¿Quiénes son los responsables del escándalo de corrupción del acueducto de La Mesa-Anapoima?
En la foto el exgobernador Pablo Ardila y Manuel, Miguel y Guido Nule.
Crédito: Foto: Yamith Mariño
Diecisiete años después de iniciada, la construcción del acueducto La Mesa-Anapoima sigue sin materializarse. La Fiscalía ya tiene en la mira a los presuntos responsables, entre los que se encuentran los hermanos Manuel, Miguel y Guido Nule. También se investiga la participación del exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila en el descalabro.
Por: Sylvia Charry
En 2012, la Auditoría General y la Contraloría de Cundinamarca advirtieron sobre un presunto detrimento patrimonial de más de 40.000 millones de pesos en las obras que se venían haciendo desde 2006 para la construcción del acueducto de La Mesa-Anapoima. Desde ese momento, se trasladaron copias a la Fiscalía para que investigara a los responsables de que los dineros de los millonarios contratos quedaran, al parecer, en los bolsillos de particulares. Hoy, 11 años después de esas advertencias, no hay ninguna decisión de fondo en ninguna de las entidades y nadie ha respondido por un proyecto que, después de 17 años y más de 70.000 millones de pesos invertidos, no ha culminado. CAMBIO revela en exclusiva la primera decisión que tomará la Fiscalía en esta investigación, que ha reposado durante años en las gavetas de diferentes fiscales.
Se trata de una nueva batalla que emprendió la fiscal Angélica Monsalve contra los responsables de los primeros tres contratos de obra del acueducto que fueron suscritos entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007 y en los que están comprometidos más de 33.400 millones de pesos del Estado. El proceso cuenta con 25 investigados que –próximamente- deberán darle explicaciones a la justicia, entre ellos, Miguel, Manuel y Guido Nule, condenados por el carrusel de contratos de Bogotá y quienes serán citados a imputación de cargos en los próximos días.
Para profundizar
El descalabro del acueducto es tal, que el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió hace una semana que el riesgo es que en la totalidad del proyecto se pierdan más de 71.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que el pasado 20 de marzo tampoco entregaron la obra, que ya va en su quinta fase. Según el organismo de control fiscal, son más de 100.000 habitantes los que no cuentan con agua potable en los municipios de La Mesa- Anapoima.
Los contratos investigados
El primer contrato investigado por la Fiscalía se suscribió el 20 de diciembre de 2006 por 14.000 millones de pesos y tenía como objeto “ejecutar para el departamento, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, la construcción de infraestructura regional para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Cundinamarca”. El contrato lo firmó Jerónimo Camilo Daza Daza, secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Cundinamarca, y Jorge Luis García, representante legal del Consorcio Anapoima, del cual hacían parte múltiples empresas del grupo Nule, como MNV Construcciones y Gas kpital. Según las fuentes, irregularmente y contrario a los estatutos de contratación pública, se suscribieron dos contratos de interventoría con dos consorcios de los que hacían parte las empresas de los Nule, por más de 1.257 millones de pesos.
La Fiscalía encontró que la Gobernación de Cundinamarca, para ese entonces bajo la dirección de Pablo Ardila –quien fue capturado en España por múltiples delitos como trata de personas, lavado de activos, entre otros–, pagó la obra y tiempo después declaró el incumplimiento del contrato. Es decir, la obra no fue terminada.
Lo peor viene después. A pesar del incumplimiento, en agosto de 2007, la Gobernación volvió a suscribir un contrato de obra para la construcción del acueducto de Cundinamarca con otro consorcio, llamado Acueducto Regional, compuesto por las mismas empresas de los Nule. Este contrato, por 8.394 millones de pesos, fue suscrito también por Daza Daza, como secretario de Obras Públicas, y por Julio César Basto, representante del Consorcio. En esa segunda fase también se celebraron dos contratos de interventoría por más de 1.000 millones de pesos.
A pesar de esa segunda oportunidad que les regalaba la Gobernación de Ardila, los Nule tampoco cumplieron, la obra no se realizó y el dinero se perdió.
Para profundizar
El 28 de diciembre de 2007, de nuevo Daza Daza, como secretario de Obras Públicas, suscribió un tercer contrato con el mismo objeto por más de 6.100 millones de pesos, pero con el Consorcio Aguas de Cundinamarca, representado legalmente por David Castillo Baute. El consorcio estaba compuesto por las empresas Grandición S.A., Inversiones Grandes Vías e Ingeniería Ltda, Carlos Vengal Pérez y Ronald Rafael Ruiz de León, quienes, aunque nada tenían que ver con los Nule, tampoco cumplieron. En ese momento, también se suscribió un contrato de interventoría con Bernardo Enrique Revueltas Sande.
La historia no termina ahí porque, después de ese incumplimiento, han pasado 16 años, cuatro gobernadores más, nuevos contratos de obra con otros consorcios. Aun así, el acueducto de La Mesa-Anapoima sigue sin terminarse.
Aunque la fiscal Monsalve ya tiene otra indagación por el incumplimiento en la fase cuatro del proyecto, por ahora llevará ante los jueces a los encargados de los primeros tres contratos. La investigación arrojó, por ejemplo, que la obra se inició sin permisos, sin estudios y ni siquiera con un convenio con Bogotá para el suministro del agua.
Los llamados a imputación de cargos
Por los tres contratos de obra y los cinco de interventoría, serán citados a imputación de cargos 25 personas, entre particulares y funcionarios, que serían los presuntos responsables del descalabro del acueducto.
Por la fase 1 y 2 serán llamados a imputación de cargos Daza Daza, secretario de Obras Públicas; Jorge Luis Bettin, representante legal del Consorcio Redes de Cundinamarca; Jaime Fals Martínez, otro de los representantes del Consorcio Anapoima; Julio César Basto, representante del consorcio Acueducto; Miguel, Manuel y Guido Nule, propietarios de las empresas que componían el Consorcio Anapoima; Félix Eduardo Guerrero, gerente de las Empresas Públicas de Cundinamarca; y Álvaro Humberto Peñaloza, representante de Proyectos Colina, entre otros.
Sobre los contratos de interventoría deberán rendir cuentas a la justicia Félix Eduardo Guerrero, gerente de las Empresas Públicas de Cundinamarca; Juan de la Cruz Martínez, otro representante legal del Consorcio Redes de Cundinamarca; Francisco Javier Pareja, representante del Consorcio Intersubachoque; Guillermo Otero, representante legal de Hidrotec LTDA y Miguel Ángel Martínez, representante legal de Interaudit SAS, entre otros.
Por el tercer contrato de obra, serán citados a imputación de cargos Daza Daza; David Castillo Baute, representante legal del consorcio Aguas de Cundinamarca, y Félix Eduardo Guerrero, gerente de las Empresas Públicas de Cundinamarca. Sobre los contratos de interventoría para esta fase, serán citados Bernardo Enrique Revueltas Sande y Flor Angela Jiménez Amador.
La Fiscalía promete tener un arsenal probatorio para demostrar que los encargados de los contratos son presuntos responsables de los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El llamado a lista en los estrados judiciales se inicia esta semana y un juez de garantías será el encargado de determinar si hay pruebas suficientes para avalar la imputación de cargos. CAMBIO conoció que la fiscal Angélica Monsalve trasladará copias de la investigación a los delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que investiguen la presunta responsabilidad del exgobernador Pablo Ardila en el descalabro.
