Ejecuciones extrajudiciales: Gobierno reconoce demoras y falta de recursos para pagar indemnizaciones a familias
Desde 2023 avanza una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que presentó el abogado Javier Villegas Posada, con relación a 42 casos de lesa humanidad en los que ya la justicia le ordenó al Estado pagar indemnizaciones, incluyendo algunos como las ejecuciones de los jóvenes de Soacha. Pero el retraso en los pagos es de al menos cinco años, según el propio Ministerio.
El Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del Ministerio de Defensa reconoció, en un oficio del pasado 24 de febrero, que la cartera no recibió los recursos suficientes en el presupuesto de 2025 para una de sus responsabilidades claves, pero de la que poco se habla: pagar las indemnizaciones que ordenan jueces, tribunales y las cortes cuando se condena al ministerio o a la fuerza pública por un caso de violaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, cuando el Consejo de Estado reconoce la responsabilidad de la Nación por un caso de ‘falso positivo’ o ejecución extrajudicial, esas decisiones normalmente incluyen el pago de una indemnización por los perjuicios sufridos a las familias. Pero estos pagos no se hacen de manera inmediata, sino que hay un sistema de turnos que tiene una demora de varios años, lo que ha generado la molestia de las familias y sus abogados, así como todo un negocio de firmas que 'compran' las sentencias, es decir, les pagan a las víctimas hoy y reciben el dinero cuando le llegue el turno a esa familia en particular.
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