Lo que contaron los brasileños sobre los sobornos de Odebrecht que la Fiscalía usará ahora en su contra

La Fiscalía sólo está investigando los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia, entre 2009 y 2016, para la adjudicación de la Ruta del Sol II (14 de enero de 2010); para lograr un acuerdo de estabilidad jurídica (diciembre de 2012), que le brindó a Odebrecht beneficios tributarios por más de 145.000 millones de pesos en tres años, y para la suscripción de por lo menos ocho otrosíes (marzo y octubre de 2013), entre ellos los que corresponden a la construcción del tramo Ocaña–Gamarra.

En cambio, a la fecha el ente acusador no ha abierto una nueva línea de investigación por la coima de 3,4 millones de dólares que Corficolombiana reveló en un acuerdo de aceptación de culpabilidad y colaboración con la justicia norteamericana.

Lo paradójico es que la clave para que la Fiscalía llegara a los responsables de los sobornos que decidió investigar, fueron las declaraciones que los exdirectivos de Odebrecht, bajo la figura de "colaboración con la justicia", le dieron a la entonces fiscal del caso, hoy ternada para fiscal general, Amparo Cerón, una jugada que fue leída por Odebrecht  –según un comunicado– como una manera de que "se impida al país el conocimiento pleno de la verdad".

Estas son las declaraciones de los brasileños que fueron la prueba reina de las investigaciones en Colombia y que hoy son usadas en su contra.

Los protagonistas

Para entender la importancia de las declaraciones de los brasileños es necesario entender cuáles fueron los protagonistas de los sobornos.

Según lo revelado por los brasileños y confirmado por la justicia colombiana, el primer soborno, por 6,5 millones de dólares, lo cuadró Luiz Antonio Bueno Junior, presidente de Odebrecht en Colombia entre 2009 y 2012; y se lo pagó al entonces director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Gabriel Ignacio García Morales.

Luego, siguió el soborno de 4 millones de dólares que pagó Odebrecht a los lobistas Otto Nicolás Bula y Federico Gaviria, para lograr un contrato de estabilidad jurídica, distribuidos en 12 parlamentarios conocidos como los ‘buldócer’.

Finalmente, está la coima de 4,6 millones de dólares que pagó Eleuberto Antonio Martorelli a Otto Bula para lograr los ocho otrosíes, dos de ellos para la construcción del tramo Ocaña-Gamarra.

Bueno y Martorelli pagaron las mencionadas coimas con el aval de dos pesos pesados: Luiz Antonio Mameri, entonces vicepresidente para América Latina de Odebrecht, y José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana, el socio de Odebrecht en Colombia condenado en segunda instancia, pero a la espera de una Casación en la Corte Suprema de Justicia. 

Por esos sobornos, que confesaron detalladamente Bueno, Martorelli, Mameri, entre otros directivos de Odebrecht, es que la Fiscalía, seis años después de que brindaran colaboración con la justicia, los citó a imputación de cargos como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

Junto a Bueno, Martorelli y Mameri. deberán responder el presidente del conglomerado Odebrecht entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira.

La declaración sobre el primer soborno

El 28 de abril de 2017, Luiz Antonio Bueno Junior le contó a la fiscal Amparo Cerón todo sobre la coima de los 6,5 millones de dólares al entonces director del Inco, Gabriel Ignacio García Morales.

Bueno explicó a Cerón que en 2009 llegaron a Colombia a estudiar las oportunidades de Odebrecht en el país, que decidieron apostar por la Ruta Del Sol II y que buscó a José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana, para lograr una sociedad. Bueno relata que, enseguida, se acercó al que era el director del Inco para lograr la adjudicación de la obra. Desde ese momento, empezaron los sobornos.

“En los días que antecedieron a la entrega de la oferta, yo estuve con Gabriel García en el apartamento en el sector norte de Bogotá en el que acostumbrábamos a reunirnos. En esa oportunidad él me orientó a que presentásemos una oferta formalmente perfecta, sin ningún tipo de error, y se comprometió a descalificar cualquier grupo o consorcio que hubiera cometido errores, o sea, él no permitiría ningún tipo de flexibilización, o relajación de la mesa evaluadora en los cumplimientos de las condiciones de los pliegos. De verdad, ese era un tema que me generaba mucha preocupación. Yo estaba recién llegado al país y mis socios siempre decían que muchas veces había mal manejo de los procesos licitatorio”, contó Bueno.

A cambio de esa “orientación” que le dio García Morales, tuvo que pagarle la millonaria coima de 6,5 millones de dólares; la cual, según Bueno, fue aprobada por su superior, Mameri, y el representante de Corficolombia, José Elías Melo.

“Yo tenía que pagar a él 6,5 millones de dólares. En la secuencia, yo hice la solicitud para mi superior Luiz Mameri, quien me autorizó a seguir adelante con el pago; claro, si el proyecto nos fuera adjudicado. Después, yo estuve con José Elías Melo, de Corficolombiana, le reporté sobre la reunión con Gabriel García, la solicitud de Gabriel; él, igualmente, me autorizó a seguir adelante. Esa reunión se hizo en la oficina de él en Corficolombiana”, dijo.

Sin embargo, explicó, Melo le dijo que, debido a un “tema de ética corporativa”, el pago de los sobornos debía hacerlo Odebrecht, y que la parte que le correspondía a Corficolombiana sería sacada del desarrollo del proyecto.

“Él tenía una dificultad con el tema de ética corporativa (compliance) del Grupo Aval, entonces nosotros nos pusimos de acuerdo en que Odebrecht haría los pagos a Gabriel García y, posteriormente, en el desarrollo, a lo largo del proyecto de construcción, nosotros íbamos a dividir los costos de los 6,5 millones de dólares que se le pagarían a Gabriel García, entre Odebrecht y Corficolombiana, de los 6,5 millones. La división era directamente proporcional con el porcentaje de participación de cada uno en el proyecto, porque Carlos Solarte no tenía conocimiento, su participación era demasiado pequeña, 4.99 por ciento; Carlos Solarte y su empresa nunca tuvieron conocimiento de esta operación”, puntualizó Bueno Junior. 

Finalmente, el proyecto les fue adjudicado a finales en 2010. “Creo que cuando regresó al año nuevo, principios de 2010, Gabriel García solicita una reunión que la atendí pronto, en el apartamento que mencioné del norte, e insistió por el pago de los 6,5 millones de dólares”. Fue cuando el departamento de Operaciones Estructuradas hizo los pagos a Lurion Traiding, de los hermanos Ghisays, condenados por los hechos. “Fueron hechos los pagos de los 6,5 millones de dólares a Gabriel García en el periodo de marzo a septiembre de 2010, vía offshore con recursos no contabilizados”.

Bueno insistió en que su declaración bajo juramento se limitaba a todo lo que tenía que ver con la suma de 6,5 millones de dólares. "Las demás preguntas que se me formulen no hacen parte de los términos del acuerdo de colaboración con la Fiscalía, sin embargo, si son de mi conocimiento, las respondo vía colaboración con la justicia colombiana”.

Sobre la coima que pagaron por el contrato de estabilidad jurídica, Bueno Junio explicó que Otto Bula les dijo que los “podría apoyar en la obtención del contrato de estabilidad jurídica de la Ruta del Sol, entonces yo lo presenté, por ser un tema muy jurídico, muy específico, al doctor Yesid Arocha, para hablar con él sobre el tema. La concesionaria firmó el contrato en el final de 2012, pero yo no tengo cómo precisar cuál fue la actuación de este señor en este proceso”.

El soborno a los ‘buldócer’ por el contrato de estabilidad jurídica

El encargado de detallar el siguiente soborno fue Yesid Augusto Arocha Alarcón, el abogado de Odebrecht. Arocha dijo que la multinacional tuvo que recurrir a los lobistas Otto Nicolás Bula y Federico Gaviria para que agilizaran la contratación. Sin embargo, explicó inicialmente, solo participaron los abogados de Corficolombiana y Odebrecht.

“El contrato de estabilidad jurídica estaba siendo tramitado y solicitado desde 2010, entre el año 2010 y junio–julio de 2012, ni Otto Bula ni Federico Gaviria tuvieron ninguna participación en ese trámite, el trámite lo estaba haciendo la concesionaria exclusivamente a través de su apoderado, con el apoyo jurídico de los abogados de los dos socios de Corficolombiana y de Odebrecht, abogados Pedro Valencia, de Corficolombiana, y el suscrito por parte de Odebrecht, y el apoderado de la consecionaria Ruta del Sol, doctor Néstor Humberto Martínez”, relató desde Brasil.

Pero hubo un momento en el que tuvieron que recurrir a las coimas a los congresistas. “A pesar de que todo eso, estaba en camino y en marcha en junio-julio, especialmente de 2012, se estaba demorando y en el Congreso de la República estaba en discusión esa reforma tributaria, que no nos haría perder el derecho, pero sí implicaría que el primer año de aplicación de la deducción no fuera el año 2012 sino ya fuera el año 2013; por eso la necesidad de que el contrato estuviera suscrito antes del 31 de diciembre de 2012, porque, como ustedes saben, solo se aplica a partir del año en el cual es aprobada la reforma tributaria y no el año siguiente, entonces, y esos eran los años de mayor inversión, entonces por eso y ante esa demora, es que el señor Luiz Bueno me pide a mí que vaya a la casa del señor Federico Gaviria y que luego este me llevara a donde el señor Otto Bula, para que con él acuerde el apoyo que nos va a brindar en la agilización del trámite del contrato de estabilidad jurídica”.

Arocha explica que la orden se la da Bueno Junior. “Entonces allá me dirigí con él y ahí lo importante para la precisión es que el señor Otto Bula me dice claramente que lo que él ofrece es el apoyo con un grupo de doce parlamentarios, respecto del cual él tiene una muy buena relación. Sobre los pagos, yo solo me enteré de los mismos en el año 2016, cuando el señor Martorelli me indicó que por el contrato de estabilidad jurídica, de acuerdo con la autorización que había dado el señor Bueno, y con el trámite que él había adelantado para que se pagaran por Brasil, se le había pagado el equivalente a cuatro mil millones de pesos, que es el equivalente a dos millones y medio de dólares, para Otto Bula, y un millón y medio de dólares para Federico Gaviria”.

El soborno por los otrosíes de Ocaña-Gamarra 

El 27 de abril de 2017, Eleuberto Martorelli le explicó a la fiscal Amparo Cerón el soborno de 4,6 millones de dólares que pagó a Otto Bula por los otrosíes relacionados con la construcción de Ocaña–Gamarra. También, habló del aporte a campañas políticas del 2014. 

Martorelli le dijo a la justicia que los pagos que hizo a Otto Bula fueron para que agilizara la firma de los otrosíes a través de presión política a los encargados de viabilizarlos. "Frente a lo que he manifestado, considero que el señor Otto Bula no actuó directamente ante el presidente de la ANI y ante el ministro de Hacienda, sino que la influencia para conseguir el otrosí la ejerció a través de los políticos con los cuales él tenía relación. Tampoco tengo conocimiento sobre qué funcionarios de la ANI hayan participado en el trámite para la adición del otrosí”.

Asimismo, sobre el soborno, concluyó que “los pagos a las empresas indicadas por el señor Otto Bula totalizaron aproximadamente US$4'600.000,00 y fueron realizados en el periodo de febrero a septiembre del 2014 (…) eso fue solo entre Otto Bula y yo (…) Autorizó Luis Mameri y las personas de operaciones estructuradas, pero ellos no sabían quién era Otto Bula, Eder Ferracuti sabía que yo tenía el contrato con Otto Bula, él era el presidente de la concesionaria, pero él no supo cómo era la forma de pago”.

Martorelli ratificó que no tenía cómo confirmar si los sobornos transferidos a las cuentas de las empresas indicadas por Bula fueron o no utilizados por él para pagos a funcionarios públicos, “pues dicha información nunca me fue dada por él”.

Finalmente, Martorelli confirmó a la fiscal Cerón que Odebrecht sí hizo una contribución económica a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, en 2014.

Sobre la campaña de Santos, dijo que “Odebrecht hizo una contribución económica para la Campaña Santos Presidente 2014-2018, lo hizo directamente sufragando los gastos de un estudio sobre la situación política en algunas de las principales capitales del país, la cual se acordó con el señor Luis Peña, la cual tuvo un costo de USD 1 millón, que se le pagaron, no a OTTO BULA ni a Roberto Prieto, sino a una empresa denominada Paddington, con sede en PANAMÁ”.

Sobre la campaña de Óscar Iván Zuluaga, Martorelli fue el que narró los detalles por los que hoy están imputados el excandidato presidencial y su hijo David, entonces gerente de la campaña.

“(…) posiblemente, en el comienzo de mayo del 2014, Daniel García me confirmó la contratación de Duda Mendonça, indicando que el publicista le había solicitado a la campaña un pago adicional de USD $ 1,5 millones de lo que habían acordado. Yo he interpretado este comentario como un mensaje para que la Compañía apoyara a la campaña, pagando los costos adicionales reclamados por el publicista. Decidí llevar el asunto ante mi superior inmediato, el señor Luis Mameri, cuando he ponderado que sería interesante apoyar la campaña del señor Oscar Iván Zuluaga, porque venía subiendo en las encuestas y podría estar en la segunda vuelta de las elecciones. Después de obtener la autorización de mi superior Luiz Mameri, hice una programación junto al Departamento de Operaciones Estructuradas, para que procediera el pago por un valor de hasta USD 1,5 millón directamente al publicista, ya que tenía contratos con la Compañía en Brasil. Tan pronto hice la programación, informé al señor Daniel García Arizabaleta, en una siguiente reunión en las oficinas de la Compañía en Bogotá, indicándole que no se preocupara con cualquier cobranza adicional reclamada por el señor Duda Mendonça, porque la Compañía había resuelto asumir de forma directa el pago adicional con el publicista en Brasil”.

Luiz Antonio Mameri confirmó las declaraciones

El 27 de abril de 2019, Luiz Antonio Mameri, entonces vicepresidente para América Latina de Odebrecht, superior jerárquico de Bueno y Martorelli, confirmó que fue él quien avaló los sobornos mencionados.

Sobre la coima al director del Inco, Gabriel Ignacio García Morales, dijo: “Luiz Bueno me comenta que había negociado con un señor llamado Gabriel Ignacio García Morales un pago de 6,5 millones de dólares, con el propósito de que esta persona nos apoyara en la conquista del proyecto; como era mi subordinado, yo lo autoricé para que siguiera adelante en este negocio que él ya había arreglado con el señor”.

Sobre los sobornos a Otto Bula, explicó: “Mi participación en estos hechos se restringió a autorizar el pago al señor Otto Bula. El monto fue 4,6 millones de dólares y el pago se hizo a través del sector de Operaciones Estructuradas. Al frente de este sector estaba el señor Hilberto Silva, quien salió de la compañía, creo que está en prisión domiciliaria por el caso Odebrecht acá en Brasil, en Salvador provincia de Bahía”.

Finalmente, sobre el aporte a campañas políticas, dijo: “Hubo una autorización de mi parte a Eleuberto Antonio Martorelli, en el año 2014, para un pago de 1,5 millones de dólares con relación a la campaña del candidato a la presidencia de la república colombiana llamado Oscar Iván Zuluaga”. Sobre el aporte a la campaña de Santos, dijo: “No sé nada sobre eso”.

Lo que nunca esperaron los exdirectivos de Odebrecht es que la información que dieron a la Fiscalía en 2017, en el marco de una colaboración sobre el pago de sobornos en Colombia para la adjudicación de obras públicas, fuera usada seis años después para imputarlos como responsables de lavado de activos y concierto para delinquir. Cuando se sentaron a narrar los detalles del entramado de corrupción, lo hicieron bajo la promesa de recibir beneficios judiciales que ya no les darán, por lo menos en esta administración.