Falsos positivos: los crímenes por los que está en juicio el coronel (r) Publio Hernán Mejía

El primer juicio que la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta desde su creación, se realiza en contra del coronel en retiro del Ejército Publio Hernán Mejía por haber liderado y promovido un aparato organizado de poder que se encargó de ejecutar personas extrajudicialmente y hacerlas pasar como si fueran bajas legítimas en un combate.

El horror de los falsos positivos que involucran a Mejía fue comprobado por la justicia ordinaria, que lo condenó en 2013 a 19 años de prisión. El oficial retirado se sometió a la JEP, pero no cumplió los compromisos asignados y, al contrario, lanzó un discurso de odio desde sus redes sociales y en su canal de YouTube. Incluso, el militar buscó la Presidencia y en su campaña incentivó la violencia e hizo comentarios revictimizantes.

Mejía perdió su libertad y fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Esa entidad lo acusó el 31 de julio de 2023 porque entre diciembre de 2001 y enero de 2003, siendo comandante del Batallón La Popa del Ejército Nacional, lideró el plan criminal que asesinó vilmente a 72 personas y los presentó como bajas en combate con una idea: "darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad (con la que) pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército Nacional”.

¿Quién es Publio Hernán Mejía?

Publio Hernán Mejía comandó el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, que tiene su sede en Valledupar, Cesar, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. En ese periodo presentó 86 bajas en combate, de las cuales 75 fueron falsos positivos.

La justicia ordinaria determinó que en esa unidad militar hubo encuentros entre oficiales y paramilitares, que hicieron acuerdos para actuar de manera conjunta contra las guerrillas y que usaron a civiles para presentarlos como bajas en combate.

En junio de 2017, Mejía se sometió a la JEP y obtuvo el beneficio de la libertad transitoria. En 2021, en medio de la polémica por sus declaraciones públicas, la Jurisdicción lo declaró a él, junto a otros 14 miembros del Ejército, como máximos responsables del asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

En noviembre de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad tomó la decisión de enviar a Mejía a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que es la Fiscalía de la JEP, luego que este se negara a aceptar los cargos que le fueron imputados. 

Los crímenes de los que se acusa a Mejía

Según la imputación, Mejía tuvo liderazgo y contribuyó de manera esencial en el diseño y la implementación del plan macrocriminal que se creó dentro del Batallón La Popa para el asesinato de personas, que se hizo en alianza con grupos paramilitares.

La imputación de la JEP se hizo por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, entendidos como crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, y el crimen de guerra de homicidio.

Las víctimas incluyen 72 hombres, entre ellos tres indígenas kankuamos, un adolescente y tres mujeres.

Mejía dijo que esos señalamientos en su contra eran afirmaciones "descabelladas", "mendaces" y "criminales versiones" falsas en su contra. Ante ello, fue enviado a la Fiscalía de la JEP, entidad que le dictó una acusación de 316 páginas en su contra que lo señala de ser un criminal de guerra y de lesa humanidad.

La acusación que se hace por 72 falsos positivos asegura que Mejía se alió con el Frente Mártires del Cesar que lideraba David Hernández, alias 39, lo cual se pudo comprobar con múltiples testimonios, y que se pactó incluso recibir de las AUC a civiles inocentes para ser asesinados por las tropas y presentarlos como bajas en combate. Además, coordinó con paramilitares como Manuel Valentín Padilla, conocido como Hugo, la entrega de las víctimas.

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"Publio Hernán Mejía Gutiérrez ideó, diseñó y ejecutó a través de un Ilegal Aparato Organizado de Poder un plan criminal que consistió en asesinar personas de la población civil y presentarlas como bajas en combate, motivado por darle a la sociedad una falsa percepción de seguridad y con el que pretendió consolidar la imagen de ser el mejor oficial del Ejército Nacional”", dice la acusación.

La acusación señala, además, que Mejía abusó de su posición como alto oficial, que usó la inteligencia militar y recursos humanos, logísticos y financieros del Estado para crear el plan criminal que ejecutó desde el Batallón La Popa. Varios de sus subordinados declararon ante la JEP en su contra y lo señalaron de presionarlos para entregar resultados.

Por ejemplo, Nelson Javier Llanos Quiñones le dijo a la JEP que una vez se negó a firmar un informe de patrullaje porque se dio cuenta de que era falso el resultado presentado de cuatro bajas en combate (José Miguel Palacio, Álvaro Cesar Olivera Granados y dos hombres no identificados). Por eso, acudió a Mejía a preguntarle qué hacer: "la respuesta (…) fue tajante. Recuerdo que, en ese momento, él con su voz y su voz de mando y todo, (…) 'hermano eran bandidos y se tenían que morir. Haga el informe y me lo entrega, ¿entendido?'".

La JEP encontró que mientras Mejía comandó el Batallón La Popa hubo 38 supuestos eventos operacionales en los que se presentaron como bajas legítimas las muertes de más de 70 personas. Alrededor del 67 por ciento de las víctimas, esto es, al menos 50 personas, fueron asesinadas como consecuencia de esta alianza establecida con los paramilitares. De estas, 46 fueron entregadas por los paramilitares (14 de ellas fueron asesinadas previamente por integrantes de este grupo ilegal y las 32 restantes fueron entregadas vivas), y por lo menos cuatro más fueron asesinadas en operaciones que incluyeron la presencia de paramilitares uniformados quienes señalaron a las personas que tenían la cara cubierta. 

Las muertes restantes, unas 25, dice la JEP, "fueron ejecutadas principalmente bajo la idea, promovida por el comandante de la unidad, de que los 'bandidos se tenían que morir'". La mayor parte de estos crímenes ocurrió entre 2002 y 2003 y fueron ejecutadas por los grupos especiales Zarpazo y Trueno, cuyos comandantes falseaban las órdenes de operaciones y documentos relacionados con los resultados. Todo, con el conocimiento de Mejía.

UIA pedirá la máxima condena

El director de la UIA de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, calificó el juicio de "histórico" y aseguró que los fiscales del caso pedirán la pena máxima que contempla la justicia especial: 20 años de prisión.

"Se inicia el primer juicio adversarial, es decir, con esto quedan activadas el 100 por ciento de las acciones que puede adelantar la Jurisdicción Especial para la Paz en torno al esclarecimiento de la verdad y la garantía de justicia para las víctimas del conflicto en Colombia”, dijo.