Vicky

Vicky Benedetti era el nombre de mi tía favorita. Murió de cáncer demasiado temprano. Vicky también fue la gestora cultural favorita de muchos jóvenes colombianos. Gracias a ella, y a su trabajo dedicado, perseverante y juicioso en el Ministerio de Cultura, donde fue contratista por más de veinte años, artistas de todos los rincones de Colombia lograron el reconocimiento nacional y el apoyo que siempre soñaron. Orgullosamente cartagenera, transitó este plano mortal siempre consciente de su impermanencia. Fue una mujer feliz, generosa y descomplicada, que amó siempre su trabajo, a pesar de que batalló hasta el último día de su vida contra el peso de la incertidumbre y la inestabilidad. Todo por haberle entregado su vida al sector público sin tener nunca un contrato laboral.

Esta columna es para todos y todas las vickys, que como ella trabajan con el Estado hace años cumpliendo funciones misionales, levantando con su esfuerzo el sector público, sin mucho a cambio y con la eterna preocupación, todos los diciembres, de que su contrato que ya se venció no sea renovado. Las y los vickys no pueden seguir siendo vistos como números más dentro de una cifra global. Son seres humanos que sufren las consecuencias de la inestabilidad laboral, de no tener vacaciones pagas, ni primas, ni cesantías, y que además se quedan sin trabajo mínimo dos meses al año mientras les renuevan el contrato, justo cuando tienen que comprar regalos de navidad y pagar útiles escolares.

Según una investigación de La Silla Vacía, el Estado firma anualmente 911.000 contratos de prestación de servicios, mientras hay 611.000 empleados públicos. 911.000 vickys que tienen que escuchar con rabia cuando nuestros economistas y técnicos, que hoy en día son más opinadores sobre todos los problemas del país, los reducen convenientemente a cifras y costos. Seguramente me regañarán a mí también. Me dirán que la propuesta del gobierno de formalizar la mayoría de los contratos de prestación de servicios del sector público es imposible y populista, que además podría dejar a muchos contratistas sin trabajo y producir una parálisis en el funcionamiento del Estado. Y seguramente tienen razón. Ante las matemáticas, los derechos parecen haber perdido la batalla.