
Mucho se ha dicho, quizás demasiado, sobre estas elecciones presidenciales. La fatiga y el hastío electoral en los ciudadanos es de tal magnitud que lo único que quieren, a estas alturas, es que el asunto se resuelva. Infortunadamente la decisión final el próximo 19 de junio, sea cual sea, no es el fin si no que puede ser el comienzo del calvario. Existen demasiados indicios de que las cosas no fluirán fácilmente, de que estas elecciones llenas de sorpresas nos seguirán dando motivos de consternación en el inmediato plazo y a lo largo del transcurrir del próximo gobierno.
No me entiendan mal. A los demócratas nos debe alegrar inmensamente todo lo ocurrido. Que la indignación de los colombianos se haya tramitado por la vía electoral y con una alta participación ciudadana habla muy bien de la robustez de la democracia. Sin duda, la Constitución de 1991 está en la raíz de lo ocurrido. Ese andamiaje, y su desarrollo jurisprudencial y político, durante las últimas tres décadas, gestaron la insurrección electoral que estamos viviendo.
El riesgo es que ahora, a lo Edipo, el hijo asesine al padre. El primer gran desafío que tenemos para la estabilidad institucional es la aceptación de la legitimidad de los resultados por quien resulte perdedor. Aupados por las declaraciones sobre fraude de Uribe y Pastrana, y por las oscuras circunstancias que rodearon las elecciones parlamentarias, el perdedor se puede ver tentado a no aceptar su derrota.
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