Jomary Ortegón, Dora Lucy Arias e Iris Marín.
Crédito: Crédito: redes sociales
Así va el pulso en la recta final por la Defensoría del Pueblo
- Noticia relacionada:
- Defensoría del Pueblo
- Política
- Cámara de Representantes
El próximo 16 de agosto la plenaria de la Cámara escogerá a la próxima defensora del pueblo. Las tres aspirantes tendrán que convencer a la mayoría de bancadas en esa corporación, a pesar de no tener experiencia en la política menuda. ¿Cómo están las cargas?
Por: Andrés Mateo Muñoz
La terna que envió el presidente Gustavo Petro tiene a tres abogadas defensoras de derechos humanos compitiendo por llegar a la cabeza de la Defensoría del Pueblo: Dora Lucy Arias, Iris Marín y Jomary Ortegón.
Aunque las aspirantes cuentan con una impecable hoja de vida y gran experiencia profesional, el lobby en el Congreso será un factor determinante para ganar la elección.
Así ocurrió hace cuatro años, cuando en 2020 el presidente Iván Duque presentó sus candidatos para ser defensores del pueblo: todos tenían evidentes lazos políticos. Carlos Camargo era militante del Partido Conservador; Elizabeth Martínez era cercana al Partido de la U, y Myriam Martínez tenía conexiones fuertes con el uribismo.
Al final, y con una votación arrolladora (140 votos), el ganador fue Camargo, que venía de ser el presidente de la Federación de Departamentos y de aspirar a ser registrador. Meses después de su posesión, varios informes periodísticos dieron cuenta de los nombramientos políticos en la Defensoría del Pueblo. Algunas colectividades beneficiadas fueron el Partido Conservador, el Partido de la U y el Liberal.
Más allá de si están o no de acuerdo con la forma en la que se escoge al defensor del pueblo, las tres candidatas deben jugar con las reglas de juego que hay. Por ello, las conversaciones con los congresistas ya están en marcha para llegar con posibilidades a la plenaria del próximo 16 de agosto.
Las cuentas políticas para las tres aspirantes
En el Pacto Histórico la favorita es Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Además de sus 20 años de experiencia como defensora de derechos humanos, Ortegón fue quien gestionó las medidas cautelares a favor de Gustavo Petro en la CIDH luego de ser suspendido por la Procuraduría como alcalde de Bogotá.
Ese caso ha sido una de las banderas del presidente en la defensa de los derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular de las decisiones administrativas de la Procuraduría. Ortegón ya recibió el respaldo público de voces fuertes dentro del Pacto Histórico, como la del senador Iván Cepeda:
“Es un avance sin precedentes la decisión del presidente de proponer a la Cámara una terna de tres reconocidas defensoras de derechos humanos [...] destaco a la abogada Jomary Ortegón, quien ha defendido los derechos de las víctimas de la violencia en Colombia”, dijo Cepeda.
La inclinación del Pacto Histórico por Ortegón haría que la coalición de Gobierno respalde su aspiración. Allí se incluye a una parte del Partido Liberal y del Partido Alianza Verde.
Ortegón, sin embargo, no tiene respaldo en sectores independientes y de oposición. Por ejemplo, el Centro Democrático se ha desmarcado por completo de la abogada. Así lo ha expresado el representante Hernán Cadavid.
“No podemos permitir que las entidades del Estado sean capturadas por activistas ideológicos extremistas. Se pone en peligro la democracia”, dijo Cadavid.
Para la bancada uribista, Ortegón no da garantías, por haber sido abogada del presidente Petro y del senador Cepeda. Lo mismo pasa en Cambio Radical. Las curules de algunos congresistas de esa colectividad han sido demandadas por el Cajar en los últimos años.
“Tiene que existir una separación de poderes. Imagínese alguien que abiertamente es activista del petrismo”, dijo un representante de Cambio Radical.
Dudas parecidas han recaído sobre la aspiración de Dora Lucy Arias, quien fue parte del Cajar pero ya no tiene relación con ese colectivo.
“Desde el año 2019 me desvinculé de manera definitiva de dicha Corporación, tanto por razones personales como por diferencias conceptuales”, dijo Arias.
La abogada cuenta con más de veinte años de experiencia profesional y se ha dedicado, entre otras tareas, a litigar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la persecución de la que fue víctima junto con otras abogadas y periodistas por el extinto DAS.
Hasta el momento, Arias no es una opción atractiva para la mayoría de indecisos, pero tampoco está descartada.
Finalmente, la abogada Iris Marín está tomando fuerza como una opción más intermedia y menos resistida para bancadas independientes y algunos congresistas de la oposición. Marín ya ha sostenido conversaciones con representantes de La U, los conservadores, algunos verdes e incluso unos cuantos militantes del Pacto Histórico.
“Nos parece una opción viable por mostrar un mayor equilibrio pero hay que esperar a la reunión de bancada”, dijo un congresista del Partido de la U.
Y así será. Antes de la sesión del 16 de agosto cada bancada se reunirá para tomar una decisión unificada. Ni siquiera en el Pacto Histórico está definido por completo el respaldo a Jomary Ortegón, pues en el alto gobierno aún no se ha tomado una postura. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la directora del Dapre, Laura Sarabia, todavía están afinando los cálculos para dar una instrucción certera a la coalición en el Congreso.
Por ahora, las tres aspirantes tendrán que superar la revisión de requisitos que hará la Comisión de Acreditación del Congreso y preparar sus discursos el día de la plenaria.