Lucha contra la corrupción, vigilancia de la contratación y otras propuestas de los candidatos a procurador

Procuraduría.

Crédito: Colprensa.

28 Agosto 2024 05:08 pm

Lucha contra la corrupción, vigilancia de la contratación y otras propuestas de los candidatos a procurador

La lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la función preventiva para atajar los casos tempranamente y la vigilancia de la contratación estatal fueron ejes comunes de las propuestas de los diez preseleccionados. También se habló de presupuesto, las sanciones a elegidos por voto popular y de reformas. CAMBIO le cuenta qué dijo cada uno de los candidatos.

Por: Alejandra Bonilla Mora

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Los diez preseleccionados por el Consejo de Estado en la carrera para llegar a la Procuraduría General de la Nación presentaron este miércoles sus propuestas ante los magistrados y magistradas de la Sala Plena. Las presentaciones tuvieron varios ejes en común: luchar contra la corrupción, fortalecer las labores de prevención y de vigilancia -especialmente en materia de contratación-, así como el gran debate que se ha generado sobre las sanciones a los servidores por voto popular.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho que sólo un juez penal puede afectar derechos políticos de estas personas, mientras que la Corte Corte Constitucional que dijo que la Procuraduría sí puede sancionar, pero que luego el Consejo de Estado (que es un juez administrativo) debe revisar esa sanción. Y en el Consejo de Estado hay diferencias sobre cómo se debe aplicar la decisión de la Corte Constitucional y se prepara un gran fallo que unifique posturas.

CAMBIO le explica qué dijeron cada uno de los aspirantes, resaltando que hasta el momento quiénes parecen tener más simpatizantes son el exministro y asesor del Grupo Aval Luis Felipe Henao y la exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora.

Luis Felipe Henao: "Me comprometo a fortalecer una entidad moderna"

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Foto: Consejo de Estado

El exministro de Vivienda, quien ha trabajado de la mano de Germán Vargas Lleras en el pasado, aseguró que se siente orgulloso de haber nacido en un barrio de la comuna nororiental de Medellín. “Crecí en una familia en donde aprendí los valores de la gratitud, la honestidad y el trabajo. Lo más importante en mi vida es mi familia. Ese origen me motiva a luchar por un estado social de derecho que genere oportunidades y que el mismo se genere sobre la base de instituciones fuertes e independientes”, dijo.

Henao señaló que en un momento en el que la corrupción y la violencia “amenazan la institucionalidad”, el país requiere de una Procuraduría activa y no sólo reactiva en defensa de la Constitución, trabajando de la mano con la Rama Judicial. También propuso cuatro ejes para una eventual Procuraduría bajo su liderazgo.

El primero es la lucha contra la corrupción pues, en su criterio, si no se aplica una estrategia integral para combatirla, “está en riesgo la propia existencia de la democracia”. Henao dijo que se debe adaptar lo que a nivel internacional se identifica como sistema Compliance, que es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar riesgos, a través del cumplimiento de las obligaciones legales.

Henao dijo que, si bien la función preventiva de la entidad ha mejorado, esto ha sido por quejas de la ciudadanía. “Este modelo se está aplicando en muchos modelos del mundo con éxito y tiene cuatro finalidades: promover una cultura ética y de cumplimiento, favorecer el buen gobierno y la autorregulación, la prevención de las conductas antijurídicas y facilitar el análisis de responsabilidad al interior del Estado. Esto es muy importante”, dijo.

Su segunda propuesta es el apoyo a las instituciones, pensando en que haya una Procuraduría moderna y austera. Además, dijo que se debe repensar la función de conciliación y de intervención, que han sido criticadas. Por ejemplo, dijo que si hoy se logra una conciliación entre partes igual se debe acudir a un juez, por lo que se podría hacer una reforma para que ese acuerdo sea válido.

Henao se comprometió a convocar el concurso de méritos que el Consejo de Estado ordenó hacer hace unos días y señaló que se debe pensar de nuevo la función de los Procuradores delegados ante jueces y cortes, para que su rol sea activo. De otro lado, apuntó que debe haber una modernización de los procesos disciplinarios, acudiendo al análisis de big data y la inteligencia artificial, y abriendo más investigaciones de oficio.

“Solamente el uno por ciento de los casos que llegan a la Procuraduría tiene un fallo condenatorio”, dijo. Y sobre el caso de las sanciones a los elegidos por voto popular, Henao apuntó que la solución que propuso la Corte Constitucional (que permite a la entidad sancionar y ordena al Consejo de Estado revisar cada caso) tiene “dificultades”.

“Creo que la solución implica un diálogo en el marco de colaboración armónica entre los organismos del Estado, liderado por el Consejo de Estado, en donde se intente una solución legislativa que no desconozca las órdenes de la Corte IDH y que establezca los límites de dichas prerrogativas”, apuntó.

De otro lado, Henao enfatizó en un fortalecimiento en temas de derechos humanos y en la necesidad de hacer un pilar para atender a víctimas y para mujeres y comunidades. “Me comprometo a fortalecer una entidad moderna, cercana y con iniciativa”, dijo.

Martha Lucía Zamora: propuestas sobre la facultad sancionatoria

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Foto: Consejo de Estado.

La exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aseguró ante el Consejo de Estado que siempre ha tenido la convicción de que el cumplimiento de la Constitución y la protección de los derechos humanos y los intereses colectivos son pilares “para construir una sociedad justa y en paz. Esta ha sido la base de mis 30 años de servicio”.

Zamora fue fiscal, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, fue procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entre otros cargos. “La colaboración entre la Procuraduría y el Consejo de Estado es crucial para asegurar la protección de los derechos fundamentales. Como Procuradora, me comprometo a trabajar estrechamente con la jurisdicción de lo contencioso administrativo para garantizar la transparencia y la eficacia”, dijo.

Zamora dijo que uno de los principales desafíos es conciliar los compromisos internacionales de Colombia con las normas internas respecto de las facultades de la Procuraduría para sancionar a elegidos por voto popular, a partir del fallo de la Corte IDH y el fallo de la Corte Constitucional.

Así, Zamora terció y dijo que la postura de la Corte IDH que dice que solo un juez penal puede afectar derechos políticos de estos servidores es una “interpretación restrictiva” de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no tiene en cuenta la facultad disciplinaria que sí existe en Colombia hace años.

En ese sentido, hizo una propuesta que requeriría una reforma legal para poder llevarla a cabo: darle facultades a los jueces administrativos para que hagan un control de legalidad sobre la medida de suspensión provisional que emite la Procuraduría a alcalde so gobernadores que están en el cargo, lo cual respetaría la idea de que haya un control judicial posterior.

Además, señaló que la Procuraduría cuando haga funciones de intervención judicial, debería ir al juez administrativo para temas que impliquen tocar el habeas data. Y cuando se trate de casos que involucren violaciones de DIH o violaciones a los derechos humanos, Zamora propuso crear la revisión judicial posterior de las actuaciones de la Procuraduría por parte de un tribunal, guardando la reserva legal.

Zamora dijo que “se propone la interpretación a través de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, vinculante en Colombia, que cuando la gravedad de la falta lo justifique, cada Estado parte estimará la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar por mandamiento judicial u otro medio apropiado a las personas condenadas por delitos tipificadas al arreglo de la convención”.

De otro lado, Zamora dijo que la Procuraduría debe proteger a los grupos más vulnerables, aseguró que revisará la función de intervención que tienen la entidad en la justicia y dijo que su compromiso con el acuerdo de paz será fortalecer las funciones en el seguimiento de cada punto y lo que falta por implementarse.

Se ha confundido el control político con el jurídico y el social. La Procuraduría es un órgano de control jurídico y me aseguraré de que eso se mantenga incólume”, señaló. Además, insistió en que se debe ampliar la presencial territorial, apoyar la conciliación para descongestionar la jurisdicción administrativa y habló de hacer una gerencia austera, entre otros.

Sandra Morelli: "Concentrarse en casos paradigmáticos"

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Foto: Consejo de Estado.

La excontralora Sandra Morelli arrancó su presentación haciendo, precisamente, énfasis en los resultados que obtuvo cuando estuvo a cargo de esa entidad como la recuperación de la bahía de Santa Marta, el resultado de los procesos que se ganaron en segunda instancia o la recuperación de millonarios recursos.

Ya sobre la Procuraduría, Morelli puso el foco en tres aspectos: la corrupción, el hecho que las decisiones judiciales que se emiten en el país no se cumplen y la aplicación de la ley y la atención al ciudadano.

“Tenemos la concepción de que los derechos fundamentales se garantizan en la instancia judicial y resulta que la razón de ser de la administración pública es precisamente la garantía. La intervención judicial es remedial y eso ha sobrecargado la función judicial”, dijo.

En ese sentido, Morelli enfatizó en el rol preventivo que tiene la Procuraduría y aseguró que se debe crear una estrategia para atacar la corrupción. “Debemos hacer un mapa de riesgo, identificar las entidades que tienen mayor vulnerabilidad, mayor presupuesto y que tienen competencia en los sectores que se priorizan desde el Gobierno. Allí se debe aplicar la función preventiva en los procesos contractuales, desde la convocatoria hasta la ejecución de los contratos”, dijo.

Morelli, quien está en juicio ante la Corte Suprema por presuntos vicios en contratación cuando era contralora, apuntó que la Procuraduría debe hacer labores más amplias. “Hay una delegada de Hacienda que está planteando una reforma tributaria, pero por otro lado tenemos la no ejecución del presupuesto. ¿Qué está pasando? Que capturan y se estancan los recursos en convenios interadministrativos, fiducias…qué importante (sería) una oportuna intervención de la Procuraduría para esclarecer el verdadero estado de los recursos públicos en este momento en el país”.

Sobre la función disciplinaria, Morelli dijo que cada procuraduría delegada tiene al menos 2.500 procesos lo cual “es imposible de evacuar”, por lo que se podría hacer una reestructuración, trabajando con las oficinas disciplinarias de las entidades públicas y las Personerías, para que la Procuraduría “se concentre en los casos paradigmáticos”.

Morelli también dijo que la función de intervención judicial que tiene la entidad es clave en todas las jurisdicciones, pero que hay que priorizar cuando se usa, teniendo en cuenta que el rol de cada funcionario no puede ser pasivo. Y sobre la sanción a los servidores públicos, Morelli dijo que esta debe seguir haciéndose en los términos que planteó la Corte Constitucional.

"Pero es muy importante ver qué decidirá esta Corporación (el Consejo de Estado) para los dos casos que están en cursos y, en ese caso, será menester redimensionar el tamaño de la Procuraduría porque se crearon unos cargos sobre estos servidores. Pero teniendo en cuenta que la Convención Americana se aplica compatiblemente con el ordenamiento jurídico nacional y que es a la jurisdicción administrativa a la que le corresponde ejercer la reserva de ley y, de ninguna manera, al juez penal", dijo.

Jorge Hernando Pedraza: "la Procuraduría no puede perseguir"

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Foto: Consejo de Estado

El abogado nacido en Sogamoso, Boyacá, exrepresentante a la Cámara y exsenador, listó una serie de iniciativas legislativas en las que participó estando en el Congreso y aseguró que, tras su retiro en el 2018, fue elegido en 2019 como secretario general de la Comunidad Andina de Naciones en la que viene de trabajar y en la que se aprobaron más de 70 normativas andinas.

“Esto me permitió contribuir al fortalecimiento de la institución. Pasamos por una modernización. Ejercí la facultad sancionatoria como nunca antes, imponiendo multas por más de 34 millones de dólares”, dijo.

Pedraza dijo que quiere ser Procurador porque tiene una trayectoria que le permite ejercer la autoridad como independencia. “Quiero ser Procurador porque estoy preparado en lo personal y en lo profesional para crear una labor con excelencia, con dinámica y resultado que al final termine haciendo un fortalecimiento de la entidad”, dijo.

El exsenador aseguró que la Procuraduría “no puede ser un instrumento para agredir, para perseguir, no es escenario para enfrentar un poder contra otro, de tal forma que los corruptos no entiendan que encuentran allí un favorecimiento”.

Pedraza apuntó que hay que modernizar la Procuraduría, modernizar la jurisdicción agraria, ponerle el foco al cambio climático, avanzar en el uso de tecnologías, entre otros. Sobre las sanciones a elegidos por voto popular, el exsenador aseguró que su propósito es respetar la decisión de la Corte Constitucional y las que tome el Consejo de Estado. “Aspiro a promover un cumplimiento de los fallos judiciales”, finalizó.

Gustavo Arnulfo Quintero: "Actuaré con idoneidad"

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Foto: Consejo de Estado.

Quintero es abogado y profesor y es conjuez del Consejo de Estado hace 19 años y árbitro de la Cámara de Comercio. Dijo que ha participado en la Procuraduría en la elaboración de concursos, de proyectos de decisiones y como capacitador en todo el país. “Tuve la oportunidad de conocer de cerca muchas de las dificultades de las sedes regionales de la Procuraduría. Esto es una preocupación que tendrá mi administración. Constaté las grandes diferencias entre las regionales y las capitales”, dijo.

Quintero señaló que la prevención en la lucha contra la corrupción será el eje de una Procuraduría a cargo suya, a todos los niveles, para lo cual es necesario hacer una articulación con otros organismos, las oficinas de control interno disciplinario de las entidades públicas y las personerías.

Dijo que hay que adoptar medidas de modernización y digitalización y que hay que hacer capacitaciones a servidores públicos, así como crear alertas tempranas para identificar a tiempo casos y atajarlos. También dijo que hay que hacer una plataforma digital para conocer todo el detalle de cada caso y que se crearán lineamientos a seguir por los servidores judiciales, entre otros.

“No es normal que un servidor tenga que soportar años y años una investigación disciplinaria. Afecta las buenas prácticas de la administración”, dijo. Quintero apuntó que debe “haber buenas decisiones disciplinarias” para así evitar que haya múltiples demandas contra esas decisiones ante el Consejo de Estado.

Quintero abogó por la protección del medio ambiente, especialmente la deforestación y la protección del agua. Y, sobre la paz, dijo que la entidad debe poder intervenir en la promoción de acuerdos que sean necesarios.

Luis Andrés Fajardo: "Trabajé en los territorios alejados"

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Foto: Consejo de Estado.

Fajardo dijo que es doctor en derecho, profesor universitario por más de 20 años, que fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y vicedefensor del Pueblo. “Trabajé en los territorios alejados y adquirí experiencia que me deja decir que la razón fundamental de la violación de derechos en Colombia es la corrupción, que implica perdida de recursos y abuso de poder. Más de 21 billones según transparencia por Colombia se han perdido. La Auditoría General decía que en 2023 se perdieron 50 billones. Y eso que se ve como cifras frías, en el territorio son personas afectadas”.

Fajardo señaló que, si bien la Procuraduría ha tenido grandes resultados, “en este momento tiene una crisis de credibilidad” y una desconexión con la sociedad colombiana. “Por eso, mi propuesta es una Procuraduría volcada al territorio”, dijo al señalar que la crisis en Venezuela evidencia lo que puede pasar cuando los poderes pierden credibilidad.

Fajardo hizo cuatro apuestas principales: Primero, fortalecer la función preventiva asumiendo un esquema de Alertas Tempranas contra la Corrupción, copiando el modelo de alertas que tiene la Defensoría del Pueblo, tomando datos en el territorio, que permita hacer un reconocimiento rápido de los casos. “Para eso es importante fomentar la veeduría ciudadana activa y trabajando en la despolitización de la Procuraduría en el territorio”, dijo.

Segundo, Fajardo dijo que actualmente hay diferencias sobre la aplicación de la función de sancionar a servidores públicos que tiene la entidad y señaló que la decisión que tome el Consejo de Estado al respecto (que está en la Sala Plena en debate) será la guía para seguir. Pero, más allá de eso, el abogado dijo que se debe mantener lo que ha caracterizado al país en 200 años que es una división entre las funciones disciplinaria y la judicial. “Lo importante es conservar aquello que nos caracteriza. Hay que tener una postura clave y univoca”, dijo.

Las otras propuestas fueron hacer adecuaciones la función de intervención judicial, fortalecer el instituto de estudios públicos de la entidad y avanzar en los retos administrativos que se vendrán el otro año ante una eventual reducción del presupuesto de la entidad.

Roberto Carlos Badel García: ‘yo soy independiente’

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Foto: Consejo de Estado.

El abogado penalista indicó que no tiene conflicto de intereses, que es independiente y que trabajará de manera incasable en contra de la corrupción.

“La Procuraduría viene siendo objeto de múltiples ataques. Hoy vengo con todo respeto a solicitarles el aval para ser ternado para que el Senado elija el próximo Procurador. Como procurador tendré una obligación muy simple no caer en el juego de la controversia”, señaló.

Badel se comprometió a ser un “agente conciliador. Yo no voy a caer en provocaciones porque no es el rol del Procurador General” y señaló que en su eventual administración se desarrollará el enfoque de género. Incluso, propuso la creación de una Procuraduría delegada para la Mujer, lo cual sería posible fusionando otras delegadas, así como crear un “canal de actuación rosa”.

Además, apuntó que hará cumplir la orden que hace unos días dio el Consejo de Estado de hacer un concurso de méritos para la contratación en la entidad. “No es posible que la Procuraduría esté hoy sometida a cumplir una orden y no lo ha hecho, es un contrasentido”, dijo. Además, señaló que se debe fortalecer la función preventiva que tiene la entidad para asuntos claves como la contratación estatal.

“Hay un punto que no puedo dejar pasar por alto y es que a la Procuraduría se le cuestiona porque no cumple en los territorios su misión y lo que pasa es que el personal esta en las grandes ciudades y necesitamos hacer una reorganización de la planta de personal”, dijo. Badel señaló que también debe fortalecerse la lucha contra la corrupción desde las funciones de intervención judicial y de prevención que tiene la entidad.

“No escatimaré esfuerzos para combatir la corrupción. Es importante trabajar sin descanso para este fin”, finalizó.

Diego Alejandro González: “El ejercicio demanda absoluta independencia"

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Foto: Consejo de Estado

El abogado aseguró que sus actuaciones en 21 años del servicio público han sido guiadas por la ponderación, alejado de posturas radicales. “El ejercicio demanda absoluta independencia y me comprometo a preservarla”, dijo.

“Nuestro país atraviesa por una de sus peores crisis. De nada nos sirve ganar la lucha contra los violentos si seguimos perdiendo la lucha contra la corrupción. La corrupción es el peor enemigo de nuestro país, la primera causa de violación de derechos”, señaló al cuestionar directamente casos como pago de coimas en campaña o los pliegos sastre en la contratación estatal.

“Lideraré una política amplia basada en la educación y la prevención para fortalecer valores y el sentido de lo público. Siempre será mejor prevenir y sancionar. Para ello se deber trabajar de la mano con las oficinas de control interno de las entidades publicas y las personerías. La misión será devolverle la confianza a la gente”, agregó.

González señaló que se necesita usar análisis de datos, capacitación e inteligencia artificial para hacer un control preventivo en tiempo real. Además, dijo que hay que poner el foco en otras problemáticas como el asesinato de líderes sociales, el recrudecimiento de la violencia contra la mujer, así como la protección del medio ambiente y el agua, en un enfoque social.

“En la función de intervención, trabajare con toda la rama para asignar nuevas funciones a procuradores. Evaluaremos las necesidades de la función de intervención en procesos penales. Promoveré los derechos humanos para amparar a la mujer y minorías”, dijo. Además, señaló que estará a plena disposición para dar el debate sobre la aplicación de sanciones disciplinarias a elegidos por voto popular y para presentar reformas, en caso de ser necesario.

“Mi nombre garantiza independencia, reconocimiento y trayectoria académica. Seré un procurador que guie mis actuaciones con la Constitución en la mano y ‘des-bogotanizaré’ la función”, señaló.

Emiro Vieda Silva: 'Se necesita un plan de descongestión'

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Vieda lleva 27 años trabajando en temas de derechos humanos y es funcionario de la Procuraduría. En su labor ha sido secuestrado por grupos armados y hostigado, entre otros.

Ante el Consejo de Estado, Vieda dijo que en esta época de crisis hay que sacar adelante la entidad, fortalecer sus funciones y proteger a las poblaciones vulnerables como las mujeres y los menores de edad. Dijo que es necesario trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo, poniendo el foco en las alertas tempranas, entre otros.

“Quiero que las decisiones salgan dentro de un plazo razonable. La ciudadanía requiere decisiones”, dijo al señalar que no quiere que cuando se tomen las sanciones, estas ya no tengan impacto real porque el funcionario ya terminó su cargo.

Quiero modernizar la Procuraduría. Se investigan empresas criminales para desfalcar el Estado, debemos abordarla con nuevos mecanismos”, señaló al indicar que se debe mejorar también la remuneración de los servidores de la Procuraduría.  

Vieda señaló que debe profundizarse en el enfoque de género en la metodología de investigación y señaló que se requiere de manera urgente un plan de descongestión. Además, insistió, conmovido hasta las lagrimas, en la necesidad de que haya un caso especial en la JEP sobre las mujeres víctimas del conflicto. 

David Suárez Tamayo: “Menos figuración personal”

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Foto: Consejo de Estado.

Suárez listó los funcionarios judiciales que lo han inspirado a lo largo de su carrera y señaló que la Procuraduría debe ser más que la persona que la lidera. “Menos figuración personal”, dijo. Además, señaló que la entidad va más allá de las sanciones y destacó las labores preventivas y de intervención judicial que hace.

“Un tema que se debe revisar es precisamente la pertinencia y necesidad de la intervención de la Procuraduría, sobre todo en procesos penales y en lo contencioso administrativo. En estos últimos, por qué no, pensar que los procuradores judiciales pasen a la jurisdicción ya que tienen el presupuesto asegurado para afectos de ayudar en la descongestión”, dijo.

Suárez aseguró que se están recibiendo 160 quejas por día en la Procuraduría, señaló que la entidad tiene un plan decenal y una estrategia comprometido con las mujeres que deben seguir. Además, dijo que hay que hacer seguimiento al proceso de paz, la PAE, a las transferencias y regalías, entre otros.

Suárez dijo que no está de acuerdo con propuestas de eliminar la Procuraduría: “Discrepo con la columnista (de CAMBIO) Ana Bejarano que el fin de semana dijo: ‘por ahora no suena un solo nombre capaz de actuar con independencia y mucho menos con la intención de cerrar esa parranda de derroche’. Eliminarse, no. Corregir, sí”, apuntó.

Además, dijo que hay que actuar de manera mancomunada con otras entidades y fortalecer los derechos de comunidades vulnerables, y hacer alianzas internacionales para asegurar la lucha contra la corrupción. También dijo que hay poner el foco en las cárceles, la contratación directa y la prestación de servicios públicos, entre otros. 

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