Registraduría esperará decisión de las altas cortes sobre convocatoria de la consulta popular

Tras una revisión del equipo jurídico de la Registraduría, el registrador Hernán Penagos anunció que se debe dejar en manos de las altas cortes la decisión de convocar o no la consulta popular. Esto sucede en medio de un conflicto jurídico entre la decisión del Senado de negar la consulta y el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que la convoca para el próximo 7 de agosto. 

Suscríbase aquí si le gusta el periodismo independiente. CAMBIO, la verdad siempre

"Es muy importante para el país que rápidamente alguna de estas cortes tome decisiones de fondo que nos permitan saber hacia dónde conducirnos, insisto, no solamente para la convocatoria una consulta, sino para evitar una ruptura institucional en el país", dijo el registrador.

Según Penagos, la entidad solicitará un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a fin de que se pronuncie de fondo sobre si se han cumplido o no los requisitos del artículo 104 de la Constitución, norma en la que se basó Petro para convocar la consulta vía decreto. También remitirá copia de dicha solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría.

Así mismo, les pedirá a las altas cortes que se pronuncien ágil y oportunamente sobre las diferentes demandas interpuestas en torno a esta controversia jurídica.

El registrador explicó que hay que ser precavidos en la decisión, pues los 750.000 millones de pesos que costaría la consulta popular podrían representar, en un futuro, un detrimento patrimonial para el Estado y derivar en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.

"No veo de dónde pueda decirse que el registrador está incumpliendo la Constitución. Hay que ser prudentes y respetuosos, pero también hay que cuidar los recursos públicos. Comprometer 750.000 millones de pesos hoy sin saber el resultado de semejantes controversias jurídicas, más de 150 demandas entre acciones de tutela y acciones de nulidad y solicitudes de inconstitucionalidad que cursan en las cortes, pues obviamente exige esperar hacia dónde debemos conducirnos", dijo.

Por otra parte, considera que, de aprobarse la consulta popular, no podría convocarse para el 7 de agosto, pues materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística en 53 días o menos. La Registraduría requiere alrededor de tres meses, tal como lo establece la ley, dado que se deben tener en cuenta aspectos como: la instalación de cerca de 112.000 mesas de votación; el traslado de material electoral a 67 países y 124 consulados, donde la ciudadanía colombiana deberá votar una semana antes; y la capacitación de manera rigurosa a aproximadamente 650.000 jurados en todo el país.

"Creo que se está equivocando gravemente": Armando Benedetti tras declaraciones del registrador

Ante medios de comunicación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que el registrador Penagos no está acatando el decreto firmado por Petro y que "no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional a una excepción constitucional que hizo el Gobierno", pues es solo un operador logístico. "Creo que se está equivocando gravemente en eso", dijo.