Por una Fiscalía no politizada

Desde antes de que se venciera el periodo de Francisco Barbosa como fiscal general de la nación, varios columnistas, académicos, funcionarios, ciudadanos y activistas hicieron un llamado a la Corte Suprema para que eligiera su remplazo de la terna enviada meses atrás por el presidente Petro. Les preocupaba, y todavía lo hace, que la Fiscalía quedara en manos de la vicefiscal Martha Mancera, por los distintos cuestionamientos que se le han hecho. También les parece inaceptable la interinidad en la cabeza de esta institución, que es la encargada de la persecución penal.

A esos llamados se sumaron varios manifestantes, que acorralaron a los magistrados el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia. Aunque muchos trataron de minimizar los hechos, incluidos el presidente, lo cierto es que fue una agresión y una presión desproporcionada a la rama que más frenos le ha puesto a los abusos y excesos del ejecutivo y el legislativo en este país; más después de la adopción de la Constitución de 1991. El efecto de esas presiones, muy fácil de prever, fue el contrario: la Corte no eligió al remplazo ese día, condenó las agresiones y se molestó por los hechos. Muchos apoyaron a la Corte Suprema y condenaron los hechos por considerar que se estaba atentando contra la separación de poderes y la independencia judicial.

Frente a esto, la reacción de un constitucionalista fue justificar las presiones a la Corte. Para este, si bien es importante la independencia judicial, esta solo aplica cuando los jueces ejercen funciones judiciales, y no en este caso, cuando la Corte está ejerciendo una función electoral que hace parte de sus funciones administrativas. Al ser parte de estas funciones, argumentó, se deben seguir con los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución, dentro de los que se encuentra el principio de celeridad. Por tal razón, concluye, es totalmente válido que los ciudadanos y las otras ramas del poder presionen a la Corte para que cumpla con sus funciones electorales de manera ágil y eficiente.