Ni la democracia ni los derechos de las mujeres empiezan de cero cada cuatro años

Cada cuatro años Colombia renueva su representación política y, con ella, se abre una discusión inevitable sobre el tipo de Estado que se quiere construir, las prioridades que orientarán la inversión pública y la manera en que las instituciones responderán a los principales desafíos sociales. En ese contexto, vuelve a plantearse una pregunta fundamental sobre la relación entre democracia, instituciones y derechos: ¿qué cambia realmente cuando llega un nuevo Gobierno y qué obligaciones permanecen? 

Lo preocupante es que esa discusión suele quedar atrapada en una lógica de confrontación ideológica que desplaza las preguntas verdaderamente importantes. En lugar de debatir cómo reducir las desigualdades estructurales que enfrentan millones de mujeres y niñas, cómo fortalecer las instituciones responsables de garantizar sus derechos o cómo cerrar la brecha entre el reconocimiento jurídico y la realidad cotidiana, el país vuelve a concentrarse en disputas simbólicas que pocas veces transforman la vida de quienes siguen encontrando barreras para ejercer derechos que ya les han sido reconocidos, como el aborto.

Es natural que un nuevo Gobierno redefina prioridades y que cambie la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, pero lo que no debería modificarse son los compromisos esenciales del Estado frente a los derechos humanos de la mitad de la población. Por eso, la garantía de los derechos de las mujeres no constituye una concesión política ni un programa susceptible de avanzar o retroceder al ritmo de los resultados electorales. Se trata de una obligación permanente que emana de la Constitución, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de los tratados internacionales que Colombia ha decidido cumplir. Esa continuidad institucional es, precisamente, uno de los rasgos que distingue a una democracia sólida de otra en la que cada cambio de administración obliga a volver a discutir derechos que ya fueron conquistados.

Sin embargo, uno de los principales desafíos del país ya no está únicamente en el ámbito normativo. Colombia cuenta con un marco constitucional y jurisprudencial robusto que ha ampliado de manera significativa la protección de los derechos de las mujeres, por ejemplo con la Sentencia Causa Justa, pero que ha sido impulsado en buena medida por décadas de litigio estratégico e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, muchas veces ante la incapacidad del Congreso para legislar a medida que evolucionan las demandas sociales. El problema hoy es otro: la brecha entre lo que el Estado reconoce y lo que efectivamente garantiza.

Las desigualdades territoriales, la persistencia de las violencias basadas en género, las dificultades de acceso a servicios públicos y la fragilidad de muchas instituciones continúan afectando de manera desproporcionada a las mujeres y niñas del país. Enfrentar estos problemas requiere decisiones sostenidas, capacidad institucional y voluntad política que trascienda los calendarios electorales. 

Por eso es necesario desplazar el centro de la conversación pública. Durante años el país ha invertido enormes cantidades de tiempo y capital político en debates ideológicos que, aunque legítimos en una democracia pluralista, no siempre producen mejores condiciones de vida para las personas. Mientras tanto, los problemas asociados con la implementación de las políticas públicas, la calidad de los servicios y la capacidad institucional continúan acumulándose sin recibir la misma atención. La discusión ya no debería girar alrededor de qué derechos de las mujeres son legítimos o cuáles deberían garantizarse, sino de quién es capaz de convertir esos compromisos en presupuesto, instituciones fortalecidas, políticas públicas sostenibles y resultados verificables. 

Ese reto interpela por igual al nuevo Gobierno y al Congreso de la República. La composición política surgida de las elecciones deja claro que ninguna fuerza contará con la capacidad de imponer unilateralmente su agenda. La fragmentación del Legislativo obligará a negociar, construir acuerdos y asumir que gobernar implica encontrar puntos de convergencia, incluso entre sectores que históricamente han estado enfrentados. En un país tan polarizado, esos acuerdos podrán parecer improbables para algunos, pero precisamente allí reside una de las mayores responsabilidades de quienes llegan al poder.

Más que un obstáculo para la gobernabilidad, esta configuración política puede convertirse en una oportunidad para recuperar el valor de la deliberación democrática y construir consensos alrededor de asuntos que no deberían depender de las mayorías circunstanciales ni de las afinidades ideológicas. La igualdad, la autonomía reproductiva, la libertad, la salud, la vida libre de violencias y derechos como el aborto no pueden seguir siendo utilizados como banderas de confrontación política cada cuatro años. 

Si la relación entre el Ejecutivo y el Congreso vuelve a definirse exclusivamente por las disputas ideológicas alrededor de los derechos de las mujeres, el país habrá desperdiciado una nueva oportunidad. 

Lo que exige este momento no es reabrir debates sobre derechos que ya cuentan con reconocimiento constitucional y jurisprudencial, sino demostrar que las instituciones son capaces de hacer realidad aquello que ya reconocieron. La legitimidad del nuevo Gobierno no dependerá únicamente de las ideas que proclame, sino de su capacidad para convertirlas en políticas públicas eficaces, instituciones sólidas y transformaciones tangibles. La del Congreso, por su parte, estará en la independencia con la que ejerza el control político, en la calidad de su deliberación y en su disposición para legislar pensando en los problemas estructurales del país antes que en los incentivos electorales de corto plazo.

Al final, el verdadero examen para quienes hoy asumen la conducción del Estado no será el discurso que pronuncien sobre los derechos de las mujeres, sino la capacidad de garantizar que esos derechos puedan ejercerse sin importar el lugar de nacimiento, la cantidad de ingresos, la posición ideológica que se tenga o el cargo que se ocupe temporalmente la Casa de Nariño o en el Capitolio.

Los derechos de las mujeres no empiezan de cero con cada nuevo Gobierno. Dependen de un Estado que entienda que su obligación no es volver a discutirlos cada cuatro años, sino garantizar, sin excusas, que puedan hacerse efectivos para todas.