La Fiscalía me ha incumplido mi principio de oportunidad: Leonardo Pinilla, testigo del cartel de la toga

En 2017, los Sneyder Pinilla y Olmedo López de la época eran el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno y su socio, el abogado Leonardo Pinilla. En ese momento, el escándalo que ocupaba todos los titulares de prensa era el denominado ‘cartel de la toga’, que consistió en que congresistas, gobernadores, y otros políticos, pagaron a fiscales y hasta a presidentes de la Corte Suprema de Justicia para que sus casos quedaran en la impunidad.

Sin embargo, lo que pasó en ese proceso y la manera en la que ha actuado la justicia en este caso, cobra relevancia ahora, cuando un nuevo escándalo de corrupción, el de la UNGRD, sacude al país. Después de casi siete años, la justicia parece estar dándoles la espalda a los testigos principales del cartel de la toga. ¿Por qué?

Así fue como Moreno y Pinilla destaparon al cartel de la toga

El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno y su socio, el abogado Leonardo Pinilla, fueron capturados con fines de extradición en 2017. Su captura se produjo luego de que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons -en una operación secreta con la DEA- los grabó en unas reuniones en Estados Unidos en las que acordaron que, a cambio de coimas, Moreno le ayudaría a Lyons en sus procesos por corrupción en la Fiscalía. En palabras simples, a cambio de varios miles de millones de pesos, los procesos contra Lyons quedarían congelados. Pinilla, amigo personal de Lyons y socio de Moreno, fue el que sirvió de puente para el negocio.

El caso que estaba a punto de estallar contra Lyons, exgobernador de Córdoba, tenía que ver con contratos que en su administración se firmaron con la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S., representada por el contratista Guillermo Pérez. Los contratos en cuestión eran para atender a pacientes con hemofilia (un trastorno en el que la sangre no coagula). La justicia encontró que los dineros que se giraron para la atención de hemofílicos, que sumaban cerca de 50.000 millones de pesos, quedaron en los bolsillos de ellos porque nunca existió ni un solo paciente. 

Unos cuantos meses después de sus capturas, Moreno y Pinilla decidieron colaborar con la justicia y, entonces, el país conoció el escándalo de corrupción más vergonzoso en las más altas esferas de la justicia. Ambos revelaron no un caso regional sino todo un modus operandi en el que, a cambio de coimas, los políticos corruptos estaban logrando frenar las investigaciones en su contra.

En efecto dominó empezaron a caer todos los otros integrantes del cartel de la toga: los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, y los fiscales Daniel Díaz y Alfredo Bettin. También cayeron los clientes del cartel y aquellos responsables de la corrupción en Córdoba: los exsenadores, Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías; los exgobernadores Alejandro Lyons, Edwin Besaile y Juan Carlos Abadía, entre otros políticos.

El calibre de la información que entregaron puso en jaque a políticos y personalidades de la rama judicial. En 2018, a raíz de su aporte, un juez les avaló un principio de oportunidad con inmunidad parcial. Ese beneficio consistió en que pagarían una pena corta en la cárcel y, luego, gozarían de libertad, con el compromiso de colaboración permanente en los distintos procesos de los casos de corrupción que habían revelado.

Los términos del principio de oportunidad

El principio de oportunidad que le dieron a Pinilla fue por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y extorsión. A cambio, Pinilla dio detalles de cómo se había tejido el entramado de corrupción en la gobernación de Alejandro Lyons, específicamente, en el cartel de la hemofilia. Luego, gracias a la información que entregó Pinilla, se conoció de un cartel más: el cartel de síndrome de down. Al igual que en el esquema de la hemofilia, se inventaron pacientes y terapias para sacar más plata del erario. Pinilla también se comprometió a contar lo que sabía sobre el cartel de la toga. 

Los compromisos quedaron escritos en una matriz de colaboración en la que estaban los nombres de todos los responsables de los escándalos mencionados. El único nombre que no estaba era el de Guillermo Pérez, el contratista de la hemofilia. La razón es que Pinilla había sido su abogado en ese mismo proceso y no podía violar el secreto profesional, es decir, no podía ser testigo en su contra en un juicio. Sin embargo, se comprometía a contar todos los detalles de ese entramado de corrupción y servir como testigo de cargo contra el resto de responsables.

Pinilla creyó en la justicia, se fue extraditado, estuvo dos años preso en Estados Unidos y regresó a una cárcel en Colombia en la que estuvo casi tres años más. Luego, quedó en libertad. En ese lapso y en los años que siguieron, le cumplió a la justicia y siguió declarando. Así lo dicen varias constancias que Pinilla envió a CAMBIO en las que distintos fiscales le certifican su colaboración. 

Pero el acuerdo de Pinilla dio un giro

Todo cambió en la administración del exfiscal general Francisco Barbosa, pues decidieron no seguir prorrogándole el principio de oportunidad y le cambiaron las reglas del juego. Mediante una resolución del 27 de febrero de 2023, la Fiscalía excluyó, de manera arbitraria, el delito de extorsión del principio de oportunidad y ordenó que Pinilla fuera procesado por ese delito y que declarara en contra del contratista de la hemofilia, Guillermo Pérez.

Es decir, la Fiscalía se arrepintió. Todo fue por orden de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, que hasta hace unos meses estuvo a cargo de Javier Cárdenas.

Paradójicamente, el fiscal que hasta hace unos meses pretendía procesarlo por el delito de extorsión le ha certificado a Pinilla que ha cumplido con sus acuerdos con la justicia.

“Quieren excluir el delito de extorsión del principio de oportunidad para imputarme, quieren que yo sea testigo contra Guillermo Pérez, que fue el principal contratista de la hemofilia, que si yo declaraba en contra de él no me sacaban el delito de extorsión del principio de oportunidad, pero si no, me iban a imputar. Me cambiaron las reglas del juego”, dijo Pinilla en entrevista con CAMBIO.

Pinilla denunció en la entrevista que, desde hace tres años, la Fiscalía no le prorroga su principio de oportunidad. Dice que si pudiera devolver el tiempo, preferiría aceptar un preacuerdo que no obliga a colaborar con la justicia porque, ahora, cuando el caso no ocupa los titulares de los medios de comunicación, le queda fácil a la Fiscalía darle la espalda.

“(Con el principio de oportunidad) estás en el peor de los mundos: estás colaborando, creas más enemigos y a la final, no sabes cómo vas a resolver tu situación jurídica”, advirtió Pinilla.

No es un caso aislado

Lo mismo le pasó al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. CAMBIO reveló el año pasado que el fiscal Saagia Felaifel Klinger, auxiliar del entonces fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Cárdenas, le solicitó al juez 74 de garantías de Bogotá que legalizara un nuevo principio de oportunidad para Moreno porque el primero ya había sido prorrogado tres veces, “que era el máximo que exige la ley”. 

El juez que avaló el nuevo pacto dejó claro que el principio pudo haberse prorrogado las veces que fuera necesario e incluso, dijo, la prórroga habría sido más garantista para el hoy testigo estrella del caso Gustavo Moreno. El ex fiscal anticorrupción reiteró su compromiso con la verdad, pero él y su defensa dejaron claro que estaban preocupados de que le se estuvieran cambiado las condiciones del pacto inicial.
 
El nuevo principio de oportunidad tiene varias sorpresas: seis nombres que aparecían en la matriz de colaboración inicial ya no están. Estos son los del exsenador del Partido de la U Musa Besaile; el exsenador conservador Julio Manzur; el político antioqueño Óscar Arboleda Palacio (fallecido); el exalcalde de Villavicencio Franklin Chaparro; el abogado Luis Raúl Acero Pinto, investigado por ser el supuesto testaferro del exmagistrado Bustos, y Alberto Velásquez Echeverry, secretario general de Presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe y protagonista de la yidispolítica.

Ese escenario tiene un impacto importante por la coyuntura nacional porque es una muestra de cómo la Fiscalía les está cambiando las condiciones a los procesados que en un principio necesita para construir los casos rápidamente, sobre todo cuando tienen encima la presión de la opinión pública. 

Aunque en la entrevista con CAMBIO Pinilla aseguró no haber hablado con su exsocio Gustavo Moreno sobre el principio que Moreno está negociado con la Fiscalía para su cliente Sneyder Pinilla, sí advirtió que las prevenciones que tienen con la justicia pueden obedecer a esos incumplimientos en sus casos.

“Yo digo que la gente tiene mucho miedo a que pasen situaciones como esta, por eso retienen mucha información. Por eso a veces no se atreven a contar todo lo que tienen que contar, porque está en riesgo la vida, la seguridad, la libertad, está en riesgo muchas cosas (…) debe existir una tranquilidad de que la justicia cumple lo que promete”, dijo.

Pinilla y su abogado, Jesús Albeiro Yepes, están esperanzados en que la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, prorrogue de nuevo el principio de oportunidad de 2018 y conserve las reglas del juego que se pactaron en ese momento.

“Vamos a ver qué sucede con la llegada de la doctora Luz Adriana Camargo, que se ha comprometido públicamente a darle funcionalidad a este tipo de instrumentos de investigación, que son muy útiles, porque cada nueva administración está fijando nueva reglas entonces esto es lo que debo denunciar”, dijo Yepes en la entrevista.

En diálogo con CAMBIO el exfiscal general Mario Iguarán dijo que este tipo de casos son perjudiciales para justicia porque se está deslegitimando la figura del principio oportunidad.

“Esos incumplimientos en la Fiscalía son comunes, y una vez la persona procesada ingresa a esas matrices, mientras no se definan los procesos de fondo, está supeditado a las prórrogas del principio de oportunidad que son potestativos de la Fiscalía. Pero por otro lado, se busca aprestigiar a la justicia, y eso solo se logra cuando se entrega toda la información que tiene la persona procesada, y no solo la que estima es relevante; de ahí que la figura de la prórroga del principio de oportunidad busque garantizar los compromisos del procesado en el tiempo”, advirtió.

El principio de oportunidad de Pinilla está en el escritorio de la fiscal Camargo. Queda en sus manos que las personas vuelvan a confiar en la justicia.