Biodiversidad, leguleyadas y hostilidades ambientales

La desesperación que veía en algunos líderes campesinos con quienes hablé esta semana, me dejó una sensación de estar asistiendo a un punto de no retorno. No es el que se refiere a la “sabanización” de la Amazonia, sino a la pérdida de esperanza en las capacidades del Estado. A pesar de los esfuerzos para detener la deforestación, la minería ilegal o propiciar los diálogos de paz, la situación es más compleja que nunca en medio de las confrontaciones de grupos armados.

Desde Chocó hasta Guaviare hay una línea común de confrontación que está afectando gravemente la cotidianidad de las comunidades, que golpea de manera inmisericorde sus condiciones básicas de sobrevivencia: forzosamente sus hijos son reclutados, sus ingresos son tributados, sus relaciones sociales e institucionales son reguladas y el uso del suelo es cuando menos, direccionado. Al otro lado, en la orilla gubernamental, el anquilosado país institucional sigue aferrado, entre otras cosas, a un mundillo leguleyo que no entendió nunca la necesidad de transformarse. Por un lado, promovemos el uso de la biodiversidad y por el otro, se ponen todas las dificultades legales para acceder a ella y gestionarla sosteniblemente.

En el análisis con los líderes veíamos cómo, durante años, hemos avanzado en el desarrollo de minuciosos inventarios forestales, en el análisis de potencial de especies, posteriormente en la solicitud de permisos de uso para cada especie, y, finalmente, en la elaboración de planes de manejo. En el camino, gracias a la cooperación internacional, hemos apoyado a las instituciones encargadas de regular el proceso con profesionales, para que puedan dedicar tiempo y experticia a este propósito, -sus presupuestos no alcanzan para tener personal permanente en estas áreas-, también hemos fortalecido a las comunidades con profesionales para el desarrollo de inventarios, y capacitado jóvenes locales en el desarrollo de los inventarios. Claramente, el modelo es insostenible si se deja toda la carga del procedimiento a las comunidades, en vez de hacerlo desde la institucionalidad pública. ¿Cuántas comunidades en el país podrían contar con un apoyo financiero y técnico tan alto, para poder llegar a los permisos de uso del bosque? Muy pocas, tristemente.