Ejecuciones extrajudiciales.
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Ejecuciones extrajudiciales: Gobierno reconoce demoras y falta de recursos para pagar indemnizaciones a familias
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Desde 2023 avanza una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que presentó el abogado Javier Villegas Posada, con relación a 42 casos de lesa humanidad en los que ya la justicia le ordenó al Estado pagar indemnizaciones, incluyendo algunos como las ejecuciones de los jóvenes de Soacha. Pero el retraso en los pagos es de al menos cinco años, según el propio Ministerio.
El Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del Ministerio de Defensa reconoció, en un oficio del pasado 24 de febrero, que la cartera no recibió los recursos suficientes en el presupuesto de 2025 para una de sus responsabilidades claves, pero de la que poco se habla: pagar las indemnizaciones que ordenan jueces, tribunales y las cortes cuando se condena al ministerio o a la fuerza pública por un caso de violaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, cuando el Consejo de Estado reconoce la responsabilidad de la Nación por un caso de ‘falso positivo’ o ejecución extrajudicial, esas decisiones normalmente incluyen el pago de una indemnización por los perjuicios sufridos a las familias. Pero estos pagos no se hacen de manera inmediata, sino que hay un sistema de turnos que tiene una demora de varios años, lo que ha generado la molestia de las familias y sus abogados, así como todo un negocio de firmas que 'compran' las sentencias, es decir, les pagan a las víctimas hoy y reciben el dinero cuando le llegue el turno a esa familia en particular.
El abogado Javier Villegas Posada presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, denunciando la situación y enfatizando en varios temas. Primero, que los procesos en la justicia administrativa pueden tardar hasta 15 años en ser resueltos. Hablamos de ‘falsos positivos’, pero también masacres o casos que avanzan cuando una persona es detenida injustamente y luego es liberada o absuelta de un señalamiento.
La queja de Villegas Posada señala que no solo el Estado debe garantizar que los recursos judiciales sean efectivos, sino que la materialización de los derechos de las víctimas en un tiempo razonable debería convertirse en política estatal, por la naturaleza de estos expedientes. Solo este abogado tiene 42 casos con sentencias emitidas entre 2017 y 2025 que no se han pagado y que involucran a casos de los ‘falsos positivos’, incluidos varios de Soacha.
Un año después de presentada la queja, en 2024, el abogado presentó una insistencia ante la CIDH señalando que en los casos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, “el Estado colombiano no ha cumplido las órdenes judiciales que aportarían al camino de la reparación integral”, lo cual “agudiza la revictimización de sus familiares, pues no solo han tenido que esperar décadas para que en materia de justicia se dé algún avance significativo y sanción a los responsables, sino que también han tenido que seguir esperando por tiempo indefinido una reparación económica”.
La respuesta de Mindefensa
En el oficio de cuatro páginas del pasado 24 de febrero, conocido por CAMBIO, el Ministerio reconoció que el presupuesto de este año no contempló este rubro: “(…) Se evidencia que no le fueron asignados recursos del presupuesto nacional para el pago de sentencias y conciliaciones”.
Por esa razón, el Grupo de Reconocimiento de Obligaciones señaló que “iniciará a dar aplicación al pago del pasivo por Contingencias Judiciales de las entidades estatales por medio del Fondo de Contingencias”, en cumplimiento de un decreto de 2020 con el cual se constituyó una sección del presupuesto general de la Nación para los procesos judiciales de todo tipo que apenas arrancaron en 2019.
Según el Ministerio, por esta vía excepcional y contingente se han ido pagando turnos atrasados. Pero para el resto de los casos, es decir, los que tengan expedientes que arrancaron antes de 2019, se indicó que sí se necesita que la plata para el pago salga del presupuesto del Ministerio y no del Fondo de Contingencias.
“Se esperará a que el Gobierno modifique los rubros asignados para el Ministerio de Defensa para el pago de sentencias y conciliaciones o de aplicación a su Plan de Desarrollo”, dice el documento. Dicho plan contempló que se harían 12.000 solicitudes de orden de pago entre 2019 y 2023, para descongestionar las reclamaciones.
Con ese panorama, el Ministerio de Defensa señaló que “conforme al comportamiento y rubro asignado para pagos de sentencias y/o conciliaciones de los últimos cuatro años, se logra tener un estimado de retraso de aproximadamente 5 años desde la fecha en que otorga el turno a la cuenta de cobro hasta el momento de su liquidación”.
En palabras sencillas, las familias que han luchado durante años para demostrar una ejecución extrajudicial, por ejemplo, y ganan el caso en la justicia administrativa, tendrán que esperar al menos unos cinco años más para recibir la indemnización.
El abogado Javier Villegas Posada le dijo a CAMBIO que de esos 42 casos, en solo dos las familias han recibido las indemnizaciones correspondientes.
“No basta con los actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad, pues el Estado no ha cumplido con la obligación de reparar el daño indemnizando a sus familiares. Son más de 500 personas que represento y que son revictimizadas porque llevan años esperando a que el Gobierno cumpla con su obligación de indemnizarlas”, señaló.
