En la última semana, el presidente Gustavo Petro afirmó, con el propósito de rechazar la posibilidad de un ataque o invasión de Estados Unidos en Venezuela, que el Cartel de los Soles, el grupo de militares venezolanos vinculados al tráfico de estupefacientes, era un invento, una “excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”. Además de insistir en esta idea difusa de la “Junta del narcotráfico” de Dubái, que se ha convertido en la mejor excusa para no asumir los problemas de inseguridad y terrorismo que seguimos enfrentando los colombianos, esta es una forma extraña de darle un espaldarazo a la dictadura de Nicolás Maduro y sus enriquecidos militares.
El 20 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó formalmente a Nicolás Maduro y a otros 14 oficiales del Gobierno, entre ellos militares como el actual ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en el tráfico de drogas, armas y corrupción. La acusación contra Maduro, el líder el cartel, cuenta los detalles de la relación del régimen venezolano con las Farc desde los tiempos de Hugo Chávez, 1999, hasta el 2020, cuando siguieron asociados a criminales como Iván Márquez y Jesús Santrich. En resumen, la acusación explicaba que El Cartel de los Soles estaba integrado por generales, ministros y altos cargos que utilizaban puertos, aeropuertos y al propio Ejército venezolano para mover toneladas de droga.
Maduro, de acuerdo con los documentos judiciales, habría negociado personalmente envíos de varias toneladas de cocaína, entregado armas a las Farc y utilizado a PDVSA como fuente de financiamiento ilegal. Los casos concretos incluyen: en 2006, un avión DC-9 que salió de Maiquetía rumbo a México con 5,6 toneladas de cocaína, y en 2013 un vuelo hacia París que fue interceptado con 1,3 toneladas de cocaína. La acusación también involucra a dirigentes como Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Iván Márquez y Jesús Santrich. Incluso familiares directos de Maduro aparecen en el expediente: dos sobrinos fueron grabados por la DEA negociando envíos de cientos de kilos de cocaína desde el “hangar presidencial”. Luego fueron capturados en Haití. En esta red, las Farc producían la cocaína y la transportaban por Venezuela con protección militar. A cambio, recibían dinero y armas del Estado venezolano.
Esta historia, que ya se conocía, ha vuelto a cobrar relevancia ahora que el presidente Petro dice, vaya uno a saber si como estrategia diplomática o porque realmente lo cree, que le ha pedido al Gobierno venezolano, conformado por estos mismos señalados de mafiosos por Estados Unidos, que le ayuden a combatir a estos grupos terroristas y mafiosos que operan en la frontera colombo venezolana. La razón elemental por la que esto no solo fracasará, sino que terminará por beneficiar a esos grupos delincuenciales, es que parte de ese negocio lo maneja el propio Gobierno venezolano. Ese compadrazgo ya no es ideológico, ni revolucionario, sino una mera camaradería entre mafiosos que se cuidan los bolsillos y las espaldas. En los años del proceso de paz con las Farc que adelantó Juan Manuel Santos, las Fuerzas Militares colombianas adelantaron varios operativos en la frontera contra Géner García Molina, alias John 40, un narcotraficante descrito así por Insight Crime: “pasó de ser un joven con ideales comunistas a convertirse en un extravagante capo del narcotráfico. Actualmente, sirve de enlace entre los proveedores de cocaína en Colombia con compradores en Venezuela y otras latitudes”, trabaja con todos los grupos y se ubica en el estado Amazonas, al oriente del departamento colombiano de Vichada.
En esas operaciones era evidente la protección que la Guardia Nacional Bolivariana le prestaba al cartel comandado por John 40. Una fuente que estuvo en esas operaciones, y que prefiere permanecer reservada, describe las ayudas logísticas y militares que el ejército de Maduro prestaba a los mafiosos. “Le prestaban protección terrestre y fluvial, soportada en el intercambio de coordinaciones con comunicaciones seguras”, me explica. Era tan claro el vínculo, que la inteligencia colombiana jamás compartía información con los militares venezolanos, muchos de ellos tristemente célebres por comportarse y mostrarse con las extravagancias de los grandes mafiosos. Por ejemplo, Padrino López, actual ministro de Defensa, que además de saberse de memoria y recitar los discursos de Chávez, tenía en su oficina en Caracas una impresionante colección de whiskies, tequilas y tabacos. No sobra recordar, en este punto, que la guarida de Iván Márquez ha sido, desde hace años, Elorza, en Apure, con temporadas en Caracas.
En el caso del ELN, terminaré con un recuerdo histórico importante. Desde los años ochenta, el ELN convirtió a Venezuela, especialmente al estado de Apure, en su retaguardia frente a la presión de las fuerzas de seguridad colombianas. Hoy, el ELN se mueve desde el norte hacia el sur, por los estados de Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Apure, Bolívar y Amazonas. Recuerda Insight Crime que aunque en un inicio los gobiernos venezolanos fueron hostiles a la presencia del ELN, la llegada de Hugo Chávez en 1999 significó un giro favorable, lo que permitió a la guerrilla expandirse, controlar economías ilícitas y asentarse en al menos ocho estados venezolanos. Esto no solo no ha cambiado, sino que ha empeorado. La estabilidad de la dictadura venezolana sigue estando íntimamente vinculada a la existencia de estos grupos criminales. De eso no solo dependen los whiskies y los tequilas caros, sino la lealtad de las fuerzas armadas al dictador Maduro.
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