De pesos y contrapesos

En medio de la tormentosa semana del Gobierno con la división de su gabinete por la reforma a la salud, el episodio de San Vicente de Caguán y los escándalos que involucran a Nicolás y Juan Fernando Petro, los medios de comunicación no destacaron en forma suficiente dos noticias judiciales de la mayor trascendencia. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional ratificaron en sendas decisiones que el nuestro es un país con fortaleza institucional, en el que existe una real y efectiva separación de poderes y en el que la justicia actúa con independencia y autonomía.

La determinación del Consejo de Estado de imponer medida cautelar al decreto expedido por el presidente para asumir las funciones de las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos y la de la Corte Constitucional de asumir la competencia hacia el futuro de suspender la vigencia de leyes que violen en forma abierta y flagrante la Constitución, envían con contundencia el mensaje de una democracia sólida que no se encuentra amenazada y en la que tenemos estabilidad jurídica para la inversión nacional y extranjera. Los odiadores de oficio del Gobierno, que pregonan el apocalipsis, deberían comprender el poderoso mensaje institucional, más allá de sus legítimas antipatías políticas.

Especial atención, por novedosa, merece la decisión unánime de la Corte Constitucional, antecedida por el intento de varios magistrados el año anterior de suspender la modificación de la ley estatutaria de garantías, que fue aprobada mediante el burdo procedimiento de incluir un “orangután” en la ley del presupuesto, con el evidente propósito de gastar en forma descarada 13 billones de pesos para interferir en el proceso electoral de 2022. Hace bien la Corte en invocar esa competencia que asumirá con prudencia y el cumplimiento estricto de ciertos requisitos y procedimientos. Es la consecuencia lógica de la lamentable actitud que en los últimos años hizo carrera en el Congreso, y por parte de algunos funcionarios del ejecutivo, con la irresponsable tesis de “votemos esta ley así mientras la Corte la tumba”. Sin duda, una burla descarada de un poder público frente a la justicia y a la propia ciudadanía, que hacia adelante no se podrá repetir.