
Exclusivo: así va la puja por la extradición de Diego Marín, alias Papá Pitufo
Diego Marín Buitrago, señalado por autoridades colombianas como el capo del contrabando.
Crédito: Foto: CAMBIO
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Un mes después de su captura, el señalado capo del contrabando Diego Marín, alias Papá Pitufo, no ha sido imputado por la Fiscalía, no tiene medida de aseguramiento y no ha sido extraditado. La puja se lleva silenciosamente ante un juez de Bogotá. CAMBIO revela cómo va la batalla jurídica para que Marín regrese a Colombia.
Por: Sylvia Charry

Hasta ahora parece que Diego Marín Buitrago, el señalado capo del contrabando conocido con el alias de Papá Pitufo, le sigue ganando la batalla a las autoridades colombianas que, pese a sus incansables esfuerzos, no han logrado su extradición. Después de su recaptura en Portugal, se ha librado una reservada puja jurídica en los juzgados de Paloquemao de Bogotá. En la balanza están pesando más los derechos del procesado que el afán que tiene la justicia de que regrese al país. CAMBIO revela los pormenores del pleito.
El proceso para traer a Marín a Colombia
El 3 de diciembre de 2024, Marín fue recapturado en Portugal para que respondiera ante las autoridades colombianas por cuenta de la solicitud de extradición que ya había sido avalada por el gobierno español. En ese momento, el Gobierno nacional celebró la detención, pues, según sus cálculos, era cuestión de días para que Marín pisara territorio colombiano.
Sin embargo, el proceso para traerlo al país ha estado más complicado de lo esperado y, un mes y diez días después, la Fiscalía no ha logrado imputarle cargos ni solicitar medida de aseguramiento en su contra, lo cual podría torpedear el proceso de extradición. Precisamente ese será el argumento de la defensa para evitar que sea extraditado.
La semana que pasó fue citada –por quinta vez– la audiencia de imputación de cargos contra Diego Marín. En esa diligencia, la Fiscalía pretendía que la juez accediera a imputarle cargos en contumacia, es decir, sin su presencia, pero, de nuevo, la audiencia se frustró. CAMBIO tuvo acceso a la audiencia en la que se revelaron las dilaciones que no han permitido que se le imputen cargos a Marín y que sea extraditado.
Según el recuento que hizo la fiscal del caso, las cinco citaciones a la audiencia de imputación de cargos contra Marín han sido frustradas: el 13, 18, y 27 de diciembre, y el pasado 2 y 8 de enero. Por eso, en la más reciente audiencia, la juez del caso reprochó lo que llamó la "burla a la justicia" por cuenta de dos aspectos: dilaciones por parte de la defensa de Diego Marín y que Portugal se está “negando sistemáticamente” a conectar a las audiencias al capturado.
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La "burla a la justicia" colombiana
El 13 de diciembre el entonces abogado de Marín, David Leonardo Pardo, solicitó aplazar la audiencia y el juez 48 de garantías de Bogotá accedió y se programó para el 18 de diciembre. Ese día se instaló la audiencia de imputación de cargos y, aunque por primera vez hizo presencia Diego Marín con su defensor de confianza, las autoridades portuguesas dijeron que al procesado no le interesaba comparecer, el abogado de Marín recusó al juez y la diligencia se suspendió.
Aunque la recusación fue rechazada rápidamente y la cita fue programada para el 27 de diciembre, no se realizó porque las autoridades portuguesas no conectaron a Marín. La juez, que está reemplazando al titular del despacho, fijó para el pasado 2 de enero la diligencia, pero tampoco pudo llevarse a cabo porque las autoridades portuguesas dijeron que regresaban a sus funciones hasta después del puente de Reyes.
Finalmente, se fijó para el miércoles 8 de enero. Pero ese día tampoco pudo instalarse porque Pardo renunció, se presentó Édgar Villamil diciendo que era el nuevo abogado de Marín, pero el procesado no fue conectado y entonces no pudo acreditar que Villamil era en efecto su apoderado.
Entonces, ese día, la fiscal del caso trató de que se declarara la contumacia por considerar que Marín está siendo rebelde con la justicia. Dijo que desde el 18 de diciembre las autoridades portuguesas señalaron que a él no le interesaba comparecer en el proceso penal y que eso era más que suficiente para que la justicia accediera a imputarlo en contumacia. Pero hay varios factores que hicieron que la juez se negara a esa petición.
El primero, que no hay registro de audio o video en el que conste que esas fueron las palabras de Marín. Si lo hubiese, seguramente lo habría ya declarado en contumacia y la audiencia se habría podido realizar con un defensor de oficio que ha hecho presencia en las audiencias desde el primer día.
El segundo, es que, para la juez, las leguleyadas de su anterior abogado, David Leonardo Pardo, no se le pueden atribuir a Marín. Por cierto, la juez le compulsó copias a la Comisión de Disciplina Judicial para que investigue a Pardo por las dilaciones en el proceso.
El tercer factor para que no se declarara contumacia es que, como ya fue mencionado, el detenido no pudo darle poder a Villamil como su nuevo abogado.
Y, finalmente, la juez dijo que como Marín está detenido a disposición de las autoridades portuguesas, son ellas las que deben garantizar su comparecencia al proceso. Pero los portugueses dijeron en una comunicación a la Fiscalía que no lo podían conectar porque no se habían expedido las notificaciones necesarias con la antelación que exigía la ley, por lo que señalaron como fechas tentativas para conectarlo el 20, 21 y 22 de enero.
“Ese es un asunto que se escapa de la justicia colombiana porque no podemos hacer nada frente al manejo de los tiempos que dan en Portugal. No queda más sino atenernos a las fechas que ellos señalan. La insistencia para que conecten a audiencia a Diego Marín es porque está privado de su libertad y lo mínimo que se debe permitir es que se le conecte y si esa persona no quiere escuchar, es su derecho, pero lo que no podemos permitir es la renuencia sistemática de Portugal a conectar a esta persona a las audiencias”, sentenció la juez.
En el siguiente video se puede ver su intervención:

¿Es necesaria la imputación para la extradición?
El meollo del asunto es que las opiniones están divididas sobre si es necesario o no que Marín esté imputado y tenga una medida de aseguramiento en su contra para pedirlo en extradición. El hecho de que no tenga resuelta su situación jurídica será un argumento que usará la defensa de Marín para evitar su regreso a Colombia.
Para la Fiscalía, la imputación no es necesaria para pedirlo en extradición, pues basta con la orden de captura internacional vigente que fue expedida por un juez de la república. Pero la batalla no está fácil.
El pool de abogados de Marín para el proceso de extradición, recientemente contratado, es de grueso calibre. Como abogado principal está Camilo Andrés Rojas, exviceministro de Justicia y como suplente está el exfiscal general Mario Iguarán. Ambos le están apostando a que Portugal rechace la solicitud por lo que llaman “un error de la justicia” al pedirlo en extradición sin haberle resuelto su situación jurídica.
La estrategia de la defensa de Marín queda clara en tres derechos de petición, conocidos por CAMBIO, que enviaron a la Cancillería, a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia. En estos documentos, los abogados piden que se les especifique varias cosas.
Primero, si han iniciado actividades de solicitud de extradición del ciudadano colombo-español Diego Marín. Segundo, que expliquen qué instrumento internacional están usando para la solicitud. Y tercero, y un punto clave, que se indique y suministre copia de la resolución que define la situación jurídica de Marín y la medida de aseguramiento, que sirva como soporte a la eventual solicitud de extradición.
Quizás, por ese detalle de que la justicia colombiana no le ha resuelto la situación jurídica es que el abogado del proceso penal, Pardo, incurrió en dilaciones, lo que ayudaría al procesado.
¿Qué responden los abogados de Diego Marín?
El abogado Camilo Rojas respondió a CAMBIO en un extenso comunicado. En primer lugar, dijo que no es cierto que las autoridades portuguesas hayan indicado que Marín Buitrago no quería asistir a la audiencia y mucho menos que sea renuente a comparecer al proceso penal.
Aseguró que el mismo Marín le solicitó a la juez 48 de control de garantías el aplazamiento de la audiencia del 18 de diciembre porque no le habían permitido comunicarse con su abogado y que, a pesar de ello, a la fecha, Marín sigue sin poder comunicarse con el defensor Villamil.
El abogado Camilo Andrés Rojas Castro
"La solicitud de aplazamiento jamás podrá entenderse como una actitud dilatoria, evasiva y mucho menos una manifestación de renuencia a comparecer al proceso, al contrario, esto evidencia que Diego Marín pretende la protección de sus derechos humanos como lo es el de defensa, protegido además convencionalmente, y que está dispuesto a atender el llamado de la justicia colombiana, pero siempre y cuando se respeten sus garantías fundamentales", dijo el abogado Rojas.
Para el defensor, la verdadera razón de que no se haya llevado a cabo la audiencia de imputación de cargos es "una cadena de errores procedimentales en los que ha incurrido el ente acusador".
Sobre el proceso de extradición, Rojas dice que él y su equipo de defensores se acaban de enterar, por medio de una de las abogadas de Portugal, que el Estado colombiano ya inició el trámite de extradición. Sin embargo, afirman que el Gobierno nacional no les ha notificado formalmente.
Por eso, según él, lo único que han hecho es solicitar a las autoridades que les informen cuáles son las bases legales y los instrumentos internacionales, llámese tratado de extradición o convenio de cooperación judicial, que sustentarían tal petición.
La puja está en manos de las autoridades de Portugal que, por ahora, no se han mostrado empáticas con la justicia colombiana.
La cronología del caso
Nadie se explica cómo un año después de la primera solicitud de extradición de Marín todavía parece que la justicia colombiana está lejos de lograrlo. Marín fue capturado inicialmente en abril de 2024 cuando las autoridades españolas hicieron efectiva una orden de captura internacional emitida por Colombia.
Eso se dio gracias a que la Fiscalía logró que un juez de garantías de Bogotá ordenara la captura contra el poderoso capo del contrabando en un proceso en el que también fueron capturados Ricardo Orozco Baeza, alias el Bendecido, conocido como el zar del contrabando; Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho o Millo, conocido como el zar de los cigarrillos; el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, secretario privado de la Polfa en 2023; coronel (r) Alexander Galeano Ardila, y el exintendente José Helí Álzate Moncayo, alias Alejo, todos ya procesados.
Sin embargo, Marín, ciudadano colombo-español, logró que ese mismo mes la justicia española accediera a darle una medida de libertad provisional y, ya en libertad, pasaron meses de pleitos jurídicos con los que el detenido evitaba ser extraditado.
Meses después, en noviembre del mismo año, el Consejo de Ministros de España autorizó la extradición de Marín a Colombia. Era el último paso para que se hiciera efectiva. Sin embargo, la decisión llegó tarde pues el señalado capo del contrabando ya había cruzado la frontera y estaba en territorio portugués. Las autoridades colombianas no se rindieron y lograron que Marín fuera recapturado en Portugal.
El presidente Gustavo Petro ha dicho públicamente que Marín es “el jefe de una enorme asociación para delinquir que incluye personas que están en el interior del Estado, en la vida política y en general en la delincuencia en Colombia, dedicados a lo mayor del contrabando en el país”.
De acuerdo con las autoridades, alias Papá Pitufo tenía una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por presuntamente ser el cerebro de una red criminal que pagaba grandes sumas de dinero para entrar contenedores con mercancía de contrabando por los puertos de Buenaventura y Cartagena.
Las investigaciones de la justicia colombiana muestran que el zar del contrabando importaba electrodomésticos en los que escondía divisas y así lavaba dineros del narcotráfico. De hecho, había sido identificado por las autoridades desde finales de los noventa por presuntos vínculos con el cartel del Valle del Cauca.
En todo caso, su extradición a Colombia todavía está en veremos y la verdad sobre el oscuro capítulo de corrupción, que involucra a funcionarios y exfuncionarios del más alto nivel, también.
