
El general Tito Castellanos deberá explicar dádivas que habría recibido de narcotraficantes
El exsubdirector de la Policía Tito Castellanos.
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Fuentes de la Fiscalía confirmaron a CAMBIO que el general Tito Castellanos, exsubdirector de la Policía, fue llamado a interrogatorio por una investigación que reveló hace un año este medio y que estaba relacionada con los supuestos vínculos del general con una organización narcotraficante.
Por: Sylvia Charry

En mayo del año pasado CAMBIO reveló la historia de una organización corrupta que cooptó a integrantes de las más altas esferas de la Policía Nacional. La historia empezó en 2023 con la captura de tres mayores de la Policía señalados de hacer parte de un complejo entramado de corrupción que operó entre 2019 y 2023. Según la investigación, los uniformados empezaron con el robo de recompensas de los gastos reservados de la Policía y de la DEA, pero, luego, escalaron en el negocio aliándose, supuestamente, con el Clan del Golfo y La Cordillera para traficar cocaína.
En ese caso, el nombre del entonces subdirector de la Policía, el general Tito Castellanos, fue mencionado por varios integrantes de la red. Hoy, la Fiscalía confirmó a CAMBIO que el general fue vinculado formalmente al proceso y fue citado a interrogatorio.
Las fuentes aseguran que Castellanos fue citado a interrogatorio el próximo 5 de marzo para que dé explicaciones por unas dádivas que habría recibido a cambio de favorecer a una red narcotraficante que enviaba cocaína a Europa. Los investigadores tienen pruebas de que el oficial recibió unos tiquetes aéreos a Estados Unidos de parte de integrantes de esa organización criminal y, por eso, con el interrogatorio quedará vinculado formalmente al proceso.
CAMBIO había revelado que, por los hechos, el 12 abril de 2024 la Fiscalía 10 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar para establecer cuál fue su participación. Sin embargo, ante las publicaciones de este medio, Castellanos dio una entrevista en la W Radio en la que negó los señalamientos, dijo que la información era falsa e, incluso, que no conocía a los involucrados.
“No tengo ninguna relación con los hechos, no conozco a los implicados, nunca he estado vinculado a temas ilícitos y no he sido requerido por la justicia, hice la solicitud una vez salí y la respuesta es que no estoy investigado, me pongo a disposición (…) fui el director de Antinarcóticos, en el lapso de 2019 a 2020 fui delegado por la Policía ante otro país, regresé y estuve seis meses como subdirector de Antinarcóticos y después al Inpec”, dijo, en ese entonces.
Además, explicó que el patrimonio que tiene, de más de 2.000 millones de pesos, se debía a una liquidación de su esposa.
“En 2006, en la masacre de Jamundí murió un mayor, era la pareja de mi esposa, por eso se hizo una demanda al Estado y salió por miles de millones de pesos. Se decidió abrir dos cuentas en Estados Unidos, una la hace mi esposa y otra mi hijo. De Policía por obvias razones tenía que abrir cuentas allá, yo puedo dar los soportes de cuál fue la indemnización”, aseguró.
La investigación de CAMBIO sobre sus supuestos nexos con los narcos
Según la investigación, el líder de los capturados es el mayor Pablo Andrés Uribe que, hasta el momento de su detención, tenía una hoja de vida intachable y una reputación sólida en la Dirección Antinarcóticos. Tanto es así que, de 2019 a 2022, fue jefe de la Unidad investigativa SIU Caribe con sede en Barranquilla.
El grupo Sensitive Investigative Unit (SIU) o Unidad de investigaciones Sensibles es un programa de la DEA que financia y entrena agentes para la lucha contra el narcotráfico en diferentes países. En Colombia estas unidades las tiene la Dijín y la Diran (antinarcóticos) de la Policía, y el CTI, de la Fiscalía, con enlaces permanentes de la DEA.
En los primeros tres años el modus operandi era el siguiente: el mayor Uribe obtenía información privilegiada sobre las rutas del narcotráfico. Luego, se la filtraba a una supuesta fuente de apellido Montaña, que se la entregaba a la Policía para cobrar la recompensa y después repartir entre sus cómplices esa plata de la institución y de la DEA. El monto no puede ser revelado porque hace parte de la reserva de las autoridades norteamericanas.
En 2023, los oficiales pasaron de cobrar recompensas a sumarse al negocio del narcotráfico. Ese año los mayores capturados Carlos Mario Montoya y Andrés Felipe Osorio, y el patrullero Elkin José Tovio, se le unieron al mayor Uribe y a Montaña, la fuente. Los investigadores aún no descartan que su supuesto actuar delictivo viniera de tiempo atrás.
El líder de la red, el mayor Pablo Uribe, pasó del SIU Caribe al grupo de Lavado de Activos de la Dirección Antinarcóticos en Bogotá. Desde ese cargo, según la Fiscalía, empezó a trabajar para el Clan del Golfo y La Cordillera, que el año pasado fue señalada de planear un atentado contra el presidente Gustavo Petro.
El mayor Carlos Mario Montoya era comandante del Grupo Gaula Valledupar; el mayor Andrés Felipe Osorio Osorio, investigador del Grupo de apoyo a la Justicia Penal Militar en Bogotá; y el patrullero Elkin José Tovio integraba la Dirección de inteligencia policial (Dipol) en el grupo de inteligencia del Gaula de Barranquilla.
Desde 2023, según la Fiscalía, la red de policías empezó a facilitar el transporte de droga hasta los puertos de Barranquilla y Cartagena para que, desde ahí, saliera en contenedores hacia Europa.
El trabajo de la estructura era osado y confuso. Dice la Fiscalía que el mayor Uribe y la fuente Montaña engañaban a los narcotraficantes y a los otros policías capturados. El negocio tenía tres fases. Primero les cobraban a los narcos por transportar la droga en carros oficiales hasta los puertos. Luego, por dejar que saliera a Europa. Finalmente, delataban esos cargamentos en el país de destino y cobraban la recompensa. Es decir, cobraban doble: a los narcos y, luego, a la Policía y a la DEA.
Según fuentes de la investigación, ese modus operandi fue el que permitió que trabajaran bajo la sombra durante tantos años. En el papel, esa unidad daba resultados y registraba buenos índices de incautaciones.
A finales de 2024, la investigación, impulsada por Estados Unidos, adquirió una nueva dimensión. Una fuente no policial les dijo a las autoridades que las cabezas de esta red no eran solo unos mayores. Ese informante aseguró que el general Tito Castellanos, en ese entonces el segundo al mando de la Policía Nacional, era a su vez uno de los determinadores del entramado criminal.
Las primeras sospechas sobre las conductas de Castellanos no solo lo sacaron de la institución, sino que despertaron alertas en la justicia. El testimonio inicial de una fuente civil ya era un dolor de cabeza para el general. Ahora, cuando un mayor de la Policía lo corroboró, su situación se complicó aún más. Con esos testimonios como soporte, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra Castellanos por supuestamente recibir dinero por suministrar información que terminaba beneficiando a los grupos criminales. Los tres mayores implicados en el caso están ad-portas de ser solicitados en extradición por Estados Unidos.
Aunque este puede ser el más grande, no es el único señalamiento que ha empañado la carrera de Tito Castellanos, un general que forjó la mayor parte de su trayectoria en Antinarcóticos. Su nombre aparece también mencionado en los escándalos de la estructura contrabandista de Diego Marín y alias el Bendecido; la fuga de alias Matamba, líder de La Cordillera: y las salidas irregulares de Carlos Mattos de la cárcel La Picota, de Bogotá.
A pesar de los cuestionamientos y de la animadversión que Castellanos despertaba en sectores de la cúpula de la Policía, altas fuentes de la institución consultadas por CAMBIO afirmaron que el general pudo mantenerse en su cargo gracias a la protección de una persona muy cercana al entonces presidente Iván Duque. Dicen las fuentes que, muchas veces, el general se ufanaba de esa relación.
