OFAC sanciona a Gustavo Petro y crecen las dudas por los gastos de Verónica Alcocer

El 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, incluyó en la llamada Lista Clinton (SDN) al presidente Gustavo Petro, a Verónica Alcocer, a Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, decisión que activa el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y restringe transacciones con entidades de ese país. Es la medida más dura tomada por el Gobierno de Estados Unidos contra un presidente colombiano y fue el desenlace de una escalada con antecedentes inmediatos: la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas del 15 de septiembre y la revocatoria de la visa a Gustavo Petro a finales de ese mes. Todo indica que podrían sumarse más personas cercanas al presidente y a su círculo de poder. Este primer grupo tiene un rasgo común: los cuatro sancionados participaron activamente en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022.

Vale recordar que Armando Benedetti ya cargaba con un lastre: en audios revelados en junio de 2023 advirtió que, si hablaba, “nos hundimos todos, nos vamos presos”, en medio de reclamos por la financiación de la campaña; esas frases quedaron registradas y no han sido desmentidas. Por su parte, Nicolás Petro aceptó ante la Fiscalía que recibió dinero de origen irregular —incluido el del exnarcotraficante Santander Lopesierra— y que una parte llegó a la campaña de su padre, según reconstrucciones periodísticas basadas en su propia versión.

Estar en la Lista Clinton (OFAC/SDN) implica congelamiento de activos y transacciones bajo jurisdicción de Estados Unidos y, en la práctica, la salida del sistema financiero internacional. En Colombia, aunque no sea una condena penal, las entidades financieras suelen cerrar o congelar cuentas por el riesgo de corresponsalía en dólares; se bloquean giros internacionales y el uso de tarjetas o pasarelas que compensen en Estados Unidos; proveedores, aseguradoras y multinacionales terminan contratos por cumplimiento; y, tratándose de funcionarios o contratistas, muchas entidades públicas y privadas apartan a la persona por políticas de riesgo. Además, los trámites de visa y viaje se dificultan, y cualquier intento de eludir la sanción —mediante testaferros o estructuras para mover recursos— puede acarrear procesos y multas en Estados Unidos. En síntesis: la persona queda “no bancable” y su vida económica, incluso residiendo en Colombia, resulta severamente restringida.

Al día siguiente de conocerse la inclusión del presidente y su círculo cercano en la lista, Petro escribió en su cuenta de X sobre Verónica Alcocer: “está separada de mí hace años”. Lo que buscaba ser una defensa terminó siendo una admisión que, por lo menos, sugiere una posible destinación irregular de recursos públicos y un engaño a la opinión pública.

Aun así, y pese a haber estado alejada de la Casa de Nariño durante el último año, Verónica Alcocer ha seguido fungiendo como primera dama y recibiendo beneficios propios de ese rol. El 30 de agosto de 2025 visitó la cárcel de mediana seguridad de Barranquilla, actividad que ella misma difundió; el 4 de septiembre de 2025 estuvo en La Picota (Bogotá), visita confirmada por el INPEC y registrada por medios; y desde el 10 de agosto de 2025 diversos reportes señalaron su regreso al país para retomar recorridos y actos públicos como gestora social.

La figura de primera dama arrastra una serie de beneficios, entre ellos un esquema de seguridad robusto. La avanzada incluye al menos cinco vehículos blindados y tres motocicletas. El esquema total asignado consta de 10 camionetas Toyota Fortuner blindadas, 5 vehículos convencionales, 6 motocicletas de la Policía y 60 hombres entre efectivos de la Policía y de la UNP.

Miremos algunas cifras de ese esquema. Un vehículo blindado cuesta alrededor de 16 millones de pesos mensuales y uno convencional, 9 millones. Es decir, solo en vehículos, el esquema de seguridad de la primera dama cuesta 205 millones de pesos al mes y, en un año, suma 2**.460 millones** (solo en vehículos). A esto falta agregar los salarios y recargos del personal.

Verónica Alcocer ya ha sido objeto de críticas por su estilo pomposo en tiempos de austeridad. En 2022, por decreto, fue nombrada “embajadora en misión especial” para Londres, Nueva York y Tokio, y se habilitaron viáticos y tiquetes por más de 63 millones de pesos; luego, entre enero y febrero de 2024, varias notas comparativas reportaron que en año y medio sus viajes al exterior sumaron cerca de 112,5 millones, más del doble que los de sus antecesoras; además, investigaciones difundidas nacionalmente señalaron un séquito de imagen (maquillaje, fotografía, asesorías) tercerizado con recursos públicos por encima de 1.000 millones de pesos; y, como alerta institucional, el 29 de enero de 2024 la Procuraduría pidió frenar viáticos por no ser servidora pública.

Ahora sabemos, por el propio presidente, que lleva años separado de Alcocer, pero sus privilegios con recursos públicos siguen vigentes.

Hace algunos meses, una perspicaz persona que conozco me hizo caer en cuenta que el presidente había dejado de utilizar su argolla matrimonial. Al revisar tres entrevistas en momentos diferentes, ésto saltó a la vista. 

Esta es una primera foto de una entrevista concedida a CAMBIO en marzo de 2023.

La siguiente es una fotografía de otra entrevista concedida en octubre de 2024.

Pero en esta entrevista, concedida a Univisión en febrero de 2025, el presidente ya no lucía su argolla matrimonial.

No es un tema de vida privada ni del ‘corazón’ del presidente: es el uso de bienes estatales. De un presidente se espera transparencia con sus gobernados y, de su exesposa, respeto y austeridad con los recursos públicos. La defensa que intentó hacer de ella abrió más preguntas que certezas. Hoy hay dudas razonables que los órganos de control deberán ser despejadas  con documentos y facturas en mano, no con trinos.