
En un debate radial en Hora 20, en los albores de la presente administración, un panelista sostenía que nadie podía señalar al presidente Petro de violar la Constitución. En esa ocasión varios de los demás asistentes le dimos la razón. Si esa discusión tuviera lugar hoy, la conclusión sería bien distinta. A medida que transcurre el gobierno, ese acatamiento a las instituciones y el respeto por la separación de poderes ha empezado a transitar hacia una creciente y abierta hostilidad hacia las normas y formas de la democracia.
Esa agudizada agresividad no es independiente del hecho de que a medida que transcurre el gobierno, la brecha entre la retórica y los logros del gobierno se hace cada vez más profunda. Como lo describiera magistralmente Carlos Granés, en una columna reciente en el ABC de Madrid, “La distancia abismal que hay entre sus ideales y sus logros, entre la imagen que tiene de sí mismo y sus capacidades reales, convierte a Petro en un personaje trágico. Condenado al autoengaño y al victimismo, achaca su inevitable fracaso no a su ineptitud sino al complot de los malos”.
Y esos “malos” han tenido diferentes encarnaciones. El neoliberalismo, la oligarquía, los medios de comunicación, las mafias, el imperialismo, el capital financiero… no hay nadie ni nada que se escape a su afán de encontrar los culpables con los cuales justificar la tragedia en que se ha convertido su gobierno. Ni siquiera se salvan sus propios funcionarios de caer víctimas de esa inquisición decretada desde la Casa de Nariño.
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