Crisis financiera de las universidades públicas: Gobierno e independientes intentan un rescate en el Congreso

La crisis financiera de las universidades públicas en el país es cada vez más visible. En las asambleas de las instituciones, en los movimientos estudiantiles y hasta en el mismo Gobierno se habla del problema. Para hacerle frente a la situación –y con un nuevo ministro de Educación– el Gobierno se sumó al proyecto de la bancada independiente para buscar soluciones.  

Este martes, los congresistas Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso; Ariel Ávila, del Partido Verde; Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, volvieron a radicar un proyecto de ley que pretende modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que establecen la forma en la que se financian las universidades públicas.

Esa iniciativa se hundió en la legislatura pasada por falta de discusión, pero esta vez tiene el apoyo del Gobierno, que espera lanzarles un salvavidas a las universidades públicas y sacar adelante una de sus promesas de campaña. 

En la legislatura el Gobierno también había presentado una reforma a la educación, pero era estatutaria y abordaba el tema de la financiación; sin embargo, incluía algunos puntos que para la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) eran críticos. De hecho, la oposición de Fecode fue uno de los elementos que llevó a que el proyecto se hundiera luego de tener acuerdos con la oposición. 

¿Qué busca el proyecto?

Esta iniciativa pretende hacer modificaciones parciales a la Ley 30 de 1992, puntualmente a los artículos 86 y 87, los que establecen la forma en la que se financian las universidades públicas en el país. 

La modificación está en tres puntos claves, según el equipo de la representante Jennifer Pedraza. En principio, con la modificación al artículo 86 de la Ley 30 aumentarían los recursos para el funcionamiento de las universidades, incluyendo el índice (Ices) que contempla los cuentos de la educación que calcula el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 

El segundo punto fundamental es la modificación al artículo 87, para ampliar los recursos de inversión de las instituciones públicas. Así, se pasaría anualmente del 30 por ciento de incremento real del Producto Interno Bruto (PIB) al 70 por ciento del mismo. “Esta es una forma de canalizar los recursos del crecimiento económico hacia la financiación de la educación pública”, detallaron. 

El tercer punto es el que crea un piso mínimo de recursos públicos. Es decir, una base presupuestal para las Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas e Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas (ITTU). Con esto, la financiación de estos centros de educación pasarían de mano de los entes territoriales, como ocurre ahora, a manos de la nación. 

El articulado también hace referencia a un fondo para el mejoramiento y cierre de brechas de las universidades públicas, que tendrá como objeto financiar un conjunto de planes de inversión que garanticen mejorar las condiciones.

Este fondo estará financiado por las partidas presupuestales asignadas en el Presupuesto General de la Nación, los recursos asignados y no comprometidos; los recursos que aporten entidades públicas, personas naturales o jurídicas; rendimientos financieros, las donaciones o aportes de organizaciones, y a los aportes del sistema general de regalías. 

De acuerdo con el ministro de Educación, Daniel Rojas, esta iniciativa “es el primer paso hacia la reforma integral a la Ley 30 (…) Con esto se pretende que a mediano plazo se logre ampliar la inversión en educación pública superior, así como la cobertura”.

Rojas aseguró que una de las apuestas es cerrar la brecha territorial en el país, para que no siga ocurriendo que en las zonas más alejadas sea más difícil el acceso a la educación superior.  

El ministro de Educación fue claro en decir que están abiertos a la discusión que se va a generar en el Congreso. 

¿La unión Gobierno - independientes tendrá futuro en el Congreso?

El proyecto de Pedraza, Ávila y Becerra fue archivado en la legislatura 2023-2024 por falta de discusión, y el de Gobierno se quemó en la puerta del horno, como se dice coloquialmente. Este último parecía tener el camino fácil, porque ya se habían generado acuerdos con los partidos de oposición; pero la crítica de Fecode y los desacuerdos de líderes estudiantiles e, incluso, de la misma representante Jennifer Pedraza, hicieron que el proyecto se quedara. 

Una de las críticas más fuertes que tuvo la ley estatutaria de la educación que presentó el Gobierno fue la posibilidad de que se equiparara la educación oficial con la educación no formal. Además de los efectos que podrían tener las evaluaciones docentes sobre la permanencia en los trabajos. 

En cambio, el proyecto que se radicó este martes aborda un problema fundamental, que es la financiación, y no implica una reforma integral a la reforma a la educación. Con esto, se evita abordar temas más espinosos que podrían ser una dificultad en la discusión en el Congreso. 

Por otro lado, esta iniciativa que pretende modificar la Ley 30 ya tiene el apoyo del Gobierno, los independientes y, según conoció CAMBIO, hasta hay firmas de la oposición. Es decir, hay ambiente político para que se dé el trámite y pueda convertirse en ley de la república. 

A lo anterior se suma que el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, aseguró que “dará todo para que se pueda discutir ese texto” y se enriquezca en el camino por el Legislativo. 

Lo cierto, de acuerdo con el equipo de la representante Jennifer Pedraza, es que en el transcurso de la discusión esperan eliminar algunos artículos que agregó el Gobierno y que les generan ruido.