Nicolás Petro fue mencionado en reporte oficial de Estados Unidos sobre corrupción y derechos humanos, ¿por qué?

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, exdiputado del Atlántico y quien es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, apareció mencionado en el informe anual sobre derechos humanos que publica el Departamento de Estado de Estados Unidos. 

Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario, también fue incluido en el reporte.

La mención se hace en el capítulo de Corrupción Gubernamental y describe que “la Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones al hermano y al hijo del presidente Petro por supuestamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales financiaron la campaña de Petro en 2022”. 

La Fiscalía ya llamó a juicio al exdiputado del Atlántico por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. 

¿Cómo le fue a Colombia en el informe? 

El documento del Departamento de Estado hace referencia a los problemas de derechos humanos en el país y comienza señalando que no se presentaron “cambios significativos en la situación de derechos humanos en Colombia durante el año”. 

Así mismo, detalla que hay informes creíbles que describen problemas como: “Ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos armados; arresto o detención arbitrarios; abusos graves en el conflicto; graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa y grave corrupción gubernamental”. 

También describen que los grupos armados al margen de la ley fueron autores de abusos contra los derechos humanos en varias regiones del país. Además, atentaron contra líderes sociales, mujeres, periodistas y la comunidad. 

“Fueron autores de delitos violentos, incluidos delitos ilícitos, asesinatos, secuestros, trata de personas, atentados, restricciones a la libertad de circulación, violencia sexual, reclutamiento ilícito y utilización de niños, soldados, y amenazas de violencia contra periodistas, mujeres, defensores de derechos humanos, y líderes religiosos”, como detalla el documento del Departamento de Estado. 

En cuanto a otros delitos de líderes políticos se describe que “desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones contra nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones contra 39 exgobernadores, 94 investigaciones contra 25 gobernadores y cuatro investigaciones contra exalcaldes”. 

El documento del Departamento de Estado destaca que desde el Gobierno se han tomado acciones para “castigar” a los funcionarios que hubiesen cometido delitos contra los derechos humanos. 

A su vez, se resalta el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la búsqueda de la reconciliación y en las medidas que se tomaron para responsabilizar a quienes perpetraron la violencia en el conflicto armado del país.