
¿Por qué la Procuraduría pide al Gobierno nacional abstenerse de expedir decreto que prohíbe exportaciones de carbón a Israel?
El órgano de control envió al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo múltiples observaciones sobre el borrador del decreto, en el que se establecen las restricciones promovidas por el presidente Gustavo Petro.
Por: Jonathan Beltrán
El pasado 29 de julio, el Gobierno nacional publicó para comentarios el borrador del decreto en el que se establece la prohibición sin excepciones de la exportación de carbón colombiano a Israel, debido a la agresiva avanzada militar sobre Gaza que ya ha dejado más de 60.000 muertos. Una semana después de la presentación de la iniciativa, la Procuraduría advirtió sobre posibles afectaciones provocadas por la nueva normativa.
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El nuevo decreto pretende derogar dos artículos del documento emitido en agosto de 2024 por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. Pese a que esa normativa firmada por el primer mandatario establecía los parámetros de la prohibición, Petro ha reiterado que algunas multinacionales habrían continuado enviando carbón a territorio israelí.
En su revisión del nuevo borrador, la Procuraduría advirtió que la normativa podría vulnerar normas constitucionales, legales y principios fundamentales. Así mismo, cuestionó que la consulta pública del documento solo se mantuvo disponible durante cinco días, pese a que se ha establecido un mínimo legal de 15 para garantizar la recepción de comentarios y observaciones.

El Ministerio Público reveló que, tal como se presentó el más reciente borrador, la iniciativa para modificar el decreto vigente afecta el derecho de la participación y pretende suspender permisos previamente otorgados. En ese sentido, advirtió que la expedición de la nueva normativa podría representar vulneraciones a los principios de buena fe, proporcionalidad y razonabilidad.
“El contenido del proyecto excede las competencias del Ejecutivo, al entrar en materias reservadas al Congreso, como la intervención económica y los límites a la libertad de empresa; sin aportar argumentos jurídicos que justifiquen esta asunción de competencias por parte del Gobierno”, concluyó el órgano de control en la observación emitida este 6 de agosto.
¿Qué se establece en el decreto del Gobierno nacional que la Procuraduría recomendó no expedir?
En las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro ha insistido en que la prohibición sin excepciones de la exportación de carbón a territorio israelí correspondería a una respuesta de su administración ante la compleja situación humanitaria registrada en Gaza. Según él, la iniciativa permitiría ejercer presión internacional para exigir respeto por el Derecho Internacional Humanitario.

Con las modificaciones al decreto vigente, el Gobierno busca ampliar el marco normativo para fortalecer el control sobre la exportación de huellas térmicas, que –según el presidente Petro– ha sido utilizado por Israel con fines militares. Igualmente, define mecanismos de supervisión aduanera y sanciones en caso del eventual incumplimiento de la nueva norma.
En el borrador se establecía que la prohibición se mantendría vigente hasta que el Gobierno de Benjamin Netanyahu cumpla con las órdenes emitidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por eso, la medida estaría sujeta a revisión permanente en función del comportamiento del Estado israelí frente a los parámetros del derecho internacional.

El documento firmado por la ministra encargada de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, establecía que las nuevas disposiciones entrarían en vigor 15 días después de su publicación en el diario oficial. Sin embargo, las observaciones presentadas por la Procuraduría podrían frenar su implementación mientras se revisan las recomendaciones.
Finalmente, el órgano de control recomendó al Ministerio de Comercio abstenerse de expedir el decreto antes de presentar una serie de modificaciones requeridas para garantizar su legalidad y aplicación. En ese sentido, solicitó ajustar el contenido del documento a los principios constitucionales, respetar los plazos de participación ciudadana y evaluar el impacto de la medida.
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