La Corte, Sanitas y el fallo que le pone límites al poder

No fue un fallo más. No fue únicamente la victoria jurídica de una empresa en una controversia contra el Estado. Fue, sobre todo, una advertencia contundente; una postura jurídica, política y democrática, necesaria y oportuna. La Corte Constitucional le marca la cancha al Gobierno y le recuerda que hay límites. Este fallo le dice a Colombia que el poder no se administra como se maneja una cuenta de Twitter o un discurso de tarima. La Corte dejó claro que, incluso tratándose de un sistema de salud que han venido descuartizando con frialdad y destreza de carnicero, la legalidad en Colombia todavía importa.

Cuando el alto tribunal ordenó devolver a sus dueños el control de EPS Sanitas, lo que realmente hizo fue levantar una muralla frente a la intención del Ejecutivo de intervenir empresas sin el debido proceso, sin argumentos de fondo. La Corte Constitucional señaló con claridad que, al intervenir a Sanitas, “la actuación de la Superintendencia de Salud devino en arbitraria”, recordándole al Gobierno que nunca atendió el señalamiento de la misma Corte para destinar el dinero necesario para atender debidamente los costos de la salud de los colombianos. La Corte habla de “un defecto sustantivo” por parte de la Superintendencia de Salud, lo que traduce algo así como que no atendió las recomendaciones e hizo lo que se le dio la gana, violando el derecho al debido proceso de Sanitas. Lo que se cae con ese fallo no es solo una intervención administrativa hecha a las patadas: se cae una narrativa alimentada –entre otras tácticas– por agresiones del alto Gobierno, que pasaron desde retuits del presidente a comentarios que señalaban a los directivos de Sanitas de “canallas y mentirosos” hasta el ministro de Salud, Jaramillo, calificando a la empresa de “mezquina”. Ante esta actitud, dicen al interior de la organización, la instrucción del principal accionista de Sanitas fue “no vamos nunca a personalizar, hay que aguantar y acudir a los jueces”. De ahí viene, por ejemplo, la tutela que termina con este fallo de la Corte Constitucional y una demanda por 5 billones de pesos que está andando en un Tribunal de Arbitramento Internacional en el contexto del tratado de protección recíproca de la inversión entre Colombia y España. Y si la Corte Constitucional encontró que hubo arbitrariedad contra Sanitas, la posibilidad de ganarle al Estado colombiano esa plata es cada vez mayor, y la perspectiva de que los funcionarios involucrados respondan con su patrimonio, cada vez más grande.

El fallo llama aún más la atención por un detalle: el magistrado ponente es Juan Carlos Cortés González, un importante académico y actor del derecho público, representante del sector ‘liberal’ de la Corte: defensor del Acuerdo de Paz, de la JEP y que está alineado en su pensamiento político y jurídico con temas como la inclusión, la justicia social y la paz: puntos de contacto con la visión del actual Gobierno. Nadie podría decir que es un enemigo ideológico o político de Petro o del Progresismo. Es un jurista.