Esperanza ambiental 2025

Colombia necesita consolidar su necesaria decisión de usar su biodiversidad y paralelamente adaptarse al cambio climático, en su camino al desarrollo sostenible. Para empezar, la situación de embalses de agua y racionamientos nos puso de frente la necesidad de tomar decisiones estructurales y rápidas: utilización de aguas lluvias de manera obligatoria en los nuevos proyectos urbanísticos y transición en aquellos ya construidos; utilización de pequeñas represas en microcuencas abastecedoras para zonas críticas de periferia; utilización de aguas de subsuelo; y todo lo anterior, sin desmedro de aumentar la capacidad de retención de agua de las cuencas que nutren los grandes embalses, lo cual implica propiciar los cambios de cobertura en estas áreas y, en algunos casos, compra de predios de conservación para cuencas abastecedoras.

Sin embargo, creo que uno de los hitos históricos que debemos abordar será el de la inclusión de un porcentaje de las tarifas de agua y energía de las principales ciudades del país en la protección de los bosques amazónicos, que son la principal garantía en el mantenimiento de los ‘ríos voladores’ o flujos de vapor de agua que se desprenden de la evapotranspiración de bosque y que, movidos por los vientos alisios, permiten la llegada del agua que viene del océano Atlántico hasta nuestras cordilleras y se redistribuyen en el continente. Cada colombiano, debe saber que, al abrir la llave –y más aún el sector empresarial–, está demandando servicios ambientales que lo conectan con los bosques públicos, y que esto conlleva un deber de su uso racional y la obligación de tributar por su mantenimiento.

Por el otro lado, el asunto de las contaminación, degradación y disminución de aguas dulces superficiales es asunto crítico para este y los siguientes gobiernos, pues los dos principales ríos de país siguen perdiendo su regulación a la vez que aumenta su contaminación –por los tóxicos vertimientos de los asentamientos humanos e industriales– y se degradan sus ecosistemas inmediatos, ya sean las llanuras de inundación, humedales, ciénagas y lagunas, por efecto de la agricultura intensiva, la ganadería y la tristemente famosa minería ilegal. Respecto de esta última, será urgente poner sobre la agenda de discusión con los grupos armados, de una vez por todas, los intereses efectivos de transición a la vida política plena y sin armas, en medio de la discusión por la formalización minera, que es posible en algunas zonas y con procesos de restauración paralelos –justicia restaurativa desde el mismo proceso–, pero con un compromiso definitivo para avanzar en la erradicación y sustitución definitiva de cultivos de coca, pues además de su impacto directo (las 250.000 hectáreas actuales), lo más complejo es su interacción con el negocio del oro ilegal, cuya inexistente trazabilidad y la complacencia de los países compradores la estimula. Aquí, el reto es mayúsculo, pues implica una decisión de política ambiental, minera, de paz, seguridad y política exterior, ya que además de haberse extendido hacia Perú, Brasil, Venezuela y Ecuador, el fenómeno de la compra del oro ilegal en el cercano Oriente (Emiratos Árabes, India), Europa (Suiza, Holanda) y Estados Unidos, está potenciando el fenómeno macrocriminal que deteriora las democracias de estas latitudes, a pesar de su hipócrita discurso público. Ojalá, ahora que viene la decisión sobre minerales de transición, que el país no quede atrapado entre la inmovilidad absoluta y el empoderamiento de cuanto grupo armado hay que siempre coincide con los yacimientos actuales y potenciales.