Artistas, artesanos y creadores en la consulta popular

Hubo un tiempo en el que los artistas, creadores, gestores, artesanos, trabajadores museales, de la gastronomía, del turismo, y de la cultura, entre muchos otros, contaron con una fuente de recursos para cubrir su seguridad social. Era un tiempo en el que la dignidad y la memoria del país importaban, pues se entendía que, gracias a ese acervo de lenguas, plantas, sensibilidades, ideas, imaginación, saberes, oficios, expresiones artísticas y gestión cultural, existíamos en el mundo. Era un tiempo en el que ya habíamos comenzado a existir, también, como el país más violento del mundo: Cocaína-lombia, el paraíso de Narcos y de tantas ideas, también culturales, que nos convirtieron, gracias a la ceguera de parte de las clases políticas, empresariales y el establecimiento cultural, en un país de avivatos, corruptos a la par de una minoría de súper cultos; una narcocultura que nos expresó en su arquitectura, sus gustos, sus usos y costumbres, su manera de arrasar con todo y de no reconocer a nadie; o una clase ilustrada que aprendió a vivir de la sensibilidad con los demás y la violencia, pero encerrada en sus privilegios.

Con la creación del Ministerio de la Cultura, en 1997, mediante la Ley 397, los artistas, artesanos y trabajadores culturales, por nombrarlos a todos de alguna manera, contaron con una pensión vitalicia que tenía fuentes de financiación específica y los correspondientes estudios del Ministerio de Hacienda. No tengo idea de si alguien en seis felices años pudo obtener una pensión así, que provenía del 10 por ciento de la estampilla Procultura, y que gracias a la Ley 666 de 2001 contó, además, con la creación de una cuenta para el recaudo, a través de alcaldías y gobernaciones.

Digo seis años, porque entonces llegó 2002 y la promesa del arrasamiento se hizo realidad. Con dicha profecía cumplida comenzó a sepultarse, hace veintidós años, en 2003, la vida digna de artistas, artesanos y trabajadores culturales colombianos. De un tajo, el Ministerio de Cultura sacó a más de quinientos funcionarios de planta. De un machetazo, como era usual en esa época infausta de aserradores humanos, se sepultaron los cargos de la Orquesta Sinfónica Nacional; de un solo planazo se derogaron los artículos 31 y 32 de dicha ley, dejando sin condiciones de salud, pensión y riesgos profesionales a cientos de miles de personas que, como hemos insistido en estos años, son los encargados de darle sentido histórico e identitario a esta nación imaginada que no ha terminado de entender, con la profundidad necesaria, que su mayor potencia es la vida: somos el segundo país más biocultural en diversidad del orbe.