
Hecson Alexys Benito Castro.
Crédito: Colprensa- Gobernación de Vichada
Primicia: Corte Suprema confirma condena contra el gobernador del Vichada Alexys Benito Castro
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 93 meses de prisión dictada en 2023 en contra Hecson Alexys Benito Castro por un caso de corrupción. Benito Castro tendrá que pagar la pena en centro carcelario.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 7 años y 9 meses de prisión impuesta al gobernador del Vichada Hecson Alexys Benito Castro por el delito de peculado por apropiación.
La decisión se tomó al revisar un recurso de impugnación especial que había presentado el mandatario local en contra de la decisión del Tribunal Superior de Villavicencio, que lo condenó en septiembre de 2023 y dispuso la privación de la libertad, así como una multa de casi 14.000 millones de pesos.
CAMBIO conoció que la Corte Suprema confirmó la decisión tal y como venía del tribunal y que la otra semana se hará la lectura del fallo. La condena implica que Benito Castro deberá salir de la Gobernación y que deberá ser capturado para cumplir la pena en centro carcelario.
El caso
Este caso se remonta a 2012 cuando Benito Castro era alcalde del municipio de Santa Rosalía e intervino para que se construyera un puente sobre el caño Güichire, cerca al resguardo indígena de la etnia Sáliba, a petición de Ramón Caribana. No obstante, esto se hizo de forma irregular y prometiendo una retribución económica.
En ese sentido, en vez de un contrato propiamente dicho, Caribana contactó a compañeros de la comunidad e hicieron el puente en seis días y recibieron como pago 30.000 pesos diarios a los trabajadores y 60.000 diarios al maestro de obra. Además, Benito Castro le entregó a Caribana 3 millones de pesos para compra de materiales y otros gastos.
Una vez hecha la obra, el entonces alcalde sí hizo un contrato con Wilfredo Castillo, contratista que fue condenado junto con él, para legalizar la obra, diciendo que la adecuación del puente costaba 15.590 millones de pesos, de los cuales efectivamente se entregaron al contratista 13.719.876.87 pesos lo cual implicó un detrimento patrimonial.
