financiación de los servicios y tecnologías en salud PBS no UPC, lo que, a todas luces, constituye un retroceso y un incumplimiento de lo ordenado en el punto (v) del ordinal quinto del Auto 411 de 2016, reiterado en el ordinal séptimo del Auto 2881 de 2023", dijo la Corte.

Por lo anterior, la Sala Especial declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de los presupuestos máximos evaluado en el marco de las órdenes 21 y 22 de la Sentencia T-60 de 2008 y dictó varias órdenes nuevas al Ministerio de Salud:

1. Pagar los presupuestos máximos reconocidos para los periodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2024.
2. Reconocer los presupuestos máximos correspondientes a los periodos de noviembre y diciembre de 2024, lo cual deberá ocurrir a más tardar el 30 de enero de 2025.
3. Pagar los presupuestos máximos correspondientes a cada uno de los meses de 2025 dentro de los 15 primeros días de cada periodo. El pago correspondiente a los meses de enero y febrero deberá efectuarse dentro de los 10 últimos días del mes de febrero.
4. También le ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que transfiera los recursos necesarios para que el Ministerio de Salud.

La Sala de Seguimiento también resaltó que la demora en el pago y en la implementación de medidas que permitan superar la insuficiencia de recursos pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS.

Ahora, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tiene dos días para pronunciarse sobre el incidente de desacato. De no hacerlo, la Corte advirtió que se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que proceda a las investigaciones pertinentes por el delito de fraude a resolución judicial.