OCAD Paz y el sobrino de ‘Ape’ Cuello: cuatro años después, Corpocesar formula pliego de cargos por obra contaminante en Codazzi

El pasado 21 de agosto de 2025, la Corporación Autónoma del Cesar formuló pliego de cargos contra el municipio de Agustín Codazzi y el Consorcio Vial Codazzi 2022, encargado del mejoramiento de la vía San Jacinto–Siete de Agosto. La decisión se sustenta en un amplio listado de infracciones contra el medio ambiente: falta de licencias ambientales, ocupación de cauces, vertimientos sin permiso, tala de árboles sin autorización y captación ilegal de agua.

El caso es de no creer: los contratistas arrojaban rocas y escombros ladera abajo en la Serranía del Perijá, afectando cultivos y viviendas y obligando a familias yukpa a desplazarse. La obra, ejecutada sin licencias, avanzó sobre un bosque de niebla con nueve nacimientos de agua que fueron destruidos. Técnicos de la autoridad ambiental confirmaron, además, captación ilegal de agua de los afluentes; vertimientos de aguas contaminadas por el lavado de maquinaria y de mezclas; ausencia de baterías sanitarias para los trabajadores, y tala no autorizada de árboles, con el consecuente desplazamiento de fauna. Las comunidades denunciaron, incluso, que a pesar de haberse ordenado la suspensión de los trabajos, los contratistas siguieron adelante.

El lector ya se estará haciendo la pregunta: ¿quiénes están relacionados con tan integérrimo, acrisolado, diamantino y probo contratista?

El representante legal de Vial Codazzi 2022 es Libardo José Cuello Herrera, sobrino del congresista Alfredo ‘Ape’ Cuello. El contrato, por 30.968 millones de pesos, fue adjudicado en tiempo récord: 37 días entre la apertura y el cierre del proceso. Y la cereza del pastel: los fondos para la ejecución de esta obra provienen de recursos de OCAD Paz, constituidos para garantizar la inversión en regiones golpeadas por la guerra. El espíritu de estos fondos es que con ellos se construyera infraestructura que mejorara la vida de la gente, no que terminara desplazándola de nuevo.

Las denuncias arrancaron en 2022: cinco gobernadores del pueblo yukpa alertaron a la Presidencia de la República, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Corte Suprema sobre la destrucción de los nueve manantiales y el desplazamiento de familias indígenas. Ese mismo año, técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) confirmaron lo que los indígenas habían dicho: botadero de escombros, captación de agua de los afluentes sin autorización, vertimientos de aguas contaminadas, ausencia de baterías sanitarias y tala indiscriminada. Incluso, en enero de 2023, la corporación ordenó la suspensión de la obra, pero las máquinas siguieron.

En septiembre de 2023, CAMBIO reveló toda esta historia, incluida la relación política entre el contratista y el congresista 'Ape' Cuello. Los hallazgos eran claros y la afectación ambiental, evidente.

Hoy, cuatro años después, Corpocesar por fin decide formular cargos. La pregunta es obvia: ¿de qué sirve la justicia ambiental cuando llega con años de retraso, cuando el daño ya es irreversible? Tal vez en Colombia el verdadero cronograma de los procesos ambientales no se mide en días ni en meses, sino en un extraño reloj que solo se activa cuando ya no queda agua ni bosque que proteger.