El derecho penal colombiano está edificado sobre una convicción profundamente optimista: todas las personas son recuperables.
Nuestra Constitución, la jurisprudencia y buena parte de la filosofía penal contemporánea descansan sobre una idea que casi nunca se ha cuestionado: toda persona, por más grave que haya sido su delito, tiene la posibilidad de resocializarse. La prisión castiga, sí, pero también busca devolver algún día al condenado a la sociedad. Hasta ese punto llegamos después de dejar atrás las teorías retribucionistas del derecho penal, según las cuales la sociedad devolvía el mal al sujeto que lo había ejercido. Tan sencillo como eso.
Resocializar, sin duda, es una idea noble. Humanista, civilizada. Pero las sociedades maduras también deben tener valor para revisar sus propios dogmas. ¿Qué tal si estuviéramos equivocados?
La pregunta puede parecer innecesaria, incómoda y para algunos hasta retardataria. Sin embargo, es exactamente la misma pregunta que Colombia comenzó a hacerse esta semana, aunque pocos se hayan dado cuenta de que estaba sucediendo.
Por un lado, el país conoció los estremecedores detalles del asesinato de María Camila Potosí, una mujer embarazada cuyo crimen, según la hipótesis de la Fiscalía, habría sido cuidadosamente planeado para apropiarse de su bebé, sacándolo de sus entrañas a la fuerza. El dictamen de Medicina Legal no puede ser más espeluznante y perturbador. Decenas de puñaladas en su cuerpo, heridas profundas en su cabeza, cuello y pecho. Un martirio largo, terrible, inmerecido para esta joven de 21 años que soñaba con dar a luz a su hija. Final de la historia: la mujer muerta y la bebé sin vida tirada en un matorral. Hay capturados, confesiones, grabaciones. Si esa versión termina demostrada en los estrados, no estaremos frente a un homicidio impulsivo ni a un acto de ira. Sería una secuencia deliberada y coordinada de engaño, manipulación, violencia, sadismo y absoluta ausencia de empatía, de sentido humano.
Por otro lado, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, un abogado penalista que le ha tomado el pulso al crimen durante años en los juzgados, anunció su intención de revisar el tratamiento penal para menores utilizados por organizaciones criminales para cometer homicidios. Imposible no pensar en el asesinato de Miguel Uribe. La discusión volvió a aparecer casi de inmediato: ¿debe responder igual un adolescente que comete un delito común y otro que ejecuta un asesinato por encargo al servicio de una estructura criminal? De acuerdo totalmente en que endurecer esas penas terminará protegiendo a los jóvenes instrumentalizados para matar. El argumento de “vaya hágalo, que a usted no lo pueden meter a la cárcel por ser menor”, desaparecería. Además, en el caso de los adolescentes asesinos, la posible resocialización queda en el limbo porque la decisión de matar incluye la certeza anticipada de pagar una condena menor y de pasar “provisionalmente” por un centro de reclusión.
A primera vista parecen debates distintos. Pero en realidad, ambos apuntan a lo mismo: ¿Existen delitos —y delincuentes— para los cuales la resocialización deja de ser una expectativa razonable?
Durante décadas hemos respondido automáticamente que no. Pero responder con una teoría no es lo mismo que comprobar, que poner sobre la mesa los hechos que le dan fuerza a un argumento. Para estar seguros como sociedad, se necesita mucho más que la conclusión de un razonamiento moral. Es necesario contar con pruebas, y asumir responsabilidades. ¿Sobre qué evidencia afirmamos que todos los seres humanos pueden rehabilitarse?
No pregunto si algunos pueden hacerlo. Es evidente que sí. Pregunto si tenemos bases científicas, psicológicas o criminológicas para sostener que absolutamente todos tienen esa posibilidad, incluso quienes han demostrado una capacidad extraordinaria para planificar el sufrimiento ajeno, instrumentalizar la vida humana y actuar con saña y brutalidad, sin el menor rastro de compasión.
Está bien. Es importante entender el contexto, las circunstancias que pueden estar detrás de un delito. Pero comprender las causas de un crimen no implica eliminar o atenuar sus consecuencias.
La pobreza, la exclusión, los entornos familiares violentos o la manipulación de organizaciones criminales ayudan a explicar cómo una persona puede terminar convertida en victimario. Esa comprensión resulta indispensable para prevenir nuevos delitos, pero en ningún caso para exculpar a los responsables por los crímenes cometidos. Lo otro solamente es incentivo para cometer nuevos crímenes. Ejemplo de esa distorsión es, por ejemplo, asegurar que los ladrones de celulares lo hacen para llevar a sus novias a cine.
Y comprender ese contexto, esos antecedentes, nunca ha significado que el Estado deba asumir un riesgo ilimitado respecto del futuro de quien comete cierto tipo de delitos. Y esta es una realidad que debe ser discutida honestamente. Durante décadas el derecho penal ha puesto buena parte de su atención en las garantías del condenado. Y está bien que sea así. Las democracias existen, precisamente, para limitar el poder del Estado y reivindicar al individuo, incluso en situación de condena y privación de la libertad. Y este es un paso en esa dirección deseable. Sin embargo, lo que pasa en la sociedad nos da señales que no se pueden ignorar. Y quizá ha llegado el momento de estimular y tal vez equlibrar esa conversación con otra pregunta que también es legítima: ¿Quién debe ocupar el primer lugar en las preocupaciones del sistema penal? El agresor o los ciudadanos que esperan no volver a encontrarse jamás con alguien capaz de cometer determinados crímenes. Usted, apreciado lector, ¿hubiera estado tranquilo si el asesino y violador Luis Alfredo Garavito hubiera vuelto a las calles a pesar de que se mostró en prisión como un hombre espiritual, como un inofensivo pastor religioso? En el espectro de esta reflexión podrían entrar casos de asesinatos seriales, abuso de menores, terrorismo o genocidio.
Atención. No estoy proponiendo convertir la cadena perpetua en la regla general. Tampoco legislar desde la indignación que provocan casos excepcionales. Las leyes escritas bajo el impacto de una tragedia casi siempre terminan siendo malas leyes y objeto de asalto por parte de los políticos.
Lo que propongo es algo distinto. Aceptar que pueden existir delitos de una gravedad tan extraordinaria y niveles de peligrosidad tan excepcionales que la primera obligación del Estado deje de ser intentar recuperar al agresor y pase a ser proteger definitivamente —y con toda la determinación— a la sociedad.
Tomar ese camino exigiría estándares probatorios prácticamente irrebatibles, procesos judiciales impecables y una aplicación de la ley sin fisuras: penas que más que castigar al delicuente, protejan a la sociedad. Todo esto sin contar con un manejo carcelario ejemplar.
Pero se necesitaría algo más: la necesidad de abandonar una idea que tal vez hemos aceptado sin discutirlo de manera suficiente: que toda persona, sin excepción, volverá algún día a ser capaz de convivir pacíficamente con los demás. Quizá sea cierto. Pero también es posible que no. Y si existe siquiera un reducido grupo de criminales para quienes esa posibilidad de resocialización nunca llegará porque su personalidad y los razgos de su mente son inflexibles y refractarios (sicopatía severa, reincidencias, trastornos antisociales profundos etc.), la discusión moral y jurídica está planteada con justificación. Y particularmente queda sobre la mesa la responsabilidad de quienes diseñan y aplican las leyes. Ignorar ese margen real de que personas tan peligrosas no se rehabiliten en prisión puede ser una ingenuidad, una irresponsabilidad que se va contra el ciudadano del común.
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