
Muchos de los que votaron por el presidente Gustavo Petro no lo hicieron necesariamente para que acabara con el sistema de salud actual, ni para que tramitara una reforma laboral que podría dejar a más trabajadores sin empleo y tampoco para que obligara a los colombianos a cotizar su pensión en el sistema público, aumentando además el pasivo pensional, como lo han advertido diferentes centros de pensamiento. El mandato popular que eligió el actual presidente lo hizo, sobre todo, para que en Colombia los mismos de siempre dejaran de cooptar el Estado y sus rentas, para que el poder se renovara y lo público estuviera por fin al servicio del pueblo.
Los colombianos votaron por su actual presidente con la ilusión de que en sus regiones las oportunidades llegarían para quienes de verdad las necesitan. Sin embargo, ad portas de las elecciones locales, y después de transcurridos meses del actual Gobierno, todo parece indicar que las viejas y enquistadas prácticas de delegación entre la nueva “élite” nacional y los clanes regionales, que son nuestro verdadero cáncer, permanecerán, traicionando a los muchos que realmente creyeron en que algo iba a cambiar.
Para que Colombia de verdad se desarrolle y genere oportunidades para toda la población se requiere que el Estado construya vías, puestos de salud, hospitales, colegios y un sinnúmero de obras y programas sociales en todo el territorio nacional. Lo anterior solo puede ser posible si se permite una distribución equitativa y justa del presupuesto nacional, manejado desde Bogotá, y una redistribución desde las regiones que generan altos ingresos, como Antioquia y el Valle del Cauca, a otras que no tanto, como La Guajira y Chocó. No obstante, esto está atravesado por el sistema de representación política y los mecanismos, muchos ilegales, que han inventado los clanes regionales para quedarse con el poder y enriquecerse a costa de todas y todos.
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