Las capturas de Name y Calle manchan al gobierno de Gustavo Petro

¿Habrá algún votante del presidente Gustavo Petro que se hubiera imaginado que en su gobierno terminarían en la cárcel los presidentes del Senado y de la Cámara por actos de corrupción originados desde la Casa de Nariño? Es muy posible que no. También es altamente probable que el jefe del Estado nunca haya tenido conocimiento del montaje de semejante entramado. Sin embargo, la historia dirá que durante el gobierno elegido para el cambio se escribió esta página. Lo sucedido este miércoles deja una mancha imborrable en su legado.

“La Corte Suprema de Justicia ordena la captura de Andrés Calle, expresidente de la Cámara, e Iván Name, expresidente del Senado”, escribió Beto Coral, uno de los activistas digitales más comprometidos durante el estallido social y en la campaña de Petro.

“Debemos tener la sensatez de reconocer que este es un escándalo del actual Gobierno, protagonizado por funcionarios que sobornaron a estos congresistas. No es persecución. Es corrupción. Y vino de adentro”, argumentó.

En efecto, la Sala de Instrucción ordenó la captura de ambos congresistas luego de imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta entidad, que maneja dinero en efectivo para atender a los más necesitados en caso de emergencia, se convirtió en la caja menor para comprar votos en el Congreso.

Aunque ambos han negado tajantemente las acusaciones, alegando que están basadas en falsos testimonios, el alto tribunal considera que los elementos probatorios son contundentes para ordenar su privación de libertad. Eso en el ámbito jurídico.

Las graves consecuencias políticas

En el plano político, el caso mancha, además del Ejecutivo, al Legislativo, e incluso a opciones políticas que se presentaron en la vida pública con una narrativa diferente. Por ejemplo, el partido Verde, una colectividad que surgió como alternativa frente al desgaste de los partidos tradicionales.

“Desde hace un año solicitamos al partido Verde la expulsión del señor Iván Name y la señora Sandra Ortiz. Hoy, la Corte Suprema de Justicia nos da la razón. Sin embargo, el partido aún no ha tomado medidas para expulsarlos”, recordó el senador Ariel Ávila.

Y es que las acciones aparentemente cometidas por los acusados son muy graves. Name y Calle son investigados por su presunta participación en los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación, lo que podría acarrearles penas de entre tres y seis años de prisión en el primer caso, y de cuatro a diez años en el segundo.

Las consecuencias políticas son enormes. El presidente Petro ha sostenido que Name ha sido un opositor suyo —lo que públicamente es cierto— y reaccionó:

“Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no tuviera tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al Gobierno y al pueblo”, escribió el mandatario sobre el integrante del partido Verde. Sin embargo, omitió comentar que fueron personas de su entorno quienes entregaron la plata.

En la línea de Name, también queda salpicada la otra opción que llegó a segunda vuelta en las elecciones de 2022 con la promesa de cambio. Name fue uno de los pocos congresistas de su partido que apoyó a Rodolfo Hernández, cuya bandera era la lucha contra la corrupción.

Petro no puede decir lo mismo de Calle, quien, aunque tiene carné del partido Liberal, ha manifestado su apoyo al presidente: “El presidente Petro, por ser de origen popular, es víctima de un golpe blando, por lo que hay que movilizarse para defenderlo”, decía.

“El partido de Luis Carlos Galán y de Jorge Eliécer Gaitán, el partido que defiende la justicia social, al campesino y al trabajador, está acompañando a Gustavo Petro”, añadía, para explicar su distanciamiento con el oficialismo del expresidente César Gaviria mientras abrazaba al líder del Pacto Histórico. Incluso, Petro lo acompañó en la plaza pública durante la campaña a la Cámara.

Calle, el nuevo petrista

El presidente Petro tiene razón al señalar las enormes dificultades que tuvo para avanzar en su agenda legislativa en el Senado durante la presidencia de Name. ¿Cómo actuó, entonces, el senador? La estrategia era la de retirarse de la sesión y cederle el cargo a María José Pizarro, del Pacto Histórico. Esto ocurrió en al menos siete ocasiones. Petro, hasta ahora, guarda silencio de que en la Cámara, con Calle, contaba con mayor afinidad política.

Por si fuera poco, también está detenida Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones y persona de confianza del jefe del Estado durante su paso por Palacio. Ella fue quien presentó las pruebas que comprometen a los expresidentes del Congreso en actos violatorios de la ley. 

Entre las evidencias figuran chats con el hijo de Iván Name, en los que se le pedía recordar el número del apartamento donde supuestamente se realizó la entrega de dinero en efectivo.

Ortiz, quien integraba el círculo cercano del presidente en sus viajes por el país, aseguró que se trató de dos pagos: uno de 1.500 millones de pesos y otro por el mismo monto al día siguiente. La transacción se realizó en su apartamento, ubicado en la Suite Tequendama de Bogotá, en una escena que parece sacada de un guion sobre delitos de cuello blanco.

Asimismo, de acuerdo con el expediente, se ordenó el transporte y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente en Montería al presidente de la Cámara. ¿Por qué se le dio más plata a Name que a Calle? Porque este era más barato, han dicho quienes siguen el caso debido a que nada en las misma aguas ideológicas del oficialismo.

La instrucción para esa entrega fue impartida, al parecer, por Carlos Ramón González Merchán, amigo personal del presidente Petro y viejo compañero de lucha en la guerrilla del M-19. Para ese entonces, González era director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Por todo esto, se trata de un caso de extrema gravedad. “No son un par de anónimos congresistas”, dice el analista Gabriel Cifuentes. “¡Son los presidentes de Cámara y Senado!”. Para este experto, la Corte cree tener pruebas suficientes para determinar que las cabezas del Congreso recibieron sobornos en efectivo para facilitar el trámite de las reformas del Gobierno. Ni más ni menos.

“Esto deja muy mal parada a la administración, porque se va completando el rompecabezas de uno de los mayores escándalos de corrupción de un gobierno”, dice. Un hecho que, según se conoce hasta ahora, salpicó todos los niveles y varios frentes del Gobierno.

Algo huele mal 

Con la detención se reafirman las denuncias de que altos funcionarios, que operaban desde la Casa de Nariño, estarían directamente involucrados en un entramado criminal. Algo huele mal en Palacio y lo único que no podría hacerse ahora es barrer para esconder la basura debajo de las alfombras. 

Es difícil hallar un atenuante. Por más que ahora se diga que todo ocurrió a espaldas del mandatario y que fue él quien realizó las denuncias, es una mácula que desdibuja la promesa del cambio, y de la cual será cada vez más difícil desmarcarse.

El caso, además, enrarece el clima político. La analista política María Jimena Escandón subraya que la decisión de la Corte se produjo un día después del hundimiento de la reforma sobre el transfuguismo (cambio de partido político por parte de congresistas durante su mandato) y a pocos días de la votación en plenaria del Senado sobre la consulta popular.

“Tiene un impacto directo en la bandera del cambio y la anticorrupción del presidente; por más que insista en que son casos aislados y traiciones de funcionarios que él nombró, es ineludible que existe una responsabilidad de su parte”, asegura el analista Carlos Arias.

Para él, es evidente que esos funcionarios recibieron órdenes directas de personas cercanas a su círculo íntimo, presumiblemente González. Aunque sea casi imposible de comprobar o no existan pruebas reales, esto sugiere que, en mayor o menor grado, el entramado pasó por la misma Casa de Nariño.

“Esta situación, sin duda, incrementa el nerviosismo y la incertidumbre en el ambiente político, especialmente considerando que varios congresistas están involucrados en la investigación. Es probable que se emitan nuevas órdenes judiciales. Todo ello tendrá un impacto directo en el proceso de negociación entre el Gobierno y el Congreso, a un mes y medio de la finalización de la tercera legislatura”, asegura Escandón.

¿Qué viene ahora?

No es posible negar que alguien dio la instrucción de los sobornos con un objetivo concreto, y no pudo haber sido un mando medio. Ahora bien, resulta difícil que esto modifique la percepción ya establecida entre sectores polarizados: los que respaldan al Gobierno seguirán diciendo que los responsables no son del Pacto Histórico y que todo ocurrió sin conocimiento del presidente, mientras que los señalamientos contra la bandera anticorrupción y de cambio seguirán creciendo.

El problema para las huestes incondicionales es que, por lo que se intuye, esto no va a terminar con las detenciones de Name y Calle. A pesar de que se muestren vehementes en el relato de que esto es una injusticia, ¿qué ocurrirá si la justicia desarma su argumento con pruebas irrebatibles? ¿Revelarán más información? Así lo hizo Sandra Ortiz, quien en un principio se mostraba inocente.

De vuelta al terreno jurídico, la decisión de la Corte pone una presión al trabajo de la Fiscal la fiscal Luz Adriana Camargo. Hasta ahora, los procesos han avanzado a ritmos muy distintos lo que ha creado una natural suspicacia.

“Con esta decisión, se abre la puerta para conocer mayores detalles del caso, en particular de quienes más estarían involucrados en el proceso, como congresistas, ministros y exministros”, dice la analista María Lucía Jaimes.

Habrá que ver las réplicas de este terremoto de cara a las nuevas apuestas legislativas del presidente, como la consulta popular en el Senado o el presupuesto para 2026. También está en juego la elección de las nuevas mesas directivas para el último año de este Congreso. 

El experto en comunicación política Víctor Solano señala que el caso manda un mensaje claro a la clase política: la justicia también los puede alcanzar si incurren en actos indebidos. Aunque, evidentemente, esto también demuestra que los tentáculos de la corrupción no se limitan a quienes ostentan el poder ejecutivo. En nuestro sistema de pesos y contrapesos, incluso la oposición, puede llegar a involucrarse en estas prácticas.

Esto es la punta del iceberg

“La orden de captura confirma que este caso de corrupción alcanzó niveles muy altos y, me temo, solo estamos viendo la punta del iceberg”, afirma Solano. 

La investigación que hoy tiene tras las rejas a Name y Calle se remonta a más de un año atrás, cuando Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, confesó haber participado en una red de corrupción y fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión.

Según su testimonio, los fondos ilegales habrían salido de sobrecostos en un contrato para adquirir 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira. Se trata de una escena que causa desazón, porque días antes había estado allí el presidente Petro y se había comprometido a llevar agua a esta región históricamente afectada por la escasez hídrica. 

En ese momento, los carrotanques fueron recibidos con alborozo por la población, y hoy a muchos se los está comiendo el óxido, mientras la población sigue aguantando sed y los expedientes crecen cada vez más con pruebas que causan vergüenza.

Las castas políticas

El caso también evidencia la dificultad de la clase política para actuar con transparencia. De hecho, entre Name y Calle hay una coincidencia: ambos buscaban perpetuar sus proyectos políticos en sus respectivos feudos electorales.

Pinilla reveló que los recursos desviados fueron entregados a Name y Calle en octubre de 2023, justo antes de las elecciones regionales. En esos comicios participaron familiares de ambos congresistas: la hija de Iván Name, María Clara Name, candidata al Concejo de Bogotá, y el hermano de Andrés, Gabriel Calle, aspirante a la Gobernación de Córdoba, mientras que su padre, Gabriel Alberto, fue electo alcalde de Montelibano, Córdoba.

Pinilla fue el primer condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. En su condena, el Juzgado Décimo Penal de Bogotá señaló, el 29 de abril de este año, que hubo un pago en efectivo de 4.000 millones de pesos a los entonces expresidentes del Congreso, con la coordinación directa de funcionarios del más alto nivel del Gobierno.

Es una paradoja que en un periodo en el que la cuerda entre Gobierno y Legislativo estuvo siempre tensada a punto de reventarse, por debajo había una relación donde fluía la plata de los sobornos.

Name y Calle son los primeros congresistas con medida de aseguramiento en el marco de las investigaciones contra aforados presuntamente implicados en el saqueo de la UNGRD. Las investigaciones judiciales apuntan a que la orden de sobornar a los congresistas provendría del entonces director del Dapre. González actualmente está fuera del país. La justicia también investiga a los entonces ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Todos pierden

En lo que queda del trabajo legislativo, también se debe subrayar que el petrismo pierde un voto en la Cámara y la oposición uno en el Senado. No pueden asumir los siguientes en la lista, pues se les debe aplicar la figura de la 'silla vacía': los delitos por los que son procesados son contra la administración pública.

Así se escribe una página vergonzosa para un gobierno que aspiraba a ser distinto de otros, como el de Ernesto Samper Pizano con el proceso 8.000, que investigó el ingreso de al menos seis millones de dólares del cartel de Cali a su campaña presidencial y que llevó a la condena de 26 congresistas; o el de la parapolítica durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que implicó a 51 congresistas, de los cuales 29 fueron encarcelados. En esa época se detuvo a quien también fue presidente del Senado Luis Humberto Gómez Gallo y a la de la Cámara Zulema Jattin.

En tiempos más recientes, el caso de Name y Calle recuerda al de Arturo Char —presidente del Senado entre 2020 y 2021—, quien fue detenido el 7 de septiembre de 2023 por presuntos hechos de corrupción, aunque al parecer estos se cometieron cuando ya había dejado el cargo. De ahí, la enorme desilusión que se percibía en muchas de las reacciones, especialmente entre quienes creyeron que una página así no se escribiría en un gobierno de izquierda.