Calarcá: retos para un Estado que no llega y la Jurisdicción Agraria

Ha pasado una semana donde la conversación sobre el proyecto de ley de Jurisdicción
Agraria, ha subido en detalle e intensidad. La ministra Carvajalino, en quien creo profundamente, ha desplegado un equipo para entablar conversaciones con distintos sectores, para hacer modificaciones de texto, aclaraciones, incluir nuevos elementos, en particular hacer explícitos los elementos de prevalencia ambiental para las zonas que así lo requieren, y fundamentalmente, acercando las concepciones y derecho agrario y ambiental que requiere este país, para alcanzar el desarrollo de condiciones que eviten entrar en círculos de violencia infinitas. Sacar adelante la Jurisdicción Agraria es un imperativo histórico, y más aún, con arreglo al ordenamiento ambiental de la nación, para lograr una visión de sostenibilidad social y ambiental, como lo plantea la Constitución.

Casi al final de la semana, leo una entrevista con Calarcá, miembro del EMB, quien habló con claridad meridiana sobre lo que ve de la negociación en curso y de su visión de desarrollo regional y conservación. Llama la atención la contundencia en la propuesta de transformación de la economía regional, en un modelo agroindustrial, con la creación de empresas comunitarias, instalación de infraestructura de procesamiento, y transformación de suelos de sabana en un complejo agroforestal de gran tamaño. Su apuesta de desarrollo, controvertible desde mi punto de vista, tiene una contundencia enorme en términos del tiempo, el volumen de recursos invertidos, las cadenas comerciales involucradas, la participación local y la escala de impacto.

Es un enorme reto, para el Estado, mostrar otras propuestas de desarrollo rural, donde haya menor riesgo de degradación de suelos en zonas de sabanas, alternativas a los proceso de encalamiento y fertilización donde sea estrictamente necesario, desarrollo de maquinaria de bajo impacto a la erosión y compactación, evaluación de impacto sobre sabanas y bosques de galería en la implementación de monocultivos, todos estos criterios que también deber seguir siendo evaluados en los planes de transformación en la Orinoquia, desde grupos económicos que están en el marco de la legalidad. Lo interesante de todo esto, es que desde un grupo armado se esté poniendo sobre la mesa un uso del suelo y una zonificación, lo cual debería ser una oportunidad de avanzar en aspectos críticos como modelos de ocupación territorial y desarrollo económico, que abre el reto de la dupla coca-ganadería como sistema de referencia territorial. Como hemos demostrado en numerosos estudios, ese modelo coca ganadería, es el motor más importante de la apropiación masiva de tierras públicas y de comunidades étnicas en la Amazonia, así como el de mayor impacto ambiental en el cambio irreversible de la cobertura forestal, de la cual depende la salud ambiental de todos los colombianos.