¿Por qué decisión de Petro de rechazar centro de reclusión perjudica a los menores?
El Centro de Justicia Penal Restaurativa para menores que no quiso recibir el gobierno.
Crédito: Foto: Alcaldía de Bogotá
Lara Bonilla y Jaramillo Ossa fueron asesinados por menores de edad. La idea de Petro de rechazar centro de reclusión de Claudia López perjudica a los delincuentes juveniles, porque el presidente no puede interferir en el modelo de justicia actual, que busca un proceso de resocialización.
Por: Sylvia Charry
Hace algunas semanas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo en una rueda de prensa que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no les había recibido el nuevo Centro de Justicia Penal Restaurativa, construido en Bogotá, con capacidad para recluir hasta 200 jóvenes a quienes los jueces ordenen medidas privativas de la libertad por cometer algún delito. Según la alcaldesa, la razón es que el gobierno nacional quiere que “los jóvenes no sean privados de la libertad, sino que hagan procesos de restauración”.
Para profundizar
Este lunes, 27 de noviembre, un ciudadano colombiano invitó a Petro a comparar los actuales centros de internamiento para jóvenes con el que le había rechazado a la alcaldía. Petro le respondió en su cuenta de X: "En mi opinión los niños no deberían estar presos", dijo.
Su "opinión", sin embargo, pasa por alto lo que dice la ley en materia de delincuencia juvenil.
El nuevo centro de justicia restaurativa
El Centro Integral de Justicia Bosa Campo Verde es un complejo de 12.624 metros cuadrados de construcción y 6.830 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes que costó 75.000 millones de pesos. Ahí funcionan un CAI de la Policía; una Casa de Justicia especializada en la atención de mujeres víctimas de violencia, que es operada por la Secretaría de Seguridad, y una URI, que es operada por la Fiscalía.
Desde hace un año, sin embargo, el pabellón destinado al reclutamiento y resocialización de menores está abandonado porque al presidente Gustavo Petro le parece que los delincuentes menores de 18 años no deberían ir a una cárcel. Así las cosas, la administración distrital deberá darle otro uso.
Fuentes le confirmaron a CAMBIO que el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga enviará un equipo de peritos fiscales para que evalúen si este caso podría tratarse de un elefante blanco.
La delincuencia juvenil en el país
Según cifras conocidas por CAMBIO, sólo en 2023 han sido capturados 7.675 menores de edad por distintos delitos en todo el país, la mayoría de ellos en flagrancia. De esas capturas, 2.209 han sido presuntos responsables de hurto; 1.682, por porte de estupefacientes; 952, por porte ilegal de armas; 351, por homicidio, y 225, por delitos sexuales.
En el caso de Bogotá, de acuerdo con datos entregados por la Fiscalía, en lo que va corrido del 2023 han sido capturados 901 menores de edad, cerca del 90 por ciento en flagrancia. De estos, 548 han sido detenidos por hurto; 86, por lesiones personales; 86, por porte de estupefacientes, y 26, por homicidio.
Todas esas capturas han sido ordenadas por jueces de la República que han estado de acuerdo en que los jóvenes aprehendidos deben ser cobijados con una medida de internamiento para garantizar tres fines fundamentales: que comparezca al proceso, que no obstruya a la justicia y que no represente un peligro para la comunidad.
Para profundizar
Esas decisiones de medidas de internamiento no son ideas sueltas de los jueces, sino basadas en la Ley 1098 de 2006, que creó el Código de Infancia y Adolescencia y que es clara: los jueces pueden dictar una medida de internamiento contra los adolescentes entre los 14 y 17 años que infrinjan la ley. Esa medida puede ser preventiva, es decir, antes de una condena o después de la sentencia.
El parecer del presidente no ha hecho sino perjudicar a los delincuentes juveniles, pues aunque quiera que no vayan a la cárcel, no puede interferir en el modelo de justicia actual.
Quienes sean cobijados con medidas de internamiento en Bogotá no podrán ser enviados al nuevo centro de justicia restaurativa, sino al viejo centro de detención El Redentor, ubicado por el sector Ricaurte, en el sur de Bogotá, el cual ha sido objeto de múltiples denuncias por maltrato, violencia, venta de drogas, fugas masivas, amotinamientos, entre otros. Ni hablar de las obsoletas instalaciones.
La delincuencia juvenil ha acompañado la historia de Colombia. Por ejemplo, líderes políticos como el del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, militante del Partido Liberal asesinado en 1984, y el de Bernardo Jaramillo Ossa, militante del Partido Comunista Colombiano asesinado en 1990, entre otros, fueron asesinados por jóvenes.
