Pasaporte al despelote II

El espinoso asunto de los pasaportes ya ha costado el cargo a dos cancilleres durante el Gobierno de Gustavo Petro. El 24 de enero de 2024, la Procuraduría suspendió provisionalmente por tres meses al entonces canciller Álvaro Leyva “por posibles irregularidades en la licitación de pasaportes”. Según la Sala Disciplinaria, Leyva habría cometido dos faltas gravísimas con dolo: una, al declarar desierta la tristemente célebre licitación sin justificación suficiente; y otra, al decretar una urgencia manifiesta sin que existieran razones legales para hacerlo. Diez meses después, y cuando el presidente Petro todavía lo defendía en redes sociales, la Procuraduría lo encontró responsable y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años. Esta semana vertiginosa que pasó, la canciller Laura Sarabia, en algún momento la funcionaria más poderosa del Gobierno, también decidió renunciar. De fondo, además de la propia designación de Alfredo Saade como jefe de Despacho, está también el asunto de los pasaportes.

Saade, desautorizando a la canciller, dijo que no se firmaría una tercera urgencia manifiesta con la Unión Temporal que lidera Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes desde el 1° de septiembre. Según Saade, “en las próximas horas se firmará el contrato con Portugal para comenzar a dotar de tecnología a la Imprenta Nacional y así garantizar que el cambio de esquema no sufra nuevos retrasos”. Luego, en distintas entrevistas, prometió que los colombianos no se quedarían sin pasaportes, y añadió algo curioso: el contratista, Thomas Greg & Sons, deberá dejar 600.000 libretas de pasaportes al finalizar el contrato que vence el 31 de agosto. Esto, según Saade, implica que el Gobierno ganaría “seis meses de trabajo para poder entregarle a los colombianos el pasaporte como lo manda la ley”.