
Desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Amlo, la estrategia de seguridad en México ha sido la de no enfrentar la violencia con más violencia. Tristemente, cuatro años después, la política de “Abrazos, no balazos” no solo no ha dado resultados, ha aumentado la violencia, expandido las organizaciones criminales y diezmado la capacidad de inteligencia del Estado mexicano. Lo anterior quedó en evidencia esta semana cuando la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, desató la furia del Cartel de Sinaloa que demostró una vez más que aún tiene el poder de secuestrar una ciudad.
Lo que ocurre en México nos revela mucho sobre lo que podría pasar en unos años si el gobierno colombiano sigue improvisando con su política de paz total. Aunque tanto Amlo como Petro tienen razón en que la guerra contra el narcotráfico fracasó, las treguas sin compromisos verificables, la candidez o el exceso de confianza con el adversario y los acuerdos bilaterales espontáneos, sin negociaciones previas, pueden resultar peores.
Lo cierto es que en Colombia las comunidades más azotadas por la guerra vienen pidiendo hace mucho tiempo que pare la violencia. Desde hace varios años en el Bajo Calima y San Juan, por ejemplo, la fuerza pública, las AGC y el ELN están enfrentadas en una guerra por el control de estos territorios. Las consecuencias han sido una población confinada, desplazada, asesinada y torturada. Según la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, solo para el Medio San Juan, un municipio de 15.000 habitantes, se reportaron 4.004 víctimas durante 2022, mientras para el Litoral de San Juan, otro municipio colindante de 11.000 habitantes, se reportaron 7.973 víctimas en lo corrido del año.
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